Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130956
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez hizo lugar parcialmente a la acción promovida por la señora María Vanesa Gottau y, en consecuencia, condenó a Mastellone Hnos. S.A. a abonar la suma que especificó en concepto de multa del art. 80 de la Ley de Contrato de trabajo, vacaciones no gozadas y días trabajados -ambos correspondientes al año 2021-. Por el contrario, la rechazó, en cuanto perseguía el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de linaje laboral (v. veredicto y sentencia de fecha 11-IV-2023).
Para así decidir, en lo que interesa destacar, el sentenciante de grado -con apoyo en el análisis de la prueba colectada en el proceso- tuvo por no acreditadas las causales injuriosas invocadas por la accionante para colocarse en situación de despido indirecto.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 25-IV-2023), el que fue concedido por el a quo (v. resolución del 12-V-2023).
En su presentación, relata los antecedentes, cita normas y doctrina legal que considera vulneradas.
En esencia, la crítica se orienta a cuestionar la decisión del órgano judicial de grado de tener por no acreditadas ninguna de las causales que invocó al considerarse injuriada y despedida.
En este orden, sostiene que con la prueba producida en autos se probó fehacientemente el ejercicio abusivo del ius variandi y el accionar discriminatorio ejercido por la empleadora. En ese sentido, alega absurdo.
Por otro, denuncia que el juzgador, transgrediendo los dispuesto en el art. 57 de la Ley de Contrato de Trabajo, valoró desacertadamente el silencio que guardó la accionada frente a las innumerables intimaciones que le cursó la trabajadora en orden al trato discriminatorio en virtud de su estado de salud y la negativa de prestar tareas en la forma que le había sido recomendada por su médico personal.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Corresponde señalar, que evaluar la conducta de las partes previa a la rescisión del vínculo laboral para establecer la existencia o no de injuria, como así también la apreciación de la entidad de las causales invocadas para tenerlo por disuelto y la valoración de los elementos probatorios arrimados a la causa para su demostración, constituyen cuestiones reservadas a la función axiológica de los jueces de grado. Las conclusiones que al respecto formulen sólo pueden revisarse por la Suprema Corte si se demuestra que la ponderación no ha sido efectuada con la prudencia que la ley exige, o se ha incurrido en absurda apreciación de los hechos y las pruebas (causas L. 121.570, "Romera", resol. de 26-IX-2018; L. 124.195, "Gómez", resol. de 2-X-2020; L. 125.302, "Kessler", resol. de 9-XII-2020 y L. 130.094, "Severini", resol. de 7-IX-2023).
Asimismo, es menester destacar -con arreglo a reiterada doctrina de esta Corte- que determinar si en un caso concreto existió -o no- un razonado ejercicio del ius variandi , en cuanto a los hechos, es materia reservada al tribunal de la instancia ordinaria y su revisión sólo puede hacerse en sede casatoria si se comprueba que la decisión fue consecuencia de un razonamiento absurdo (causas L. 89.452, "Aristain Quiroga", sent. del 15-III-2006; L. 92.396, "Candela", sent. del 2-VII-2008; L. 98.382, "Rivero", sent. del 20-X-2010; L. 103.228, "Carbonell", sent. de 16-V-2012; L. 118.004, "Pereyra", sent. de 29-VI-2016 y L. 127.214, "Coronel", resol. de 17-XI-2021).
En tal sentido, dable es destacar que el absurdo sólo puede juzgarse configurado ante una demostración cabal de su existencia. Ello exige la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco" resol. de 24-VIII-2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020), pues no lo constituye cualquier yerro, o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más; esto es, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 124.121, "Sánchez", resol. de 11-VI-2020; L. 124.031, "Coronel", resol. de 16-VI-2020 y L. 123.944, Di Cataldo", resol. de 3-VIII-2020).
III.2. En el caso, el a quo -como se adelantó- evaluó los elementos probatorios aportados a la causa en orden a establecer cada una de las circunstancias en que se produjo la extinción del vínculo laboral y consideró que no se verificó en autos ninguno de los motivos injuriosos invocados por la trabajadora.
En efecto, con el propósito de poner en evidencia la injuria grave invocada en su comunicación rescisoria, el compareciente formula una crítica que se exhibe disociada del razonamiento seguido en el fallo, habida cuenta que se desentiende de los términos en los que el tribunal de origen examinó la controversia y evaluó la prueba producida, sin concretar una réplica idónea para obtener la modificación de lo resuelto.
III.3. Ciertamente, el órgano judicial de origen, con sustento en las pruebas producidas, concluyó que la actora se consideró despedida por el silencio de su empleadora a la comunicación previa y ante su persistente actitud de mala fe, el ejercicio abusivo del ius variandi , negativa de tareas y la voluntad rupturista y persecutoria de aquella.
Así pues, al analizar cada una de tales causales injuriosas, el a quo concluyó que no podía tenerse como acreditado el silencio patronal, dado que fue la propia actora la que no cumplió con el plazo de intimación que le otorgó a su principal para poder aplicar el apercibimiento de despido, sumado a que la empleadora respondió el emplazamiento dentro de las cuarenta y ocho horas, por lo cual -concluyó- no se probó la causal la falta de respuesta a sus intimaciones.
Además, señaló que tampoco se demostró un trato discriminatorio ni abusivo de ius variandi por parte de Mastellone Hnos. S.A. Concretamente –señaló- se advirtió que existió un trato diferencial por parte de la empresa respecto de la actora y en relación al resto de sus compañeros, al punto que no la emplazó para que cumpla sus tareas en forma presencial porque sabía que estaba bajo licencia por enfermedad y que, por el contrario, quien estableció las condiciones para retomar sus labores por indicación médica había sido la propia accionante, mientras que la empleadora se limitó únicamente a comunicarle que se reservaba realizarle el control médico pertinente conforme las facultades establecidas por el artículo 210 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Por otro lado, puntualizó que no está acreditado en autos que la demandada le haya negado realizar sus labores. La actora lo invoca en forma ambigua y genérica sin especificar concretamente a que hecho se refiere. Así también, señaló que tampoco se probó que el principal haya desconocido la situación de salud de la accionante, por el contrario, aquél le liquidó licencia médica en sus haberes sin que ello le genere un perjuicio económico.
III.4. Desde ese encuadre -como se adelantó-, no se observa el error flagrante en la ponderación de los hechos y prueba de la causa, desde que las críticas ensayadas por la interesada transitan sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el tribunal de origen debió ponderar los hechos y las pruebas aportadas al proceso (causas L. 124.782, "Fleitas Bogado", resol. de 25-IX-2020 y L. 124.886, "Luna", resol. de 16-X-2020), en tanto sus argumentaciones tan sólo traducen meras discrepancias subjetivas con el criterio seguido por el a quo . Una formulación de este tenor sólo trasunta la intención de cuestionarle al sentenciante las potestades privativas que le asisten en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 124.030, "Vieyra", resol. de 21-VIII-2020 y L. 124.846, "Rollhaiser", resol. de 21-IX-2020).
Al respecto, tiene dicho esta Suprema Corte que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el impugnar concreta, directa y eficientemente todos los argumentos esenciales del fallo objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que ésta se asienta (causas L. 118.832, "Zacarías", sent. de 10-VIII-2016; L. 118.420, "Almandoz", sent. de 27-VI-2018; L. 121.476, "Parise", sent. de 14-VII-2020; L. 129.495, "Rodríguez", resol. de 22-XII-2022 y L. 128.868, "Ortíz Caballero", resol. de 23-XI-2023).
Por lo demás, sabido es, que en razón del sistema de apreciación "en conciencia", la valoración de las declaraciones testimoniales queda reservada a los jueces de origen y, ello así, tanto en lo que concierne al mérito como en lo relativo a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 122.912, "Scardilli", resol. de 18-IX-2019; L. 123.382, "Santin", resol. de 11-III-2020 y L. 124.883, "Couto", resol. de 16-X-2020), vicio no demostrado en el caso.
De ese modo, no logra evidenciar la recurrente que el a quo hubiera actuado con ligereza en el examen de las circunstancias del caso, tampoco que, con arreglo al marco fáctico en el cual analizó las causales invocadas por la trabajadora y declaró la ilegitimidad de la medida rescisoria dispuesta, hubiera actuado sin la prudencia que el art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo le impone, ni que se hubieran transgredido las normas que denuncia violadas (causas L. 87.658, "Alegre", sent. de 4-VI-2008; L. 97.450, "Pichuin", sent. de 26-VIII-2009; L. 121.806, "Rotolo", resol. de 12-XII-2018 y L. 127.099, "Merigo", resol. de 23-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/02/2024 21:08:52 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/02/2024 10:35:18 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/02/2024 12:46:09 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/02/2024 07:25:30 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/02/2024 08:09:21 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 26/02/2024 09:15:00 hs. bajo el número RR-22-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia