Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130335
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Nicolás hizo lugar a la demanda incoada por el señor Gabriel Lucio Lapaz y, en consecuencia, condenó a Daniel Jorge García y José Ignacio García Pérez a abonar la suma que especificó en concepto de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. veredicto y sentencia de fecha 3-III-2022).
Para así decidir, consideró acreditada la relación laboral entre el actor y ambos codemandados, así como la fecha de inicio del vínculo denunciada en el escrito de inicio. Finalmente, juzgó justificado el despido indirecto en que se colocó el trabajador.
II. Frente a lo así decidido, los legitimados pasivos dedujeron recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 21-III-2022), los que fueron concedidos por el a quo (v. resolución del 17-II-2023).
III.1. En el recurso extraordinario de nulidad, los interesados denuncian, en primer lugar, violado el art. 171 de la Constitución provincial, pues entienden que la decisión de grado luce desprovista de todo sustento legal.
Asimismo, alegan vulnerado el art. 168 de la Carta local por la omisión de cuestiones esenciales. Al respecto, plantean que el tribunal pretirió interpretar adecuadamente el intercambio telegráfico, las declaraciones testimoniales y la prueba informativa, que darían cuenta de la ausencia de configuración del despido.
III.2. El recurso no prospera.
III.3. De modo liminar, corresponde señalar que la vía prevista en el art. 161 apartado 3 inc. "b" de la Constitución provincial sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución cit.; causas L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020; L. 129.092, "Mink", resol. de 4-X-2022 y L. 129.472, "Mingo", resol. de 4-X-2023).
III.4. En ese contexto, se observa que el embate articulado carece de andamiaje, desde que la crítica se dirige a objetar el modo como el tribunal abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el análisis a la imputación de presuntos errores de juzgamiento cuyo tratamiento -como es sabido- es ajeno al limitado marco de conocimiento propio del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 122.963, "Romero", resol. de 18-IX-2019; L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020; L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021 y L. 130.087, "Acuña", resol. de 7-IX-2023).
Es dable agregar que, en el marco de la vía extraordinaria en tratamiento, no son atendibles las alegaciones relativas a la prueba, e incluso, a la existencia de una eventual preterición de alguna pieza de dicha naturaleza, habida cuenta que se refieren a cuestiones ajenas a su ámbito (causas L. 105.188, "Pagliani", sent. de 4-VII-2012; L. 119.848, "Flores", resol de 21-VI-2017; L. 121.293, "Insua", resol. de 29-VIII-2018; L. 127.330, "Pérez", resol. 9-XI-2021 y L. 129.014, "Valdez", resol. de 12-IX-2023).
III.5. Por otro lado, los argumentos ensayados en la impugnación vinculados a la falta de fundamentación de la decisión tampoco son de recibo, desde que no se observa transgredido el art. 171 de la Constitución provincial, pues dicho precepto constitucional sólo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica de suerte que aquél aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 118.979, "Marquez", sent. de 21-IX-2016; L. 122.167, "Bizzanelli", resol. de 24-IV-2019; L. 120.242, "Cantoni", sent. de 12-II-2020 y L. 128.962, "Parenti", resol. de 1-VIII-2023), hipótesis que no concurre en el pronunciamiento atacado.
IV.1. En el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley los interesados relatan los antecedentes de la causa, y citan las normas y la doctrina legal que consideran violadas.
En sustancia, denuncian que el tribunal de grado incurrió en una desacertada valoración de los elementos fácticos y probatorios obrantes en la causa, quebrantó la carga de la prueba y aplicó erróneamente la presunción contenida en el art. 39 de la ley 11.653, especialmente en cuanto tuvo por acreditada la relación laboral entre el accionante y el codemandado Daniel Jorge García, así como que el vínculo se inició en el año 2006.
Aseguran que se valoró absurdamente la prueba producida al momento de determinar la jornada de trabajo, como así también la mejor remuneración mensual normal y habitual.
Finalmente, objetan el importe que estableció el a quo en concepto de los rubros salariales e indemnizatorios que han prosperado.
IV.2. El recurso no prospera.
IV.3. Liminarmente, se impone observar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -representado por el monto del capital de condena -no excede el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, razón por la cual la admisibilidad de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.435, "Estévez", resol de 21-XII-2020; L. 128.987, "Ojeda", resol. de 18-VIII-2022 y L. 129.838, "Saavedra", resol. 17-IV-2023).
IV.4.a. Realizado el examen conforme los lineamientos anteriormente enunciados, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado desde que, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, el impugnante trae a consideración agravios relacionados a cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado y relativos a la valoración de los hechos y las pruebas -como es, la existencia de relación laboral, su fecha de inicio y la determinación de la jornada de trabajo, su remuneración y el quantum indemnizatorio- asuntos detraídos de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto citado (causas L. 121.821, "Naselli", resol. de 13-II-2019; L. 123.053, "Loyato", resol. de 28-VIII-2019; L. 124.453, "Pino", resol. de 16-VI-2020; L. 129.792, "Durandal", resol. de 15-II-2023 y L. 130.189, "Asenjo", resol. de 1-XI-2023).
IV.4.b. Además, corresponde advertir que no se verifica el excepcional supuesto de admisibilidad cuando los precedentes traídos se encuentran relacionados con la supuesta alteración de las reglas del onus probandi y la interpretación de preceptos de carácter adjetivo, como lo es el art. 39 de la ley 11.653 (causas L. 121.519, "Gómez", resol. 6-VI-2018; L. 121.631, "Sosa", resol. de 27-II-2019; L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020; L. 128.903, "Lineros", resol. de 19-IX-2022 y L. 130.322, "La Frossia", resol. de 25-X-2023).
IV.4.c. No mejora la suerte de la impugnación la mención de precedentes definitorios del absurdo, en tanto no habilitan la excepción prevista en el citado art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 125.418, "Marín", resol. de 12-II-2021; L. 128.010, "Lezcano", resol. de 1-XI-2021; L. 127.289, "Juárez", resol. de 17-XI-2021; L. 128.169, "Ésposito", resol. 19-V-2022; L. 130.065, "Tejera", resol. de 17-IV-2023 y L. 130.710, "Moreira", resol. de 26-XII-2023).
IV.4.d. Por último, resta señalar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o los fallos de otros tribunales de justicia (causas L. 121.987, "Aguila", resol. de 6-II-2019; L. 125.472, "Ávila", resol. de 12-II-2021; L. 126.551, "Arias", resol. de 4-III-2021; L. 130.081, "Torres", resol. de 27-III-2023 y L. 130.887, "Braunmuller", resol. de 4-XII-2023).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar -respecto de lo expuesto en el apartado IV.4.b.- que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/02/2024 14:40:44 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/02/2024 10:02:17 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/02/2024 18:04:29 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/02/2024 07:28:23 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/02/2024 08:11:30 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 26/02/2024 09:15:36 hs. bajo el número RR-39-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia