Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130995
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, decretó la caducidad de la instancia en la acción instaurada por la señora Miriam Mercedes Aragón contra la Residencia Geriátrica Pueblo de Teggiano en la que procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. sent. de 21-VI-2023).
Para así decidir, tuvo por acreditado, luego del cumplimiento de la intimación a que realice actividad procesal útil y sin que exista un deber pendiente en cabeza del tribunal, que la actora dejó transcurrir -nuevamente- el plazo contenido en la ley 11.653 sin activar el proceso, por lo que hizo efectivo el apercimiento consignado en el art. 12 de la citada norma.
II. Contra dicha decisión, la accionante interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 4-VII-2023), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de 5-VII-2023).
Niega que haya existido desinterés en su parte, puesto que, ante el resultado negativo de la notificación de la demanda a los empleadores, quedaba pendiente el envío de un oficio a la Inspección General de Justicia, el que podría haber sido efectuado por el tribunal, como forma de ordenamiento del proceso y haciendo uso de facultades privativas.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo liminar, cabe destacar que el valor de lo cuestionado -representado por el importe reclamado en la demanda- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, vigente a la fecha de interposición del remedio procesal intentado. En consecuencia, el tratamiento de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 115.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020 y L. 130.418, "Salcedo Galván", resol. de 25-X-2023).
Así, entonces, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, situación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020 y L. 128.987, "Ojeda", resol. de 18-VIII-2022).
III.2. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, toda vez que las doctrinas contenidas en el escrito recursivo -además de haber sido elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos disimiles- remiten a cuestiones estrictamente procesales -como lo es, la referida al instituto de la caducidad de instancia- y, como tales, detraídas de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el ya citado precepto adjetivo (causas L. 122.325, "Canali", resol. de 19-XII-2018, L. 122.878, "Galeano", resol. de 21-VIII-2019; L. 123.923, "Diamante", resol. de 16-VI-2020 y L. 128.443, "Sosa", resol. de 29-VI-2022).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/02/2024 14:40:48 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/02/2024 10:02:21 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/02/2024 18:04:34 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/02/2024 07:28:54 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/02/2024 08:11:36 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 26/02/2024 09:16:02 hs. bajo el número RR-49-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia