Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131013
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Matanza hizo lugar a la demanda incoada por el señor Horacio Ricardo Custodio y, en consecuencia, condenó a La Cabaña S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización por despido y otros rubros de linaje laboral (v. vered. y sent. de fecha 8-XI-2022 y 10-XI-2022, respectivamente).
Para así decidir, juzgó justificado el despido indirecto en que se colocó el trabajador.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escritos electrónicos de 5-XII-2022), habiendo el a quo denegado el primero y concedido el restante (v. resolución de 11-IV-2023).
En el único remedio que debe ser abordado por esta Corte, la interesada cita los antecedentes de la causa, las normas, las garantías constitucionales y la doctrina que estima vulneradas.
En lo sustancial, se agravia de la conclusión con arreglo a la cual, el tribunal de origen consideró justificado el despido indirecto en que se colocó la accionante, pues -a criterio de la recurrente- aquel efectuó una absurda valoración de los hechos y de las pruebas producidas en la causa, en particular la documental.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. De modo liminar, cabe destacar que el valor de lo cuestionado -representado por el capital de condena- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, vigente a la fecha de interposición del remedio procesal intentado, sin que corresponda, como pretende la interesada en su presentación, realizar actualizaciones (causas L. 126.094, "Cjumo", resol. de 16-VII-2021 y L. 129.801 "Andrada", resol. de 21-VI-2023; e. o.), máxime cuando reiteradamente esta esta Corte ha declarado la validez constitucional de aquellas normas que prohíben expresamente toda forma de actualización monetaria, indexación de precios o repotenciación de deudas (causas L. 105.189, "Portillo", sent. de 7-IX-2011; L. 107.840, "Cimadoro", sent. de 18-IV-2012; L. 124.725, "Casas", resol. de 21-IX-2020; L. 124.504, "Dam", resol. de 28-IV-2021; L. 127.202, "Navone" resol. de 29-XI-2021 y L. 128.558, "Sinigaglia", resol. de 8-V-2023), sin que la impugnante aporte nuevos argumentos aptos para desvirtuar la aplicación de la doctrina citada.
En consecuencia, el tratamiento de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 115.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
III.2.a. Sentado ello, y respecto del planteo de inconstitucionalidad del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, esta Suprema Corte tiene dicho, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 apartado 3 inc. "a" de la Constitución de la Provincia establece que el conocimiento y resolución del indicado remedio procesal compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas L. 116.461, "Arriola Camacho", sent. de 31-VII-2013; L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015 y L. 124.765, "Trescher", resol. de 23-IX-2020).
Cabe agregar a ello -como también lo ha resaltado esta Corte- que el juego armónico de lo dispuesto por los artículos 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en modo alguno veda la deducción del medio de impugnación previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causas L. 117.612, "Aranda", sent. de 17-IX-2014; L. 118.542 "Holzman", resol. de 10-XII-2014 y L. 124.714, "Tolosa", resol. de 24-VIII-2020).
III.2.b. Por otro lado, el tenor del planteo ensayado por la interesada tampoco permite considerar involucrada -de manera directa e inmediata- una cuestión de naturaleza federal que autorice el conocimiento del recurso sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la CSJN in re "Strada" (Fallos: 308: 490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 121.801, "Castro" resol. 17-X-2018; L. 124.036, "Landes", resol. de 17-VI-2020; L. 125.642, "Eseiza" y L. 125.663, "Siebenhaar", resols. de 4-III-2021).
III.3. Así, entonces, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, situación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020 y L. 128.987, "Ojeda", resol. de 18-VIII-2022).
III.4. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que la impugnante trae a consideración agravios relacionados a cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado y relativos a la valoración de los hechos y las pruebas -tales como son las vinculadas a la interpretación de la injuria con aptitud para justificar la rescisión del contrato de trabajo-, asuntos detraídos de la revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes citado (causas L. 118.595, "Machado", resol. de 9-IX-2021; L. 127.700, "Guinea", resol. de 10-II-2022 y L. 129.740, "Miceli", resol. de 27-II-2023).
Luego, importa destacar que, reiteradamente, ha declarado esta Corte que las doctrinas referidas al vicio de absurdo no resultan idóneas a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art. 55 de la ley ritual (causas L. 119.427, "De Santo", sent. de 21-II-2018; L. 120.430, "González", sent. de 2-V-2019 y L. 127.812, "Casas", resol. de 7-III-2022).
Finalmente, sabido es, que no constituye doctrina legal, en los términos señalados, la que deriva de la opinión de los autores o de los fallos de otros tribunales de justicia, ni los de la Corte nacional (causas L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.062, "Serravalle", resol de 21-XII-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/02/2024 12:42:06 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/02/2024 07:34:32 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/02/2024 11:36:47 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/02/2024 16:18:19 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/02/2024 08:40:50 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/02/2024 09:48:00 hs. bajo el número RR-84-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia