Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122222
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.222, "Novoa, María Paz contra Corigliano, Ricardo Domingo y otro/a. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, Kogan, Torres.
Con motivo de lo resuelto por esta Suprema Corte con fecha 14 de diciembre de 2020, el Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora dictó nuevo pronunciamiento rechazando íntegramente la pretensión deducida contra Favir Textil S.R.L. y Ricardo Domingo Corigliano (v. vered. y sent. de fecha 10-V-2022).
La parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 19-VI-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En lo que resulta de interés, el tribunal de grado hizo lugar -oportunamente- a la acción instaurada por la señora María Paz Novoa y condenó a Nélida Beatriz Priore y Favir Textil S.R.L. al pago de los créditos derivados de la extinción del contrato de trabajo, incluida la indemnización del art. 1 de la ley 25.323.
Asimismo, por este último concepto, extendió la responsabilidad a Ricardo Domingo Corigliano, como socio gerente de la empresa mencionada (v. sent. de fecha 10-VII-2018).
Impugnada la decisión por Favir Textil S.R.L. y Corigliano, esta Suprema Corte admitió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y revocó la sentencia dictada a su respecto, ordenando la remisión de la causa al tribunal de origen para que, con distinta integración y previa renovación de los actos que pudieren corresponder, dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad con las pretensiones y defensas de las partes.
Cumplido ello, el Tribunal de Trabajo n° 3 del referido departamento judicial llevó adelante la audiencia de vista de causa (6 de diciembre de 2021) en cuyo marco las partes consintieron la integración del órgano, y previo alegato por escrito, emitió veredicto y sentencia.
En sustancia, con apoyo en el planteo efectuado en la demanda (que reputó contradictorio), las posiciones ostentadas por los codemandados y la prueba testimonial ofrecida por la actora, juzgó no acreditado que la reclamante cumpliera su actividad por cuenta y orden de los codemandados a quienes individualizó como sus empleadores.
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 16, 17, 18 y 33 de la Constitución nacional; 57 de la Ley de Contrato de Trabajo; 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires.
II.1. Impugna la decisión del a quo en cuanto contradice lo resuelto por el mismo órgano en otro expediente ("Ramirez c/ Corigliano"), decisión que resultó confirmada en instancia extraordinaria. Aduce que allí quedó establecido que la reclamante había prestado servicios para las codemandadas con idéntica modalidad a la debatida en este caso. En apoyo acompaña con el escrito recursivo dicho documento (v. archivo adjunto de fecha 19-VI-2022).
II.2. Reprocha que el juzgador de grado hubiese omitido valorar el silencio de los demandados a las intimaciones que le fueran cursadas; en concreto la presunción que dimana el art. 57 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II.3. Denuncia absurda valoración del informe proveniente de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, que da cuenta que Corigliano ostenta la condición de socio gerente de Favir Textil S.R.L y, por ende, responsable de la totalidad de los actos que atañen a la dirección de la empresa. Al respecto, invoca un antecedente de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ("Delgadillo Linares y Duquelsy"; pág. 3).
II.4. Aduce que las pruebas ofrecidas y producidas en la causa -entre las que menciona: los informes emitidos por el servicio de telefonía, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), la Superintendencia de Riesgos del trabajo (SRT), el Correo Argentino S.A., y la testimonial-, no fueron evaluadas por el tribunal actuante, al tiempo que postula que tales elementos contribuyeron a demostrar "superlativamente" el vínculo laboral de la actora con los codemandados.
II.5. Por último, enfatiza que el pronunciamiento vulnera el principio de congruencia, que -indica- importa conducir el pleito en términos de un razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio, y que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa.
III. El recurso no prospera.
III.1. Como fue anticipado, a partir de las posiciones asumidas por las partes en el proceso, el tribunal de grado evaluó los elementos de juicio y, con principal apego a la declaración de la testigo ofrecida por la parte actora, concluyó que los antecedentes evaluados controvertían en forma contundente e insalvable lo afirmado en la demanda; es decir, la existencia dentro del emprendimiento, de una persona que hubiera efectuado contrataciones, impartido instrucciones, asignado tareas y liquidado emolumentos (v. vered., pág. 4)
Ya en sentencia, destacó el esfuerzo interpretativo que requería la lectura del libelo del inicio a fin de establecer y determinar el alcance del reclamo, al igual que el rol endilgado a los legitimados pasivos como fundamento de responsabilidad.
En esa tarea, concluyó que, en su planteo, la actora había señalado como empleadores directos a los codemandados Ricardo Domingo Corigliano y Favir Textil S.R.L.
Y tal delimitación -insistió- resultaba determinante porque no obstante la vaguedad argumentativa del escrito, una misma realidad fáctica declamada no podía sustentar el encuadre de institutos jurídicos múltiples.
Con esa premisa, y ante la cerrada negativa de los codemandados como eje defensivo, juzgó no configuradas las notas típicas del contrato de trabajo a su respecto.
Y según los lineamientos centrales de la demanda, descartó la pertinencia, por infranqueable contradicción, de la invocación de los arts. 29, 29 bis y 30 de la Ley de Contrato de Trabajo como fundamento jurídico del reclamo.
A igual definición arribó en torno al planteo de responsabilidad solidaria -como socio o administrador- del codemandado Ricardo Domingo Corigliano, pues a él le había sido atribuida la condición de empleador directo.
III.2. El propio relato de los antecedentes deja en evidencia la ineficacia del intento revisor.
En primer lugar, cabe advertir la ausencia crítica en torno a la interpretación de los escritos constitutivos del proceso y, por su conducto, la valoración de las posturas que adoptaron las partes en torno a la controversia planteada.
Tal determinación, que signó la ponderación de la prueba, no fue objeto de censura; por el contrario, mediante sus apreciaciones el interesado ratifica la existencia del vínculo laboral con los codemandados y, a la par, la condición de socio responsable del señor Corigliano, en un cometido que deja entrever su insistencia en torno a lo señalado en la demanda, sobre lo cual se expidió el tribunal de origen con el alcance ya expresado.
III.2.a. Incólume este aspecto de la sentencia, cabe recordar la inveterada doctrina de esta Corte que establece que la determinación acerca de la existencia de la relación de dependencia o subordinación laboral, así como la calificación del vínculo entre las partes, constituyen típicas cuestiones de índole fáctica reservadas -en principio- a la potestad de los magistrados de trabajo y, por lo tanto, no susceptibles de revisión en esta instancia, salvo que se demuestre absurdo (causas L. 95.725, "Arias", sent. de 28-X-2009; L. 118.836, "Chiniellato", resol. de 21-VI-2017; L. 121.476, "Parise", sent. de 14-VII-2020; L. 122.177, "Maccari", sent. de 12-II-2021; e.o.).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan del proceso (causas L. 123.058, "Michelena", sent. de 5-X-2020; L. 122.889, "De Zan", sent. de 26-V-2021 y L. 127.038, "Guerrero", sent. de 19-XII-2022).
III.2.b. En el caso, la réplica no satisface la exigencia antedicha, por cuanto en ella se expresa únicamente la disconformidad del agraviado con la solución alcanzada al señalar que, en su opinión, los elementos de juicio reunidos en la causa (que se limita a enunciar), respaldan de modo "superlativo" la verificación de los extremos invocados (el vínculo laboral con los codemandados, al igual que la responsabilidad solidaria del coaccionado Corigliano); todo ello sin atender los fundamentos centrales de la decisión.
La impugnación así diseñada no satisface los recaudos impuestos por el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial.
En efecto, la tangencial invocación de absurda evaluación de las constancias de autos no es acompañada por una crítica certera que ponga en evidencia la anomalía denunciada. En ausencia de una explicación sobre el modo en que gravitaría la prueba sobre la pretensión deducida (delimitada con los alcances más arriba detallados), el agraviado únicamente expone su punto de vista sobre cómo debió ser resuelto el pleito, método que no resulta suficiente para fundar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído (conf. causas L. 113.301 "O., V.A.", sent. de 3-VII-2013; L. 117.778, "Abadie", sent. de 18-V-2016; e.o.).
III.2.c. Ante los motivos expuestos, carece de entidad la mención del art. 57 de la Ley de Contrato de Trabajo a fin de abonar la existencia del vínculo alegado.
Es sabido que la presunción contemplada en dicho precepto opera cuando previamente se ha acreditado la relación laboral invocada (causas L. 89.011, "Berger", sent. de 8-VII-2008; L. 96.358, "Valentinelli", sent. de 22-IV-2009; L. 108.034, "Salazar", sent. de 19-XII-2012 y L. 119.418, "Romero", sent. de 21-VI-2017), aspecto del fallo que -como se ha visto- no ha de modificarse.
III.2.d. Por último, resta señalar que el art. 284 apartado 2 del Código Procesal Civil y Comercial veda el ofrecimiento de pruebas y la alegación de hechos nuevos en instancia extraordinaria (causa L. 93.114, "Torres", sent. de 21-IX-2011).
De todos modos y solo para mayor satisfacción del interesado, cabe advertir que la firmeza de la decisión alcanzada en el antecedente "Ramirez" que invoca en su apoyo, encontró su razón de ser en la ausencia de los presupuestos que habilitan la revisión del pronunciamiento dentro del marco estricto que provee el art. 55, primer párrafo, in fine , de la ley 11.653. A distinta solución se arribó en el antecedente L. 124.088, "Kessler" (sent. de 18 de mayo de 2021), de similares connotaciones a la presente.
IV. De conformidad con los fundamentos expuestos, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Soria , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia