Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130885
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora decretó la caducidad de la instancia en la acción entablada por el señor Roque Javier Centurión contra Micro Omnibus Mitre S.A., mediante la cual procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y demás rubros de linaje laboral (v. pronunciamiento de fecha 12-V-2023).
Para así resolver, juzgó que, en el caso, se encontraban configurados los presupuestos establecidos en el art. 12 de la ley 11.653.
II. Contra dicha decisión, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 2-VI-2023), el que fue concedido por el a quo (v. resolución del 12-VI-2023).
En su exposición denuncia las normas y la doctrina que entiende vulneradas. Esencialmente, invoca arbitrariedad, cuestionando la decisión del tribunal de grado que decretó la perención de la instancia. En ese orden, afirma que, contrariamente a lo dispuesto en el fallo, su parte ha realizado actividad procesal útil para continuar con las actuaciones.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone observar que -en el caso- el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, representado por la suma reclamada en la demanda, no excede el monto mínimo para recurrir fijado por el artículo 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141 (causas L. 121.818, "Ponce", resol. de 10-IV-2019; L. 126.094, "Cjumo", resol. de 16-VII-2021 y L. 130.390, "Gurfinchel", resol. de 1-VIII-2023), razón por la cual la admisibilidad de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla en el artículo 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653.
III.2. Así, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 122.338, "Alfonso", resol. de 29-V-2019; L. 125.404, "Bollon", resol. de 16-X-2020; L. 128.987, "Ojeda", resol. de 18-VIII-2022 y L. 129.838, "Saavedra", resol. 17-IV-2023).
III.3. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, toda vez que las doctrinas contenidas en el escrito recursivo -además de haber sido elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos disimiles- remiten a cuestiones estrictamente procesales -como lo es, la referida al instituto de la caducidad de instancia- y, como tales, detraídas de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el ya citado precepto adjetivo (causas L. 122.325, "Canali", resol. de 19-XII-2018, L. 122.878, "Galeano", resol. de 21-VIII-2019; L. 123.923, "Diamante", resol. de 16-VI-2020 y L. 128.443, "Sosa", resol. de 29-VI-2022).
Por lo demás, es dable recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 129.821, "Granda", resol. de 27-II-2023 y L. 129.690, "Franzone", resol. de 14-III-2023).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/03/2024 09:07:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/03/2024 19:48:15 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2024 09:13:28 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2024 11:32:17 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2024 12:01:00 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 21/03/2024 13:55:37 hs. bajo el número RR-177-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia