Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130886
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que el planteo introducido en el punto III.3., no reúne los requisitos esenciales, y el tratado en el III.4. ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la demanda deducida por el señor Adrián Alfredo Turano contra El Rápido del Sud S.A. en concepto de haberes adeudados del mes de abril de 2019. Por el contrario, la rechazó en cuanto pretendía el cobro de las sanciones previstas en los arts. 80 y 132 bis de la Ley 20.744 (v. pronunciamiento de fecha 28-II-2023).
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 1-III-2023), el que fue concedido por el a quo (v. resolución del 15-III-2023).
En su presentación el compareciente relata los antecedentes de la causa, cita las normas y la doctrina legal que considera violada. Alega absurdo en la valoración de las pruebas. Esencialmente, se alza contra el rechazo de la multa previstas en los art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y la sanción del art. 132 bis de la citada norma. Finalmente, solicita la nulidad del fallo.
III. El recurso no prospera.
III.1. Cuestiones de orden metodológico imponen examinar la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso articulado, particularmente en lo que respecta al valor del litigio.
Es menester destacar que en atención a que los cuestionamientos traídos por el recurrente versan sobre pretensiones independientes deducidas en una misma demanda (acumulación objetiva), se constata que una de ellas -la vinculada a la aplicación de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo- resulta de valor indeterminado (causas L. 117.450, "Etchegaray", sent. de 8-IV-2015; L. 119.769, "Corbari", sent. de 29-VIII-2017; L. 121.919, "Cabrera", sent. de 12-II-2020; L.122.013, "Vitale", sent. de 4-III-2020 y L. 127.398, "Rizzo", resol. de 27-II-2023).
III.2. A partir de tales premisas, y en relación a la admisibilidad del restante agravio propuesto, se impone observar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el importe mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, razón por la cual la admisibilidad del remedio en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 124.764, "Mendes Neto", resol. de 16-XII-2020 y L. 125.463, "Maisonnave", resol. de 12-II-2021).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020; L. 125.485, "Morales", resol. de 4-II-2021 y L. 125.787, "Galeani", resol. de 17-II-2021).
III.3. En ese marco, y en relación al planteo que porta el recurso, no se advierte configurado en la especie el supuesto habilitante previsto en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, desde que en la pieza recursiva se omite citar como vulnerada doctrina legal alguna de esta Suprema Corte relacionada con la temática que impugna, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 122.808, "Vildoso Sisterna", resol. de 26-VI-2019; L. 123.183, "Guzmán", resol. de 18-XII-2019; L. 126513, "Romero", resol. de 6-VIII-2021 y L. 128.035, "Suriani", resol. de 23-V-2022).
Por otro lado, sabido es que resulta ineficaz limitar la impugnación a la mera enunciación de citas de doctrina legal, sin explicar cómo o en qué forma aquellas resultarían vulneradas. En este sentido, es oportuno recordar que es carga específica del recurrente denunciar la doctrina legal violada o erróneamente aplicada, mención que debe ser acompañada por la explicación concreta sobre el modo en que dicha infracción o yerro se produjo (causas L. 121.311, "Encina", resol. de 26-IX-2018; L. 122.559, "De Asúa", resol. de 8-V-2019 y L. 129.714, "Rodríguez", resol. de 27-X-2022).
III.4. Ningún reparo admite en cuanto a su admisibilidad, el embate dirigido a censurar aquella parcela del pronunciamiento que rechazó la imposición de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, pues el importe de la penalidad establecida en la citada norma legal sería el equivalente a las remuneraciones que se devengaron mensualmente a favor del trabajador, con igual periodicidad a la del salario, hasta que el empleador acreditara de modo fehaciente el ingreso efectivo de los montos retenidos, lo que torna al litigio, a los fines del recurso, como de monto indeterminado (art. 55, ley 11.653; causas L. 115.021, "Mazza", sent. de 27-XI-2013; L. 117.532, "Norese", resol. de 1-VII-2015; L. 122.784, "Eguren", resol. de 18-IX-2019 y L. 126.825, "Cherchyk", resol. de 17-VIII-2021).
III.4.a. Sentado ello, esta Corte ha señalado que determinar -con arreglo a las constancias adunadas en la causa- si se verifican los requisitos a los cuales la citada norma del art. 132 bis de la ley 20.744 subordina la aplicación de la sanción allí prevista, constituye una facultad privativa del tribunal de trabajo, y las conclusiones que al respecto se formulen no son susceptibles de revisión ante la Suprema Corte, salvo el supuesto excepcional de absurdo (art. 55, ley 11.653; L. 120.003, "Peralta", 24-IV-2019, L. 122.784, "Eguren", resol. de 18-IX-2019 y L. 123.851, "Irazoqui", resol. de 27-V-2020).
Ello requiere la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 86.645, "Barroso", sent. de 21-V-2008 y L. 100.946, "Piza", sent. de 2-VII-2010), ya que no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurarlo (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco" resol. de 24-VIII-2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020).
III.4.b. Así, las conclusiones expuestas en la sentencia impugnada no logran ser descalificadas por el recurrente. Ello así, puesto que las alegaciones formuladas no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos de aquella tarea llevada a cabo por los magistrados, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas "Girimonti", resol. de 5-VI-2019; L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020; L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021 y L. 126.986, "Giménez", resol. de 29-XI-2021).
A lo expuesto cabe acotar que la selección, jerarquización y valoración del material probatorio constituye una facultad privativa del tribunal de trabajo y las conclusiones que al respecto formule, no son susceptibles de revisión ante la instancia extraordinaria, salvo invocación y demostración del vicio de absurdo (causas L. 124.092, "Arévalo", resol. de 10-VIII-2020; L. 124.195, "Gómez", resol. de 2-X-2020 y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020), vicio que el impugnante -como se anticipó- no logra demostrar.
En suma, el agravio traído revela la ausencia de idoneidad para rebatir la decisión adoptada en la instancia de origen, pues no aporta ningún elemento convincente que demuestre que la solución dada al caso sea absurda, o el error en la aplicación de las normas que se denuncian violadas.
Por último, corresponde mencionar que propiciar la anulación de oficio de un pronunciamiento no es propio de los litigantes (causas L. 118.298, "Lillo", resol. de 20-XI-2014; L. 118.805, "Ramírez", resol. de 10-VI-2015 y L. 122.311 "Santucci", resol. de 13-XI-2019).
La señora jueza doctora Kogan dijo:
A tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.) -y dejando a salvo mi opinión expuesta en las causas L. 97.082, "Santisteban" (sent. de 30-III-2011) y L. 108.498, "Carabajal" (sent. de 22-V-2013); entre otras, acompaño lo decidido por mis colegas preopinantes en el punto III.1. segundo párrafo de su propuesta.
Luego, también adhiero a lo expuesto en los restantes apartados del voto inaugural del Acuerdo.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que el planteo introducido en el punto III.3., no reúne los requisitos esenciales, y el tratado en el III.4. ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/03/2024 09:07:06 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/03/2024 19:48:16 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2024 09:13:29 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2024 11:32:19 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2024 12:01:00 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 21/03/2024 13:55:38 hs. bajo el número RR-178-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia