Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131034
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal del Trabajo N° 1 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, rechazó la demanda promovida por el señor Ricardo Roman Vivero contra Exducere S.R.L., mediante la cual procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de linaje laboral (v. pronunciamiento de 15-VI-2023).
Para así resolver, tras evaluar el material probatorio aportado al proceso, juzgó no acreditada la relación de linaje laboral entre las partes.
II. Frente a lo así decidido, el legitimado activo deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 4-VII-2023), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de 14-VII-2023).
En su presentación, se agravia de la conclusión a la que arribó el sentenciante de grado en cuanto juzgó no verificada la relación de trabajo entre las partes.
Afirma que la decisión es fruto de una absurda valoración de las probanzas incorporadas en la causa, en especial de la testimonial. Cuestiona la falta de ponderación de la prueba documental e informativa y reputa conculcado el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, así como las reglas de la carga de la prueba.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Sabido es, que determinar la existencia de la relación de dependencia o subordinación, típica del vínculo contractual de linaje laboral, constituye una cuestión reservada -en principio- en forma privativa a los magistrados del trabajo y, por lo tanto, no resulta susceptible de revisión en esta instancia, salvo que se demuestre absurdo (causas L. 121.938, "Martin", resol. de 21-VIII-2019; L. 124.022, "Wojtowicz", resol. de 29-VI-2020; L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020 y L. 117.419, "Piselli", resol. de 1-IX-2022).
Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 121.468, "Fonzo", resol. de 22-VIII-2018; L. 121.844, "Sandoval", resol. de 13-II-2019; L. 124.111, "Ferreyra", resol. de 16-VI-2020 y L. 124.997, "Petri", resol. de 4-II-2021).
III.2. En la especie, si bien el recurrente ha denunciado el referido vicio, el cuestionamiento expuesto no es hábil para demostrar su existencia, en cuanto las alegaciones formuladas no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado.
En efecto, el impugnante -por conducto de su particular punto de vista- extrae de la prueba producida una conclusión contraria a la arribada por el sentenciante, con el único propósito de ajustarla a su pretensión de demostrar el vínculo de trabajo invocado.
Una formulación de ese tenor sólo trasunta la intención de cuestionarle al tribunal de trabajo las potestades privativas que le asisten en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba, lo cual no resulta idóneo para acreditar que la sentencia está viciada por absurdo (causas L. 121.570, "Romera", resol. de 26-IX-2018; L. 122.039, "Olivera", resol. de 13-III-2019; L. 123.684, "Feliciano", resol. de 22-VII-2020 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021).
En ese sentido, reiteradamente este Tribunal ha señalado que no deviene idónea, para demostrar la existencia del mentado vicio, la réplica del recurrente que, por conducto de la mera expresión de un criterio discrepante, se limita a exponer un particular y personal punto de vista en orden a la apreciación de los hechos y las pruebas de la causa, poniendo en evidencia su intención de disputarle al juzgador de mérito su privativa facultad de hacerlo (causas L. 112.839, "Borsella", sent. de 8-V-2013; L. 114.126, "Colombo", sent. de 15-V-2013; L. 121.217, "Loncon", resol. de 10-IV-2019 y L. 122.473, "Rimoldi", resol. de 18-IX-2019), pues no cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones alcanzan para configurar el absurdo, desde que es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema que debe ser eficazmente acreditada por quien la invoca (causas L. 117.961, "Gómez", resol. de 10-XII-2014; L. 121.468, "Fonzo", resol. de 22-VIII-2018; L. 123.341, "Mujica", resol. de 6-XI-2019; L. 123.838, "Baldibia", resol. de 19-II-2020 y L. 125.648, "Cañete", cit.).
III.3. Además, las alegaciones que formula, particularmente en relación a la diversa significación que el tribunal debió atribuir a las declaraciones brindadas por los testigos en la audiencia de vista de la causa, en modo alguno resultan aptas para evidenciar el vicio lógico denunciado.
Ello así, pues en razón del sistema de apreciación "en conciencia", la valoración de las declaraciones queda reservada a los jueces de origen y, ello así, tanto en lo que concierne al mérito como en lo relativo a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo, que el interesado -como se dijo- no demostró (causas L. 120.145, "Valinoti", resol. de 7-XII-2016; L. 123.148 "Gnecco", resol. de 27-V-2020; L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020 y L. 126.782, "Bello", resol. de 7-IV-2022).
III.4. Por su parte, en cuanto a la denuncia de transgresión al art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, sabido es, que no resulta de aplicación la regla in dubio pro operario si los jueces manifestaron su plena convicción, sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento respecto de la apreciación del material probatorio (causas L. 121.554, "Pique", resol. de 26-IX-2018; L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021 y L. 130.840, "Aranda", resol. de 1-XI-2023).
III.5. Asimismo, el impugnante tampoco evidencia que el fallo luzca apartado de la directiva impuesta por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que, conforme tiene establecido esta Corte, dicho precepto sólo se quebranta cuando el juzgador, alterando las reglas del onus probandi , impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 124.364, "Benavidez", resol. de 29-VI-2020 y L. 125.092, "Rossi", resol. de 9-XII-2020), hipótesis expresamente descartada en el sub lite .
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/03/2024 09:07:10 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/03/2024 19:48:17 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2024 09:13:31 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2024 11:32:27 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2024 12:01:02 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 21/03/2024 13:55:42 hs. bajo el número RR-182-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia