Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131040
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda deducida por el señor Walter Gabriel Figueroa y condenó a Loma Hermosa Plast S.A., a pagar la suma que indicó en concepto de liquidación final y la multa prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. En cambio, la rechazó en orden a los reclamos tendientes al cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de linaje laboral. Asimismo, desestimó la acción incoada contra la presidenta de la sociedad demandada Irene Mabel Papir (v. pronunciamiento de fecha 12-VI-2023).
Para así decidir, y a partir de la valoración de las pruebas aportadas al proceso, el sentenciante juzgó injustificado el despido indirecto en que se colocó el trabajador. Ello así, pues en el contexto de las circunstancias fácticas en que éste se produjo y las características de la relación laboral, no se probaron los motivos injuriantes alegados en la comunicación rescisoria.
En este sentido, consideró no demostrada la indebida registración de la relación laboral, asimismo tampoco juzgó configurado un ejercicio abusivo del ius variandi por parte del empleador, ni la negativa de tareas denunciadas por el actor.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 28-VI-2023), el que fue concedido por el órgano de grado (v. resolución de fecha 3-VII-2023).
En su presentación relata los antecedentes de la causa. Individualiza las normas y la doctrina legal que considera violadas.
En lo esencial, con denuncia de absurdo en la valoración de la prueba, dirige su embate a censurar la conclusión del sentenciante de grado que tuvo por no justificado el despido indirecto en que se colocó el accionante.
En ese marco sostiene, por un lado, que dicha decisión resulta absurda toda vez que, con las pruebas aportadas a la causa -según su criterio-, se acreditó que parte de la remuneración que percibía el trabajador se encontraba sin registrar. Por otro, le objeta al sentenciante su decisión de juzgar no acreditado el ejercicio abusivo del ius variandi por parte de la empleadora.
A tal efecto, denuncia la transgresión de los arts. 243 y 57 de la Ley de Contrato de Trabajo; 39 de la ley 11.653 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. De manera liminar, corresponde recordar que esta Corte tiene dicho, que evaluar las conductas de las partes previas a la rescisión del vínculo laboral para establecer la existencia o no de injuria, como así también la apreciación de la entidad de las causales invocadas para tenerlo por disuelto y la valoración de los elementos probatorios colectados durante la sustanciación del proceso, fundamentalmente lo que atañe a su selección, jerarquización, mérito y eficacia, constituyen facultades privativas de los tribunales de trabajo, excluidas en principio de la revisión extraordinaria, salvo la cabal demostración de absurdo (causas L. 119.706, "Azcona", sent. de 6-II-2019; L. 120.588, "Sosa", sent. de 4-IX-2019; L. 120.771, "Derra", sent. de 19-IX-2019 y L. 127.214, "Coronel", resol. de 17-XI-2021).
Asimismo, es menester destacar -con arreglo a reiterada doctrina de esta Corte- que determinar si en un caso concreto existió -o no- un razonado ejercicio del ius variandi , en cuanto a los hechos, es materia reservada al tribunal de la instancia ordinaria y su revisión sólo puede hacerse en sede casatoria si se comprueba que la decisión fue consecuencia de un razonamiento absurdo (causas L. 98.382, "Rivero", sent. del 20-X-2010; L. 103.228, "Carbonell", sent. de 16-V-2012; L. 118.004, "Pereyra", sent. de 29-VI-2016; L. 127.214, "Coronel", resol. de 17-XI-2021 y L. 127.777, "García Bergara", resol. de 23-II-2022).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 120.518, "Morales", sent. de 13-VI-2018; L. 119.717, "Ortiz", sent. de 10-X-2018 y L. 121.376, "Aguirre", sent. de 14-XII-2020).
III.2. Bajo tales premisas, se observa que el recurrente no logra demostrar la existencia del vicio invocado.
En el caso, el a quo -como se adelantó- evaluó los elementos probatorios aportados a la causa en orden a establecer cada una de las circunstancias en que se produjo la extinción del vínculo laboral y consideró que no se verificó en autos ninguno de los motivos injuriosos invocados por el trabajador.
En efecto, a partir de su propia apreciación de las constancias de la causa, y a través de la reiteración de ciertos planteos, se limita a verificar el asunto desde su particular óptica, tratando de lograr ante esta sede judicial modificar el fallo, más sin evidenciar que el razonamiento del a quo se encuentre viciado, pues los argumentos que expone no logran descalificar las esenciales motivaciones que -a partir del análisis de los escritos constitutivos del proceso y el material probatorio- condujeron al tribunal a juzgar que el actor no logró demostrar por un lado la deficiente registración salarial y por el otro, un supuesto ejercicio abusivo del ius variandi por parte de su empleador (v. primera y tercera cuestión del veredicto) .
Así pues, apartándose de la línea reflexiva y de la apreciación en conciencia que llevó a los magistrados a la solución expuesta en el pronunciamiento, el interesado sólo expone su oposición a tales conclusiones, a través de un nuevo análisis del material probatorio, según su propio y particular criterio valorativo, sistema impropio para patentizar el yerro denunciado (causas L. 109.399, "Gentili", sent. de 4-VII-2012; L. 117.069, "Tango", sent. de 26-VIII-2015; L. 118.219, "Pozzo", sent. de 4-V-2016 y L. 127.214, cit.).
Cabe recordar que no cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurar tal vicio invalidante. Es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, un desajuste manifiesto e inconciliable con los elementos objetivos de la causa, que requiere ser eficazmente denunciado y demostrado por quien lo invoca (causas L. 118.007, "Marcucci", sent. de 30-III-2016; L. 120.589, "F., A. E. ", sent. de 13-XI-2019; L. 121.265, "Ojeda", sent. de 6-X-2020) y que en el caso -como se anticipó- no logra ser acreditado por el impugnante.
En definitiva, la impugnación no aporta elementos convincentes con virtualidad para descalificar el contenido del fallo, derivando la crítica en una mera contraposición de criterios que, como tal, resulta inidónea a los fines del recurso deducido pues no logra evidenciar que las motivaciones del fallo luzcan apartadas de las constancias de la causa, o que el juzgador hubiera transgredido las normas que denuncia violadas.
III.3. En consecuencia, permaneciendo inalterables las motivaciones esenciales sobre las que se sustenta el pronunciamiento de grado, pierde virtualidad la crítica que ensaya el compareciente respecto a que el sentenciante debió aplicar la presunción contemplada en el art. 39 de la ley 11.653, la que -a su criterio- lo hubiera conducido a tener por ciertas las circunstancias fácticas denunciadas en la demanda.
En tal sentido, ha declarado esta Corte que la presunción a favor de las afirmaciones del trabajador, sobre los hechos que debieron consignarse en la documentación laboral consagrada en aquel precepto legal, cede cuando datos que resultan de las constancias probatorias de la causa desvirtúan la aplicación de tal norma (causas L. 82.788, "Martínez", sent. de 27-XII-2006; L. 116.628, "Coscarelli", sent. de 22-III-2016 y L. 123.835, "Tiberio", resol. de 18-XII-2019) y que, en tal caso, el interesado debe demostrar que media absurdo en la apreciación de los elementos probatorios considerados por el tribunal del trabajo, carga que el impugnante -como se adelantó- no ha satisfecho debidamente en este aspecto.
III.4. Aun cuando lo expuesto basta para sellar la suerte adversa de la impugnación, cabe señalar que -situándonos en la mejor hipótesis para el recurrente- el eventual silencio de la demandada frente a los referidos reclamos de la accionante en modo alguno implicaba que debiera necesariamente tenerse por probada la existencia de los incumplimientos denunciados, pues si bien es cierto que el silencio de la empleadora ante la intimación formulada por el trabajador relativa al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo constituye una presunción en contra de aquél (art. 57, LCT), no lo es menos que se trata de una presunción iuris tantum que, en tanto tal, admite prueba en contrario (causas L. 73.921 "Gagliostro de Polimeni", sent. de 6-VI-2001; L. 101.721 "Luciano", sent. de 26-X-2011; L. 117.153 "Di Benedetto", sent. de 10-XII-2014 y L. 120.147, cit. y L. 129.267, "Elicabe", resol. de 7-IX-2023).
III.5. Luego, el agravio por conducto del cual se invoca conculcado lo dispuesto en el art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo tampoco es de recibo. Ello así pues tal norma se trasgrede cuando el fallo computa como justificantes de la cesantía hechos no invocados por el trabajador como motivo de la rescisión, mas no si el pronunciamiento se sujetó a las causales alegadas por las partes, como ocurre en la especie (causas L. 98.887, "Burgos", sent. de 29-XII-2009; L. 99.448, "González", sent. de 3-III-2010; L. 113.258 "López", sent. de 5-VI-2013 y L. 123.657, "Ortiz", resol. de 20-V-2020)
III.6. Finalmente, en lo relativo a la denunciada transgresión a las reglas relativas a la carga de la prueba, el interesado no evidencia que el fallo luzca alejado de la directiva impuesta por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que conforme tiene establecido esta Corte, dicho precepto sólo se quebranta cuando el juzgador, alterando las reglas del onus probandi , impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 117.225, "Ruiz Díaz", sent. de 22-IV-2015; L. 121.243, "Fernández", resol. de 18-IV-2018 y L. 130.169, "Uruzuna", resol. de 4-XII-2023), hipótesis que no se verifica en el presente caso.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/03/2024 09:07:12 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/03/2024 19:48:18 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2024 09:13:32 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2024 11:32:29 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2024 12:01:03 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 21/03/2024 13:55:44 hs. bajo el número RR-183-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia