Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131125
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata rechazó íntegramente la demanda promovida por la señora Alicia Susana Pérez contra CO.FA.CO. S.R.L. en la que procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. pronunciamiento de 12-VI-2023).
Para así decidir, entendió que no había sido acreditada, tal y como se denunció en el escrito de inicio, que la actora se hubiera desempañado cumpliendo tareas de "asistente odontológica" bajo la dependencia laboral de la accionada.
II. Contra dicha decisión, la legitimada activa interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escrito de 28-VI-2023), los que fueron concedidos (v. resol. de 5-VII-2023).
III. En la vía extraordinaria nulificante, la recurrente denuncia, por un lado, que en el fallo de grado no fueron abordadas todas las peticiones de su parte y que el juzgador realizó una absurda y desacertada valoración de la prueba rendida.
Por otro, que la sentencia atacada se fundó únicamente en el voto del magistrado que inauguró el Acuerdo, no cumpliéndose así con el requisito establecido en el art. 168 de la Constitución provincial, puesto que los restantes jueces tan sólo adhirieron a éste.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo liminar, cabe recordar que el recurso extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. prov.; causas L. 122.156, "Godio"; L. 121.033, "Aguirre", ambas sents. de 9-XI-2020; L. 122.346, "Amaya", sent. de 20-X-2021 y L. 130.217, "Requelme", resol. de 4-X-2023).
III.2. De la simple lectura de la sentencia en crisis, y de los términos de la impugnación contra ella deducida, fácil resulta advertir que, bajo el reproche de la supuesta omisión de cuestiones esenciales, la interesada intenta cuestionar el acierto de la decisión arribada en el pronunciamiento de origen, cuyos fundamentos busca conmover mediante la descalificación de la labor axiológica desplegada por los jueces en torno a la forma en que las cuestiones fueron resueltas, típicos vicios de juzgamiento cuyo tratamiento excede el limitado marco de conocimiento del recurso extraordinario de nulidad (causas L.120.774, "Mansilla", sent. del 4-IX-2019; L. 120.924, "Cipolla", sent. del 6-X-2020; L. 128.000, "Flores", resol. de 19-IX-2022 y L. 129.696, "Perez", resol. de 10-V-2023).
En tal sentido, dable es recordar que las argumentaciones u objeciones dirigidas contra el modo como el tribunal abordó los planteos de las partes y -eventualmente- el grado de acierto jurídico que pueda exhibir su decisión, escapa al limitado ámbito de conocimiento del remedio procesal bajo examen pues conforman, en definitiva, la imputación de típicos errores in iudicando (causas L. 122.963, "Romero", resol. de 18-IX-2019; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 129.742, "Fernández", resol. de 14-III-2023) que, como tales, resultan propios del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
En definitiva, la improcedencia señalada se exhibe manifiesta, toda vez que la omisión de cuestiones esenciales que genera la nulidad del pronunciamiento es aquélla referida a la ausencia de tratamiento de los asuntos que estructuran la traba de la litis y el esquema jurídico que la sentencia debe necesariamente atender para su validez (causas L. 124.758, "País", resol. de 16-X-2020 y L. 127.837, "Monrroy", resol. de 7-III-2022), no revistiendo tal carácter los argumentos introducidos por las partes en apoyo de sus pretensiones (causas L. 121.897, "Do Santos", resol. de 13-II-2019; L. 122.633, "Caputo", resol. de 29-V-2019; L. 124.856, "Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo y de Mercados Particulares de la República Argentina", resol. de 22-X-2020 y L. 129.182, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 14-III-2023).
III.3. Finalmente, y a propósito de los argumentos desplegados por la interesada, cabe señalar que no resulta atendible la impugnación sustentada en la invalidez que se atribuye al pronunciamiento con sustento en la circunstancia de que los magistrados votantes en segundo y tercer término emitieron su adhesión al sufragio de su colega preopinante.
Al respecto, es dable memorar que esta Corte tiene dicho que es válido el voto cuyos fundamentos no se expresan en extenso sino por adhesión a uno anterior emitido en el mismo acuerdo (causas L. 118.618, "Pacheco", resol. de 28-X-2015; L. 119.644, "Salas, sent. de 6-II-2019 y L. 125.631, "Mazzaferro", resol. de 22-III-2021), tal y como se verifica en la sentencia atacada.
IV. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la legitimada activa, con denuncia de absurdo, alega que el a quo no apreció en conciencia las constancias fácticas y probatorias obrantes en la causa.
Entiende que la existencia de la relación laboral entre las partes resultó acreditada mediante la prueba testimonial. Señala que la circunstancia de que la actora realizara otras actividades en su lugar de tareas, además de las que cumplía habitualmente como asistente odontológica, como así también el hecho de no acompañar al proceso el título o certificado habilitante para desempeñar dicha profesión, no autoriza a desestimar la presente acción como concluyó el tribunal de grado.
IV.1. El presente recurso tampoco puede prosperar.
IV.2. Liminarmente, corresponde destacar que determinar la existencia de la relación de dependencia o subordinación, típica del vínculo contractual de linaje laboral, y en general, valorar las pruebas producidas, constituye una cuestión reservada -en principio- en forma privativa a los Magistrados del trabajo y, por lo tanto, no resulta susceptible de revisión en esta instancia, salvo que se demuestre absurdo (causas L. 121.905, "Herrera", resol. de 7-III-2019; L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020; L. 125.302, "Kessler", resol. de 9-XII-2020 y L. 128.500, "Vazquez", resol. de 1-IX-2022).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 121.468, "Fonzo", resol. de 22-VIII-2018; L. 125.035, "Gutiérrez", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021), pues no constituye absurdo cualquier error o la apreciación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más, esto es, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 116.954, "Dipiero", sent. de 6-VIII-2014; L. 123.652, "Zalazar", resol. de 6-VII-2020; L. 125.471, "Chiminelli", resol. de 6-XI-2020 y L. 130.288, "Giúdice", resol. de 20-IX-2023).
IV.3. En el caso, valorando los distintos elementos probatorios adunados a la causa, el sentenciante concluyó que no pudo comprobarse que la actora estuviera unida en una relación de naturaleza laboral con la accionada cumpliendo funciones de "asistente odontológica", tal y como lo denunció en su demanda. Por otra parte, concluyó que no se acompañó en autos constancia alguna de especialización en esa disciplina, tampoco se indicó el nombre del profesional a quien asistía, ni de la persona que le daba directivas o le cancelaba sus remuneraciones. Finalmente, señaló que, si bien los testigos en la audiencia de vista de la causa indicaron ver a la actora realizando otras actividades en el lugar de prestación de tareas denunciado, dichas labores resultaban incompatibles con la de "auxiliar en odontología" que indicó desempeñar, por lo que no podían ser tenidas en consideración so pena de vulnerar el derecho de defensa en juicio y los principios de bilateralidad y congruencia.
Estas esenciales conclusiones del fallo no logran ser conmovida por la recurrente, pues si bien la interesada invoca absurdo, cierto es que no logra demostrarlo, desde que -en rigor- su exposición sólo traduce su disconformidad con la solución arribada en el fallo, revelando la insuficiencia del remedio bajo análisis (causas L. 122.043, "Navoni", resol. de 8-V-2019; L. 122.373, "Yamanga", resol. de 5-VI-2019; L. 124.121, "Sánchez", resol. de 11-III-2020 y L. 128.234, "Zaccaro", resol. de 19-IX-2022).
Ello así, pues apartándose de la línea reflexiva y de la apreciación probatoria que en conciencia llevó a los jueces de grado a plasmar la decisión expuesta en la sentencia, se limita a elaborar un nuevo análisis de los hechos y constancias probatorias según su propio criterio valorativo, argumentos estos que no logran demostrar concretamente la grave anomalía invocada (causas L. 121.616, "Lareu", resol. de 5-XII-2018; L. 122.643, "Casali", resol. de 23-X-2019; L. 123.185, "Romero", resol. de 19-II-2020; L. 128.442, "Cirmi", resol. de 7-VI-2022 y L. 129.267, "Elicabe", resol. de 7-IX-2023).
Recuérdese que la hipótesis de la efectiva representación del vicio de absurdo no se verifica frente a la decisión opinable, discutible o poco convincente o ante la posibilidad de otras interpretaciones, no pudiendo sustituirse el criterio del juzgador de grado por el personal de la recurrente, ni por el propio de la Suprema Corte (causas L. 119.127, "García Maglione", sent. de 28-VI-2017; L. 123.369, "Adet", resol. de 1-VI-2020 y L. 128.958, "Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo y de Mercados", resol. de 11-VII-2023).
En conclusión, las críticas ensayadas transitan sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el Tribunal de origen debió ponderar los hechos y las pruebas aportadas al proceso (causas L. 124.782, "Fleitas Bogado", resol. de 25-IX-2020; L. 124.886, "Luna", resol. de 16-X-2020 y L. 130.597, "Barrios", resol. de 12-IX-2023). Una formulación de ese tenor sólo trasunta la intención de cuestionarle al sentenciante las potestades privativas que le asisten en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 124.883, "Couto", resol. de 16-X-2020; L. 125.035, "Gutiérrez", resol. de 9-XII-2020; L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021; L. 130.600, "Parente", resol. de 20-IX-2023 y L. 130.724, "Ballesteros", resol. de 4-XII-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/03/2024 09:59:26 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/03/2024 13:08:23 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/03/2024 10:01:38 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2024 11:30:49 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2024 11:59:27 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 21/03/2024 13:51:40 hs. bajo el número RR-159-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia