Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131123
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que el planteo introducidos en el punto III.2, no reúne los requisitos esenciales, y el tratado en el III.3. ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores jueces doctores Soria, Torres y Genoud, dijeron:
I. El Tribunal del Trabajo n°3 del Departamento Judicial de San Nicolás hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Daniel Omar Reich y condenó a San Pedro Express S.R.L. al pago de la suma que especificó en concepto de indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de linaje laboral. Por el contrario, la desestimó en cuanto persiguió el cobro de la multa del art. 10 de la ley 24.013 y la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (v. sentencia de fecha 5-VII-2023 y su aclaratoria de 12-VII-2023).
II. Contra dicho pronunciamiento, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 27-VII-2023), que fue concedido por el sentenciante (v. resol. 10-VIII-2023).
En su presentación denuncia absurdo, la transgresión de las normas y de la doctrina legal que identifica.
Se agravia -esencialmente- del rechazo de la pretensión tendiente al cobro de la sanción prevista en el citado art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Finalmente, cuestiona que el sentenciante tuviera no probada la fecha de inicio de la relación laboral denunciada en la demanda y, en consecuencia, declarase improcedente la multa prevista en el art. 10 de la ley 24.013.
III. El recurso no prospera.
III.1. En el caso, los cuestionamientos traídos por el interesado versan sobre pretensiones independientes deducidas en una misma demanda (acumulación objetiva), constatándose que una de ellas -la sanción conminatoria del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo- debe juzgarse como de monto indeterminado (causas L. 121.919, "Cabrera", sent. de 12-II-2020; L.122.013, "Vitale", sent. de 4-III-2020 y L. 127.398, "Rizzo", sent. de 27-II-2023).
III.2.a. En cambio, la admisibilidad respecto del restante agravio propuesto -representado por la suma reclamada en la demanda de cuyo rechazo se agravia el recurrente-, no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (ley 14.141), de modo que la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido debe ser analizado dentro del marco definido en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley ritual del fuero (causas L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020; L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020 y L. 129.902, "Leihner", resol. de 10-IV-2023).
Así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020 y L. 130.284, "Silvero", resol. de 21-VI-2023).
III.2.b. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que el planteo que porta el recurso, dirigido a objetar la decisión de grado en torno a la fecha de inicio del contrato de trabajo entre las partes y el rechazo del reclamo vinculado a la multa prevista en el art. 10 de la ley 24.013, importa la revisión de cuestiones fácticas y probatorias, cuyo estudio resulta una facultad excluyente del sentenciante de grado que, como tal, se encuentra detraído del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art. 55 de la ley ritual (causas L. 118.505, "Maestu", resol. de 8-IV-2015; L. 117.753, "Vidal", sent. de 14-X-2015; L. 122.151, "Codini", resol. de 29-V-2019: L. 122.561, "Lucuman", resol. de 29-V-2019 y L. 125.158, "Sangorrín", resol. de 4-III-2021).
No mejora la suerte de la impugnación la mención de precedentes definitorios del absurdo, en tanto no habilitan la excepción prevista en el citado art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (causas L. 125.045, "Almeida", resol. de 14-XII-2020; L. 125.418, "Marín", resol. de 12-II-2021 y L. 128.010, "Lezcano", resol. de 1-XI-2021).
III.3.a. Ningún reparo admite en cuanto a su admisibilidad, el embate dirigido a censurar aquella parcela del pronunciamiento que rechazó la imposición de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, pues el importe de la penalidad establecida en la citada norma legal sería el equivalente a las remuneraciones que se devengaron mensualmente a favor del trabajador, con igual periodicidad a la del salario, hasta que el empleador acreditara de modo fehaciente el ingreso efectivo de los montos retenidos, lo que torna al litigio, a los fines del recurso, como de monto indeterminado (art. 55, ley 11.653; causas L. 115.021, "Mazza", sent. de 27-XI-2013; L. 117.532, "Norese", resol. de 1-VII-2015; L. 122.784, "Eguren", resol. de 18-IX-2019 y L. 126.825, "Cherchyk", resol. de 17-VIII-2021).
III.3.b. Sentado ello, esta Corte ha señalado que determinar -con arreglo a las constancias adunadas en la causa- si se verifican los requisitos a los cuales la citada norma del art. 132 bis de la ley 20.744 subordina la aplicación de la sanción allí prevista, constituye una facultad privativa del tribunal de trabajo, y las conclusiones que al respecto se formulen no son susceptibles de revisión ante la Suprema Corte, salvo el supuesto excepcional de absurdo (art. 55, ley 11.653; L. 120.003, "Peralta", resol. de 24-IV-2019, L. 122.784, "Eguren", resol. de 18-IX-2019 y L. 123.851, "Irazoqui", resol. de 27-V-2020).
Ello requiere la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021; L. 121.726, " Herrera", resol. de 27-III-2023 y L. 129.594, "Andrada", resol. de 21-VI-2023), ya que no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurarlo (causas L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021; L. 121.726, " Herrera", resol. de 27-III-2023 y L. 129.594, "Andrada", resol. de 21-VI-2023).
III.3.c. En este contexto, el órgano judicial de grado rechazó la pretensión del trabajador tendiente a percibir la citada sanción conminatoria, señalando que el accionante no ha producido prueba alguna en respaldo de su reclamo durante la sustanciación del proceso.
De esta manera, las conclusiones expuestas en la sentencia impugnada no logran ser descalificadas por el recurrente. Ello así, puesto que las alegaciones formuladas no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos de aquella tarea llevada a cabo por los magistrados, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas "Girimonti", resol. de 5-VI-2019; L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020; L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021 y L. 126.986, "Giménez", resol. de 29-XI-2021).
En suma, el agravio traído revela la ausencia de idoneidad para rebatir la decisión adoptada en la instancia de origen, pues no aporta ningún elemento convincente que demuestre que la solución dada al caso sea absurda, o el error en la aplicación de las normas que se denuncian violadas.
La señora jueza doctora Kogan dijo:
A tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.) -y dejando a salvo mi opinión expuesta en las causas L. 97.082, "Santisteban" (sent. de 30-III-2011) y L. 108.498, "Carabajal" (sent. de 22-V-2013); entre otras-, acompaño lo decidido por mis colegas preopinantes en los puntos III.1 y III.2. de su propuesta.
Luego, también adhiero a lo expuesto en el apartado III.3. del voto inaugural.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que el planteo introducidos en el punto III.2, no reúne los requisitos esenciales, y el tratado en el III.3. ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/03/2024 11:55:39 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/03/2024 09:04:51 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/04/2024 12:02:53 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/04/2024 20:49:11 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/04/2024 08:12:55 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 08/04/2024 10:25:30 hs. bajo el número RR-228-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia