Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131128
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que los planteos introducidos en el punto III.2. no reúnen los requisitos esenciales y el tratado en el III.3. ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por la señora Andrea Rosana Carboni y condenó a Mangiato S.A. al pago de indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva de preaviso, integración del mes de despido, así como las previstas en los arts. 2 de la ley 25.323, 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y 8 y 15 de la ley 24.013; haberes adeudados y vacaciones proporcionales (v. pronunciamiento de fs. 665/681 y vta.).
Para así decidir, a tenor de las pruebas aportadas a la causa, juzgó acreditado que la accionante trabajó bajo las órdenes de la demandada desde el día 6 de agosto de 2010 y que la relación concluyó por despido indirecto el día 2 de enero de 2013.
Desestimó, en cambio, el reclamo deducido al amparo del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, en tanto concluyó que la parte actora en su escrito inicial sólo había formulado reserva del rubro (v. demanda, ap. 7.j; fs. 96 vta.) sin practicar la liquidación requerida por el art. 26 inc. f de la ley 11.653, ni acreditar siquiera la imposibilidad de poder determinarlo.
Asimismo, rechazó la acción instaurada contra los demandados Zermatel S.A., Micaela Aracil, Valentina Aracil, Eduardo Miguel Aracil, Pedro Eugenio Del Buono, Mauricio Héctor Kennis y Miguel Ángel Gabbin. En ese orden, concluyó que no se había demostrado -tal como había sido invocado por la demandante- la existencia de un conjunto económico constituido a los fines de cometer actos fraudulentos.
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 26-III-2019), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de 5-VII-2019).
En su presentación, individualiza las normas y la doctrina legal que considera transgredidas en el pronunciamiento impugnado.
En primer lugar, cuestiona que el tribunal de origen juzgara no acreditada la fecha de ingreso denunciada en el escrito de inicio. Alega absurdo en la valoración de los elementos de juicio obrantes en la causa, especialmente la prueba confesional, documental e informativa.
Por otro lado, bajo la denuncia de absurdo, se agravia en cuanto el juzgador desestimó la pretensión de extender solidariamente la condena a las codemandadas Zermatel SA, Micaela Aracil, Valentina Aracil, Eduardo Miguel Aracil, Pedro Eugenio Del Buono, Mauricio Héctor Kennis y Miguel Ángel Gabbin.
Finalmente, objeta el rechazo de la sanción prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Afirma que en la demanda hubo una concreta petición y que resulta irrelevante que no se hubiera practicado la liquidación del rubro. Por lo demás, alega que en el caso se configuran los presupuestos de aplicación de la norma.
III. El recurso no prospera.
III.1. Cuestiones de orden metodológico imponen examinar la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso articulado, particularmente en lo que respecta al valor del litigio.
Es menester destacar que en atención a que los cuestionamientos traídos por la recurrente versan sobre pretensiones independientes deducidas en una misma demanda (acumulación objetiva), se constata que una de ellas -la vinculada a la aplicación de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo- resulta de valor indeterminado (causas L. 117.450, "Etchegaray", sent. de 8-IV-2015; L. 119.769, "Corbari", sent. de 29-VIII-2017; L. 121.919, "Cabrera", sent. de 12-II-2020 y L.122.013, "Vitale", sent. de 4-III-2020).
III.2. Luego, en relación a los dos primeros agravios traídos, es dable observar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por el capital de condena cuya extensión se solicita y la diferencia entre ese importe y el que habría de obtenerse teniendo en cuenta la fecha de inicio de la relación laboral alegada por la recurrente- no supera el importe mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, razón por la cual la admisibilidad del remedio en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 124.764, "Mendes Neto", resol. de 16-XII-2020 y L. 125.463, "Maisonnave", resol. de 12-II-2021).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020; L. 125.485, "Morales", resol. de 4-II-2021 y L. 125.787, "Galeani", resol. de 17-II-2021).
III.2.b. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida.
III.2.c. Ello así, pues, mediante la denuncia de vulneración de doctrina legal de esta Corte, la recurrente trae a consideración agravios vinculados a cuestiones fácticas y probatorias detraídas de revisión en el estrecho marco cognitivo del remedio procesal intentado. Tales son aquellas vinculadas al análisis de las constancias de la causa a los fines de establecer la fecha de inicio de la relación laboral y las relativas al examen de los escritos constitutivos del proceso y los términos en que quedó trabada la litis en orden a determinar el alcance de la pretensión de extender solidariamente la responsabilidad respecto de los codemandados (causas L. 119.907, "Coronel", resol. de 4-VIII-2016; L. 120.475, "Torres", resol. de 14-VI-2017 y L. 121.598, "Brites", sent. de 4-XII-2019).
Por lo demás, los precedentes que se denuncian infringidos tampoco resultan idóneos a los fines pretendidos, en tanto no guardan relación con las motivaciones del pronunciamiento, o fueron elaborados a partir de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los del caso en juzgamiento (causas L. 119.192, "Artigau", sent. de 21-VI-2018; L. 120.423, "Bocanegra", sent. de 27-XI-2019 y L. 121.303, "Vargas", sent. de 12-II-2020).
A lo expuesto, corresponde añadir que esta Corte ha declarado reiteradamente que la doctrina relacionada al vicio de absurdo no resulta idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art. 55 de la ley ritual (causas L. 121.571, "Crisostomi", sent. de 27-V-2020; L. 123.817, "Juncos", sent. 28-IV-2021 y L. 124.115, "Sabels", sent. de 13-XII-2021).
A mayor abundamiento, no es ocioso precisar que este Tribunal ha sostenido que los precedentes referidos a la vulneración del postulado iura novit curia no resultan hábiles para la habilitación de la instancia extraordinaria en el estrecho carril en tratamiento (causas L. 115.449, "Gamaleri", resol. de 5-III-2014; L. 118.766, "Clemente", resol. de 28-X-2015; L. 119.597, "Flores", resol. de 4-V-2016 y L. 121.748, "Del Rey", resol. de 26-XII-2018).
III.3. En otro orden, como se anticipó, la impugnación vinculada con lo resuelto por el tribunal de grado en el marco del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo es, a los fines del recurso de inaplicabilidad de ley, de monto indeterminado (causas L. 102.460, "Garcés", sent. de 7-III-2012 y L. 124.045, "Olivera", sent. de 13-VII-2021), por lo que ningún reparo relativo a la admisibilidad admite la impugnación.
Tal como surge de lo reseñado en el punto I de la presente, el a quo concluyó que, atento los términos del escrito de inicio con relación a la penalidad en cuestión, esto es, no habiéndose introducido una petición concreta, no correspondía abordar el tratamiento de la reserva formulada en la demanda al respecto.
Si bien la impugnante cuestiona dicha definición a través de la denuncia de absurdo en el análisis llevado a cabo por el juzgador del contenido y alcance de la pretensión obrante en la demanda -teniendo en cuenta la valoración que hizo el a quo del término "reserva" y de la falta de inclusión del concepto reclamado en la liquidación practicada en el escrito de inicio- cierto es que la interesada -a través de la simple expresión de su disconformidad con lo resuelto- no logra demostrar la existencia del yerro invocado en la labor del juzgador frente a la imprecisa postulación en el escrito inaugural.
En este sentido, cabe recordar que reiteradamente ha expresado este Tribunal que interpretar los escritos constitutivos del proceso y establecer los términos en que quedó planteada la litis, constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria y que su decisión al respecto sólo puede revisarse en la sede extraordinaria en la medida que se denuncie y compruebe absurdo en su interpretación y violación al principio de congruencia (causas L. 117.923, "Chiroli", sent. de 25-X-2017; L. 120.800, "Fleita", sent. de 13-XI-2019 y L. 121.594, "Veiga", sent. de 25-VIII-2021).
Huelga señalar que no cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurar tal vicio invalidante. Es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, un desajuste manifiesto e inconciliable con los elementos objetivos de la causa, que requiere ser eficazmente denunciado y demostrado por quien lo invoca (causas L. 118.007, "Marcucci", sent. de 30-III-2016; L. 120.589, "F.A.E.", sent. de 13-XI-2019 y L. 121.265, "Ojeda", sent. de 6-X-2020) y que en el caso -como se dijo- no logra ser acreditado por la impugnante.
Lo expuesto es suficiente para desestimar este aspecto del recurso deducido, sin que corresponda avanzar en otras consideraciones.
La señora jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo he de precisar que, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.) -y dejando a salvo mi opinión expuesta en las causas L. 97.082, "Santisteban" (sent. de 30-III-2011) y L. 108.498, "Carabajal" (sent. de 22-V-2013), entre otras-, acompaño lo decidido en los puntos III.1. y III.2. del voto que antecede.
Por ello, también adhiero a lo expuesto en el punto III.3. del voto inaugural del Acuerdo
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que los planteos introducidos en el punto III.2. no reúnen los requisitos esenciales y el tratado en el III.3. ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/03/2024 11:55:40 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/03/2024 09:04:52 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/04/2024 12:02:54 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/04/2024 20:49:19 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/04/2024 08:12:56 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 08/04/2024 10:26:18 hs. bajo el número RR-230-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia