Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131285
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de nulidad incoado (art. 292 del CPCC; Ac. 4.068/2022; art. 63, ley 11.653) el que se rechaza, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 298, CPCC).
El señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el caso, el Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata, en lo que interesa destacar por haber sido materia de recurso, rechazó el incidente de nulidad de notificación del traslado de la acción incoado por la señora Vida Alejandra Agüero Sosa, por medio del cual pretende se decrete la invalidez de la cédula diligenciada, con costas, como así también la totalidad de las resoluciones dictadas con posterioridad (v. pronunciamiento de 15-VIII-2023).
Para así resolver consideró, de acuerdo a las constancias de la causa, que la notificación de traslado de la demanda fue diligenciada en el domicilio oportunamente informado por el Registro Nacional de las Personas y que la prueba ofrecida por la interesada no resulta pertinente a los fines de la solución del incidente en tratamiento. Sobre tales premisas, rechazó in límine la nulidad argüida en los términos de lo dispuesto por los arts. 289 del Código Civil y Comercial y 173 del Código Procesal Civil y Comercial.
III. Contra dicha decisión, la incidentista interpuso recurso extraordinario de nulidad (v. escrito de 4-IX-2023), en el que denunció que el tribunal de grado omitió analizar y tratar en debida forma la prueba ofrecida por su parte.
A su turno, el a quo declaró inadmisible el recurso extraordinario intentado con fundamento en la carencia de la nota de definitividad del pronunciamiento puesto en tela de juicio (v. resol. de 7-IX-2023), dando lugar a la articulación de la queja en tratamiento (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico de 18-IX-2023).
En la vía directa deducida ante esta sede, la recurrente alega, con sustento en las garantías constitucionales y convencionales contenidas en los arts. 17, 18, 19, 28, 33 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional, 8 de la de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que la resolución atacada resulta asimilable a definitiva en virtud del perjuicio irreparable que le ocasiona, en el marco de las señaladas garantías y derechos individualizadas.
IV. La queja prospera.
IV.1. De inicio, corresponde poner de resalto que en numerosos precedentes de aristas similares esta Corte ha entendido, por mayoría que he integrado, que si bien los pronunciamientos que tienen por no contestada la demanda y declaran perdido el derecho a hacerlo no constituyen -en principio- sentencia definitiva o equiparable a tal en los términos de los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial, ya que tales decisiones no ponen fin al pleito ni impiden su continuación (causas Ac. 84.846, "Soveny", resol. de 05-VI-2002 y Ac. 87.467, "C., L.I.", resol. de 11-VI-2003; e.o.), tal criterio ha de ceder cuando -como en el sub iudice - la decisión que lo contenga o que por sus efectos lo confirme traiga aparejado un perjuicio de insusceptible reparación ulterior, no pudiendo soslayarse la particular significación que reviste la falta de contestación de demanda en tanto puede incidir en el resultado final del pleito.
Es ésta, por otra parte, la tesis que en supuestos análogos al presente siguiera la Corte Suprema de la Nación al ingresar al conocimiento del recurso extraordinario interpuesto contra la decisión de la Cámara que revocó el pronunciamiento de grado que había desestimado la revocatoria contra el auto que tuvo al letrado por presentado, parte y por interpuestas las excepciones, y ordenó el desglose del escrito presentado por aquél. En dicho precedente, sostuvo el Alto Tribunal que la decisión atacada puede ser equiparada a definitiva si concurre un supuesto de privación de justicia que afecta en forma directa al derecho de defensa en juicio, ocasionándole al demandado un perjuicio de imposible reparación ulterior, pues éste carecerá de otra oportunidad procesal para hacer valer sus derechos (cfr. CSJN, causa C.1649.XXXVI, in re "Carosella", sent. de 20-III-2003, Fallos 326:697).
Pues bien, en la especie, arguye la interesada que la resolución impugnada la coloca en estado de indefensión, causándole un irreparable perjuicio, impidiéndole estar a derecho y esgrimir en estos autos ningún tipo de defensa, no existiendo otra oportunidad procesal para hacerlo valer.
IV.2. De allí que en el caso debe equipararse a una sentencia definitiva en los términos de los arts. 278 -último párrafo- y 281 del Código Procesal Civil y Comercial (arts. 55 y 63, ley 11.653) lo resuelto el día 15 de agosto de 2023.
En consecuencia, se hace lugar a la queja traída y se declara mal denegado el recurso de nulidad, el que debe concederse (art. 292, CPCC, art. 63, ley 11.653; Ac. 4.068/22; art. 63, ley 11.653).
V.1. Ingresando en el estudio del recurso extraordinario de nulidad intentado, no es ocioso recordar que dicha vía sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. prov.; causas L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018; L. 125.420, "Avit", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021).
V.2. Sentado ello, resulta evidente que bajo el reproche de la supuesta omisión de cuestiones esenciales la crítica de la interesada se dirige a objetar el modo como el tribunal abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, y bien es sabido que no corresponde, en el ámbito de la vía extraordinaria en estudio, realizar la revisión del acierto o desacierto jurídico de la decisión impugnada, pues ello es materia propia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 121.360, "Gómez", resol. de 11-VII-2018; L. 121.707, "Leiva", resol. de 27-II-2019 y L. 125.439, "Juárez", resol. de 2-XI-2020).
Finalmente, cabe recordar que en el marco de la vía extraordinaria en tratamiento no son atendibles las alegaciones relativas a la prueba, e incluso, a la existencia de una eventual preterición de alguna pieza de dicha naturaleza, habida cuenta que se refieren a cuestiones ajenas a su ámbito y propios -en cambio- del de inaplicabilidad de ley (causas L. 119.848, "Flores", resol. de 21-VI-2017; L. 120.917, "Abadie", resol. de 25-X-2017; L. 121.293, "Insua", resol. de 29-VIII-2018 y L. 125.386, "Tito", resol. de 4-V-2021).
El señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Kogan adhieren, por los fundamentos que expone, al voto del doctor Soria.
El señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Adhiero al voto de mi distinguido colega doctor Soria dejando a salvo mi opinión en lo relativo a lo resuelto en el punto IV. en razón de la celeridad y la economía procesal, he de acompañar -conforme lo dispuesto en el art. 31 bis de la ley 5827 y modificatorias- la propuesta decisoria formulada por los jueces preopinantes, en tanto refleja el criterio mayoritario de esta Suprema Corte de Justicia.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de nulidad incoado (art. 292 del CPCC; Ac. 4.068/2022; art. 63, ley 11.653) el que se rechaza, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 298, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/03/2024 11:55:41 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/03/2024 09:04:53 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/04/2024 12:02:55 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/04/2024 20:49:27 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/04/2024 08:12:57 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 08/04/2024 10:27:29 hs. bajo el número RR-232-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia