Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130716
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de nulidad, atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, rechazó íntegramente la demanda deducida por Laura Mariela Pereyra contra Gerónimo Antezana e Isabel Córdova Cruz por la que perseguía el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros del linaje laboral (v. pronunciamiento de fecha 29-III-2023).
Para así decidir, juzgó que la accionante no logró acreditar, como era su carga, que trabajó en relación de subordinación y dependencia para los demandados.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa dedujo recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 18-IV-2023), los que fueron concedidos por el a quo , el segundo en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resol. de 26-IV-2023), habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen electrónico de fecha 29-II-2024).
III.1. En el recurso extraordinario de nulidad, la interesada denuncia la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
En lo esencial, argumenta que el sentenciante, al resolver la cuestión litigiosa, no ponderó que los accionados reconocieron la prestación de tareas de la actora en favor de ellos. De igual modo, soslayó diversas consideraciones, de carácter esencial, vertidas por su representada al responder el traslado previsto en el art. 29 de la ley 11.653.
III.2. De conformidad con lo dictaminado por el Procurador General, el recurso no puede prosperar.
III.3.a. En principio corresponde recordar que el remedio extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. cit. L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020; L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021 y L. 128.958, "Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo", resol. de 11-VII-2023).
III.3.b. De la simple lectura de la sentencia en crisis y de los términos de la impugnación contra ella deducida, fácil resulta advertir que la interesada, bajo la denuncia de la supuesta omisión de cuestiones esenciales, dirige su objeción a censurar el acierto fáctico y jurídico de la decisión arribada en el pronunciamiento de origen, cuyos fundamentos intenta conmover mediante la descalificación de la labor axiológica desplegada por los jueces de grado, típicos vicios de juzgamiento cuyo tratamiento excede el limitado marco de conocimiento del recurso extraordinario de nulidad (causas L.120.774, “Mansilla”, sent. de 4-IX-2019; L. 120.924, “Cipolla”, sent. de 6-X-2020 y L. 128.000, "Flores", resol. de 19-IX-2022).
Es dable recordar que, en el marco de la vía extraordinaria en tratamiento, no son atendibles las alegaciones relativas a la prueba, e incluso, a la existencia de una eventual preterición de alguna pieza de dicha naturaleza, habida cuenta que se refieren a cuestiones ajenas a su ámbito y propios -en cambio- del de inaplicabilidad de ley (causas L. 120.917, "Abadie", resol. de 25-X-2017; L. 121.293, "Insua", resol. de 29-VIII-2018 y L. 125.386, "Tito", resol. de 4-V-2021).
III.3.c. Finalmente, tampoco ha de tener cabida el reproche sustentado en la vulneración del art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, habida cuenta que la simple lectura del fallo en crisis demuestra que el mismo se encuentra basado en el texto expreso de la ley (causas L. 123.718, "Kollrich Borsani", resol. de 9-VI-2020; L. 126.258, "Alterino", resol. de 26-V-2021 y L. 129.219, "Barbuto", resol. de 5-XII-2022).
IV. En la restante vía extraordinaria interpuesta, la apelante se agravia del rechazo de la demanda. En ese sentido, reputa vulnerado el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial y cuestiona que el a quo no haya aplicado, al caso, el principio de la carga dinámica de la prueba.
IV.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina legal(causas L. 123.066, "Núñez", resol. de 14-VIII-2019; L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019 y L. 129.775, "Guimaraes", resol. de 14-III-2023), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.663, "Cordero", resol. de 5-VI-2019; L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020 y L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021).
IV.2. En ese marco, no se advierte configurado en la especie el supuesto habilitante previsto en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, desde que la única doctrina que denuncia la impugnante en apoyo de su pretensión se relaciona con la interpretación de preceptos de carácter adjetivo (como lo atingente a las normas que regulan la atribución de la carga de la prueba; causas L. 119.693, "Tapia", resol. de 15-VI-2016; L. 121.347, "Burgos", resol. de 6-VI-2018; L. 123.666, "Santarelli", resol. de 27-V-2020; L. 125.750, "Di Tullio", resol. de 15-IV-2021 y L. 130.245, "Peralta", resol. de 6-XII-2023).
IV.3. Por lo demás, cabe destacar que no constituye doctrina legal la que deriva de los pronunciamientos de la Corte nacional (causas L. 114.725, "Cruz", resol. de 13-VII-2011; L. 121.113, "Albarracín", resol. de 11-IV-2018; L. 125.472, "Ávila", resol. de 12-II-2021; L. 127.414, "Cardoso", resol. de 29-XI-2021 y L. 130.801, "Castellucci", resol. de 22-XII-2023).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar, en lo concerniente a lo manifestado en el punto IV.2., que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005 y L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-21 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/04/2024 19:36:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/04/2024 09:15:50 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/04/2024 14:40:22 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/04/2024 19:14:40 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/04/2024 08:27:16 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/04/2024 10:18:06 hs. bajo el número RR-265-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia