Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131154
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad a lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Tandil, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, hizo lugar parcialmente a la demanda deducida por Pamela Soledad Maldonado, condenando a la Cooperativa de Provisión de Servicios de Administración de Venta a Crédito Tandil Ltda. a abonarle la suma que indicó en concepto de diferencias salariales y otros rubros de naturaleza laboral. En cambio, desestimó los reclamos por los cuales se perseguía el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido, vacaciones correspondientes al año 2018 y el recargo previsto en el art. 2 de la Ley 25.323. Finalmente, también rechazó la acción contra el codemandado Gustavo Andrés Llorens (v. pronunciamiento de fecha 7-VIII-2023).
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa dedujo recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 21-VIII-2023), los que fueron concedidos por el a quo (v. resol. de fecha 24-VIII-2023), habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen de fecha 22-II-2024).
III. En el recurso extraordinario de nulidad denuncia la violación del art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
En lo esencial, alega que el juzgador omitió tratar una cuestión esencial, esto es, la negativa de pago como una de las injurias invocadas por la accionante para fundar la rescisión del vínculo laboral mantenido con la cooperativa codemandada.
Por lo demás, argumenta que el juzgador omitió abordar en el veredicto las probanzas colectadas en el proceso vinculadas la extensión de responsabilidad del codemandado Gustavo Andrés Llorens.
III. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
III.1. En principio, corresponde recordar que el remedio extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. prov.; causas L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018; L. 125.420, "Avit", resol. de 6-XI-2020; L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021 y L. 128.677, "Martín", resol. de 13-VII-2022).
III.2. De la simple lectura de la sentencia atacada surge que las cuestiones que se dicen preteridas fueron expresamente abordadas por el tribunal de grado, aunque en forma negativa a las pretensiones de la interesada.
En este sentido, es dable destacar que el recurso extraordinario de nulidad resulta improcedente si la cuestión denunciada como preterida fue tratada expresamente por el tribunal de trabajo, cualquiera sea el grado de acierto que pueda adjudicársele a la decisión, ya que el análisis de un eventual error in iudicando es ajeno al ámbito del remedio procesal bajo examen (causas L. 118.136, "Rezzutto", sent. de 29-VIII-2018; L. 121.088, "Oliva", sent. de 3-VII-2019; L. 122.156, "Godio", sent. de 9-XI-2020 y L. 128.184, "López", resol. de 1-IX-2022).
III.3. Por otro lado, respecto de los errores que se le endilga al veredicto vinculados a la extensión de responsabilidad del accionado Llorens, cabe recordar que los tribunales del trabajo tienen facultades privativas para plantear en esa etapa procesal las cuestiones que consideren pertinentes, para lo cual basta, de conformidad con lo normado por el art. 168 de la Constitución provincial, que traten y decidan las que resulten esenciales (causas L. 112.851, "Calmens", sent. de 28-VIII-2013; L. 116.922, "Lavandera", sent. de 5-III-2014; L. 117.201, "López", sent. de 26-III-2015 y L. 127.767, "Toledo", resol. de 7-III-2022); por lo que los cuestionamientos respecto de los errores que se le endilgan al veredicto, resultan ajenos al ámbito del presente canal recursivo.
IV.1. En el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley, la accionante alega cuestión federal, denuncia absurdo en la valoración de las pruebas y violación de la doctrina legal que cita.
En lo sustancial, se agravia de la conclusión con arreglo a la cual el tribunal de origen consideró injustificado el despido indirecto dispuesto por la trabajadora, pues -a su criterio- aquel efectuó una absurda valoración de los hechos y de las pruebas producidas en la causa.
Asimismo, se disconforma respecto del rechazo del pago de la compensación por vacaciones no gozadas del último año trabajado.
Finalmente, cuestiona la decisión del sentenciante de desestimar la extensión de la responsabilidad del codemandado Llorens.
IV.2. El recurso tampoco prospera.
IV.3. Liminarmente, corresponde observar que el valor de lo cuestionado ante esta sede extraordinaria -representado por los rubros reclamados en la demanda que fueron rechazados y son motivo de agravio, con más el importe correspondiente al capital de condena cuya extensión solicita respecto del codemandado Gustavo Andrés Llorens-, no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141) (causas L. 115.569, "Bergna", resol. de 28-XII-2011; L. 117.738, "Steimberg", resol. de 27-V-2015; L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019 y L. 128.795, "Alborno", resol. de 7-VI-2022), por lo que la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 115.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020 y causa L. 130.080, "Sposato", resol. de 11-VII-2023).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando esta Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.404, "Bollon", resol. de 16-X-2020, L. 128.987, "Ojeda", resol. de 18-VIII-2022 y L. 129.838, "Saavedra", resol. 17-IV-2023).
IV.2.b. Bajo las señaladas premisas, y en relación a todos los cuestionamientos traídos, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que mediante la denuncia de vulneración de doctrina legal la impugnante trae a consideración agravios vinculados a cuestiones de hecho y prueba, así como al supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de trabajo al meritar las circunstancias probatorias de la litis, detraídas de la revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes citado (causas L. 125.059, "Guzmán", resol. de 21-XII-2020; L. 125.962, "Monsalvo", resol. de 10-V-2021; L. 127.681, "Maluendez", resol. de 10-II-2022; L. 127.709, "Lusarreta", resol. de 11-II-2022; L. 127.234, "Raimo", resol. de 7-III-2022 y L. 129.900, "Peñalva", resol. de 27-VI-2023)
Del mismo modo, la denuncia de precedentes relacionados con la configuración del vicio de absurdo no resulta hábil a los fines de abrir la competencia revisora por el estrecho marco cognitivo establecido (causas L. 124.463, "Gamero", resol. de 14-VII-2020; L. 125.418, "Marín", resol. de 12-II-2021; L. 128.010, "Lezcano", resol. de 1-XI-2021; L. 127.289, "Juárez", resol. de 17-XI-2021 y L. 128.412, "Florentin", resol. de 4-VII-2022).
IV.2.c. Por último, no mejora la suerte de la impugnación las citas jurisprudenciales efectuadas en el recurso que aluden a presupuestos fácticos distintos a los de las presentes actuaciones (causas L.120.051, "Romero", resol. 19-X-2016; L. 122.363, "Del Negro", 5-VI-2019 y L. 128.723, "Murua", resol. de 1-VIII-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad a lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/04/2024 19:36:24 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/04/2024 09:15:57 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/04/2024 14:40:29 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/04/2024 19:15:22 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/04/2024 08:27:24 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/04/2024 10:19:20 hs. bajo el número RR-281-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
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