Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 123843
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la demanda iniciada por la señora Maite Jimena Ramírez y, en consecuencia, condenó a Mangiato S.A. a pagar la suma que especificó en concepto de indemnización por antigüedad, preaviso, integración del mes de despido, haberes correspondientes a los meses de abril a junio de 2013, vacaciones, sueldo anual complementario y las multas establecidas en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013, 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y 2 de la ley 25.323. Por el contrario, desestimó la acción en cuanto perseguía la sanción conminatoria establecida en el art. 132 bis de la ley 20.744 y la extensión de la condena a los coaccionados Micaela Aracil y Eduardo Miguel Aracil (v. fs. 518/534 y vta.).
Para así decidir, evaluando el material probatorio de autos, si bien tuvo por acreditado que el vínculo laboral con Mangiato S.A. estuvo ceñido de clandestinidad y deudas de salarios -y en virtud de ello juzgó justificado el despido en que se colocó la trabajadora-, tuvo por no probada la fecha de ingreso denunciada en el escrito de inicio.
Por otro lado, entendió que no surgía de la lectura de la causa, como tampoco de la escasa prueba aportada, que los codemandados hubieran sido integrantes de un conjunto económico constituido a los fines de cometer actos fraudulentos.
Asimismo, en cuanto a la sanción conminatoria establecida en el art. 132 bis de la ley 20.744, la desestimó con sustento en que la actora solo había formulado reserva del rubro, sin practicar la liquidación requerida por el art. 26 inc. “f” de la ley 11.653, ni acreditar la imposibilidad de poder determinarlo.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 26-III-2019), el que fue concedido por el a quo en el marco de la excepción que contempla la norma del artículo 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. fs. 543 y vta.).
En su escrito recursivo denuncia absurdo, así como la transgresión de las normas y de la doctrina legal que identifica.
En primer lugar, su crítica se dirige a impugnar la conclusión del sentenciante en cuanto desestimó la fecha de ingreso denunciada en la demanda. Al respecto, sostiene que omitió considerar que las posiciones de las demandadas fueron absueltas en rebeldía y que, por ende, debió aplicar las presunciones previstas en los arts. 39 de la ley 11.653 y 55 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Luego, en cuanto a la responsabilidad solidaria de los codemandados, alega que es atribución del juzgador, de acuerdo con el principio iuria novit curia , determinar el encuadramiento legal del caso fáctico, por lo que resulta cuestionable la sentencia atacada en cuanto únicamente brinda un escueto fundamento para justificar el rechazo de la extensión de la condena por no haberse acreditado que se configurara la existencia de un conjunto económico.
Por último, plantea que debe declararse procedente la sanción conminatoria establecida en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, en tanto de la contestación de oficio de la AFIP surge la falta de pago de los aportes retenidos. En ese sentido, señala que el tribunal de origen incurrió en un razonamiento absurdo al desestimar el reclamo con fundamento en una presunta inobservancia de lo dispuesto por el art. 26 inc. “f” de la ley 11.653, exigiendo un requisito no previsto normativamente.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado -sin que ello mereciera objeciones-, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina legal (causas L. 123.066, "Núñez", resol. de 14-VIII-2019; L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019 y L. 130.128, "Gómez", resol. de 1-VIII-2023). Tal hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020 y L. 130.284, "Silvero", resol. de 21-VI-2023).
III.2. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que, mediante la denuncia de vulneración de doctrina legal, la impugnante trae a consideración agravios vinculados a cuestiones de índole fáctica y probatoria, como lo son aquéllas vinculadas a determinar -con arreglo a las circunstancias de hecho verificadas en la causa- la real fecha de ingreso y la configuración de responsabilidad solidaria entre las partes (causas L. 105.969, "González", sent. de 13-VI-2012; L. 121.852, "Pérez", resol. de 27-II-2019; L. 124.723, "Núñez", resol. de 2-XI-2020; L. 129.792, "Durandal", resol. de 15-II-2023; L. 130.300, "Bernat", resol. de 12-IX-2023 y L. 130.189, "Asenjo", resol. de 1-XI-2023), asuntos detraídos de revisión de esta Suprema Corte en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto procesal citado.
A lo expuesto, corresponde añadir que esta Corte ha declarado reiteradamente que la doctrina relacionada al vicio de absurdo no resulta idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art. 55 de la ley ritual (causas L. 121.571, "Crisostomi", sent. de 27-V-2020; L. 123.817, "Juncos", sent. 28-IV-2021; L. 124.115, "Sabels", sent. de 13-XII-2021 y L. 131.027, "Peñalva", resol. de 27-II-2024).
III.3. Igualmente inhábiles resultan los precedentes de esta Corte referidos a la infracción del principio de congruencia (causas L. 115.449, "Gamaleri", sent. de 5-III-2014; L. 111.776, "Vanetti", sent. de 25-II-2015; L. 123.315, "Prado", resol. 26-XII-2019; L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020; L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021 y L. 129.117, "García", resol. de 10-V-2023; e.o.), así como aquéllos relacionados con la interpretación de preceptos de carácter adjetivo, como lo es el art. 39 de la ley 11.653 (causas L. 121.519, "Gómez", resol. 6-VI-2018; L. 121.631, "Sosa", resol. de 27-II-2019; L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020; L. 128.903, "Lineros", resol. de 19-IX-2022 y L. 130.322, "La Frossia", resol. de 25-X-2023) cuyo examen, sabido es, se encuentra marginado de la instancia extraordinaria en el marco de la excepción del mencionado art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 enunciada.
III.4. En relación al tercer agravio individualizado, tampoco se advierte configurado el señalado supuesto habilitante, desde que la definición relativa a la concurrencia -o no- de los presupuestos a los que el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo subordina la aplicación de la sanción conminatoria allí prevista, constituye un asunto detraído de revisión en el acotado marco cognitivo en el que el recurso fue concedido (causas L. 108.019. "Morell", sent. de 16-V-2012; L. 115.021 "Mazza", sent. de 27-XI-2013; L. 118976, "Veroisa", resol. de 28-II-2018; L. 127.202, Navone, resol. de 29-XI-2021 y L. 129.122, "Albornoz", resol. de 22-III-2023).
III.5. Finalmente, es dable señalar que no constituye doctrina legal, en los términos señalados, la que deriva de la opinión de los autores o de los fallos de otros tribunales de justicia, ni los de la Corte nacional (causas L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 131.033, "Fleitas", resol. de 27-II-2024).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar, en lo concerniente a lo manifestado en el punto III.3., que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005 y L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-21 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/04/2024 15:11:30 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/04/2024 10:13:38 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/04/2024 13:02:36 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/04/2024 19:04:17 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/04/2024 08:20:43 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 30/04/2024 12:16:00 hs. bajo el número RR-306-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia