Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131177
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 12.961), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Dolores, con asiento en dicha ciudad, rechazó la demanda promovida por el señor César David Rodríguez contra Ricardo Ariel Bartolucci, Natalia Giselle Rodríguez y Roberto Piscine, por la que procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido (v. veredicto y sentencia de fecha 13-VI-2023).
Para así decidir, tras evaluar los elementos probatorios agregados a la causa descartó la existencia de un contrato de trabajo entre las partes, en razón de no verificarse sus notas características de subordinación jurídica, económica y técnica.
II. Contra dicha decisión, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 3-VII-2023), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de 11-VII-2023).
En su presentación relata los antecedentes de la causa y cita las normas que considera transgredidas.
En sustancia, cuestiona la conclusión de grado con arreglo a la cual los magistrados de origen juzgaron no demostrado el vínculo de trabajo entre las partes y, en ese orden, controvierte por absurda la valoración de la prueba efectuada por el sentenciante en cuanto hubo de considerarla ineficaz para acreditar tal extremo, a la vez que considera que en el fallo se omitió evaluar integralmente todos los elementos de juicio obrantes en la causa
Asimismo, denuncia una errónea distribución de la carga de la prueba e infracción de los arts. 9 y 23 de la Ley de Contrato de Trabajo y 375 del Código Procesal Civil y Comercial.
III. El recurso no prospera.
III.1. Sabido es que determinar la existencia de relación de dependencia o subordinación, típica del vínculo contractual de linaje laboral, constituye una cuestión reservada -en principio- en forma privativa a los magistrados de trabajo y, por lo tanto, no resulta susceptible de revisión en esta instancia extraordinaria, salvo la cabal demostración de absurdo (causas L. 121.938, "Martin", resol. de 21-VIII-2019; L. 124.022, "Wojtowicz", resol. de 29-VI-2020; L. 129.209, "Galperín", resol. de 5-XII-2022 y L. 130.724, "Ballesteros", resol. de 4-XII-2023).
Ello exige la verificación de un error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal, o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 121.844, "Sandoval", resol. de 13-II-2019; L. 124.111, "Ferreyra", resol. de 16-VI-2020; L. 124.997, "Petri", resol. de 4-II-2021 y L. 130.621, "Fersio", resol. de 22-XII-2023), ya que no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones alcanzan para configurarlo (causas L. 121.001, "Ledesma", resol. de 7-III-2018; L. 121.844, "Sandoval", resol. de 13-II-2019; L. 124.997, "Petri", resol. de 4-II-2021 y L. 130.746, "Gallego", resol. de 26-XII-2023).
III.2. En el caso, valorando los distintos elementos probatorios adunados a la causa, el sentenciante concluyó que no pudo comprobarse la existencia de un vínculo de naturaleza laboral entre las partes.
A criterio del juzgador, sólo pudo acreditarse que Rodríguez hasta el año 2019 estuvo encargado del mantenimiento en el complejo de departamentos "San Luis", ubicado en Avenida 4 número 853 de Villa Gesell, concretamente realizó tareas en algunos de los departamentos, aunque sin precisarse para quienes. También se probó que por algún tiempo vivió en el citado edificio, pero ninguno de los testigos lo ubicó realizando las tareas que el actor denunció haber realizado. Asimismo, tampoco se demostró que estuviera sometido a las directivas, órdenes, instrucciones, control o poder disciplinario de los accionados, lo que, en rigor, ni siquiera fue planteado en la demanda.
III.3. Estas esenciales conclusiones del fallo no logran ser conmovidas por el recurrente, pues si bien invoca absurdo, cierto es que no logra demostrarlo, desde que -en rigor- su exposición sólo traduce su disconformidad con la solución arribada en el fallo, revelando la insuficiencia del remedio bajo análisis (causas L. 122.043, "Navoni", resol. de 8-V-2019; L. 122.373, "Yamanga", resol. de 5-VI-2019; L. 124.121, "Sánchez", resol. de 11-III-2020; L. 128.234, "Zaccaro", resol. de 19-IX-2022 y L. 129.884, "Emanuele", resol. de 23-XI-2023).
Ello así, pues apartándose de la línea reflexiva y de la apreciación probatoria que en conciencia llevó a los jueces de grado a plasmar la decisión expuesta en la sentencia, se limita a elaborar un nuevo análisis de los hechos y constancias probatorias según su propio criterio valorativo, argumentos estos que no logran demostrar concretamente la grave anomalía invocada (causas L. 121.616, "Lareu", resol. de 5-XII-2018; L. 122.643, "Casali", resol. de 23-X-2019; L. 123.185, "Romero", resol. de 19-II-2020; L. 128.442, "Cirmi", resol. de 7-VI-2022 y L. 129.267, "Elicabe", resol. de 7-IX-2023).
Cabe recordar, en ese sentido, que reiteradamente esta Corte ha declarado que es insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir en forma concreta, directa y eficaz las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 121.538, "Cabral", resol. de 26-IX-2018; L. 122.683, "Aguado", resol. de 16-VI-2020 y L. 129.803, "Amigo", resol. de 6-XII-2023).
Una formulación de ese tenor sólo trasunta la intención de cuestionarle al sentenciante las potestades privativas que le asisten en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 124.883, "Couto", resol. de 16-X-2020; L. 125.035, "Gutiérrez", resol. de 9-XII-2020; L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021 y L. 130.600, "Parente", resol. de 20-IX-2023).
III.4. Por otro lado, como se anticipó, el tribunal de origen, evaluando los escritos constitutivos del proceso y a partir de la negativa de la relación laboral que atribuyó a los demandados, impuso al actor la carga de acreditar que las partes estuvieron unidas por un contrato de trabajo, lo cual -a su juicio- no resultó probado.
Cabe señalar que, si bien el recurrente aduce la indebida atribución de la carga probatoria, no alega, y menos aún demuestra, que el juzgador hubiera interpretado en forma absurda los escritos constitutivos y, en consecuencia, que hubiera realizado un erróneo análisis de los términos en que quedó trabada la litis.
En ese contexto, deviene ineficaz el cuestionamiento fundado en la supuesta infracción del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, pues cabe recordar que si el demandado no reconoció prestación alguna de servicios a su favor por parte del accionante, deviene en consecuencia inaplicable la presunción contenida en la norma citada y ha de juzgarse acertada la decisión del tribunal de trabajo de aplicar -en ese marco- el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, adjudicando al demandante la carga de la prueba de la relación de trabajo invocada (causas L. 116.628, "Coscarelli", sent. de 22-III-2016; L. 119.010, "Martínez", sent. de 28-XII-2016; L. 124.993, "Totaro", resol. de 22-X-2020 y L. 130.013, "Cepeda", resol. de 4-XII-2023).
III.5. Igualmente, en cuanto a la denuncia de transgresión al art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, sabido es, que no resulta de aplicación la regla in dubio pro operario si los jueces manifestaron su plena convicción, sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento respecto de la apreciación del material probatorio (causas L. 121.554, "Pique", resol. de 26-IX-2018; L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021 y L. 130.840, "Aranda", resol. de 1-XI-2023).
III.6. Finalmente, corresponde destacar que no resulta hábil el cuestionamiento afincado en la ponderación de la prueba oral, pues la valoración de las declaraciones testimoniales recibidas en la audiencia de vista de la causa queda reservada a los jueces de grado, y ello así, tanto en lo que concierne al mérito como en lo relativo a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo, que el interesado no logra acreditar (causas L. 114.635, "Enrique", resol. de 17-VIII-2011; L. 119.849, "Rojas", resol. de 4-VIII-2016 y L. 128.469, "Areco", resol. de 21-VI-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 12.961), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/04/2024 15:11:48 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/04/2024 10:13:47 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/04/2024 13:02:47 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/04/2024 19:04:41 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/04/2024 08:20:53 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 30/04/2024 12:16:37 hs. bajo el número RR-324-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia