Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131078
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Junín, con asiento en dicha ciudad, rechazó en todos sus términos la demanda deducida por el señor Claudio Daniel Hunziker contra All Road S.A. mediante la que procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido (v. vered. y sent. de fecha 5-VI-2023).
Para así decidir, y en lo que resulta de interés destacar por ser materia de agravio, juzgó que el distracto dispuesto por la accionada resultó justificado. Al respecto, consideró que las conductas imputadas al actor resultaron lo suficientemente graves como para no admitir la prosecución del vínculo laboral, fundado en la pérdida de confianza.
II. Contra dicha decisión, el legitimado activo interpuso recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, inconstitucionalidad y nulidad (v. escrito de 22-VI-2023), siendo concedido por el a quo únicamente el primero de los nombrados (v. resols. de 14-VII-2023 y 23-VIII-2023).
En la única vía que corresponde analizar en esta sede extraordinaria y a pesar del confuso desarrollo del remedio deducido, el accionante concretamente censura la decisión en torno a la apreciación de la injuria. En ese orden, alega, que el juzgador de grado valoró absurdamente las pruebas aportadas al proceso, especialmente la pericia mecánica, afirmando contradicciones y un alejamiento del "principio de primacía de la realidad".
Afirma irregularidades en la audiencia de vista de causa y en este sentido cuestiona el rechazo a la petición de la nulidad de la prueba pericial mecánica. Invoca vulnerado el principio in dubio pro operario.
III. El recurso no prospera.
III.1. Sabido es que la apreciación del material probatorio, la valoración de la conducta asumida por las partes en la fase previa a la rescisión del vínculo contractual, y lo atinente acerca de la existencia o la entidad de la injuria en las causales invocadas que justifiquen la extinción de dicho vínculo, constituyen materias reservadas a los jueces de grado. Las conclusiones que en ejercicio de dichas atribucioneséstos formulen no son revisables en la instancia extraordinaria, salvo que se acredite la existencia de una absurda apreciación de los hechos y las pruebas de la causa, o que se demuestre que la valoración de la injuria invocada fue efectuada por el juzgador sin la prudencia que la ley exige (art. 242, LCT; causas L. 116.578, "Olivan", sent. de 13-XI-2013; L. 116.274, "Durán", sent. de 15-VII-2015; L. 117.823, "Díaz", sent. de 10-V-2017 y L. 130.169, "Uruzuna", resol. de 4-XII-2023).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 120.518, "Morales", sent. de 13-VI-2018; L. 119.717, "Ortiz", sent. de 10-X-2018; L. 121.376, "Aguirre", sent. de 14-XII-2020).
III.2. En el caso, la carga de evidenciar los extremos indicados no ha sido cumplimentada.
El juzgador de grado -con apoyo en la prueba colectada en el proceso-, juzgó acreditada la justa causa del despido dispuesto por la demandada, toda vez que, la conducta asumida por el actor, en el hecho que se le imputó, generó la pérdida de confianza, incompatible con las modalidades que caracterizan a toda relación laboral.
Como se adelantó, el interesado no cumple con la carga de acreditar el absurdo alegado, pues sólo se limita a efectuar una personal y diferente valoración de los elementos de juicio evaluados por el tribunal de mérito, lo que no es idóneo a los fines de acreditar que la sentencia está viciada por absurdo. Una formulación de ese tenor sólo trasunta la intención de cuestionarle al judicante las potestades privativas que le asisten en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 104.642, "Morgante", sent. de 15-VIII- 2012; L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013; L. 124.846, "Rollhaiser", resol. 21-IX-2020 y L. 127.399, "Zaldúa", resol. de 23-XI-2021).
En efecto, las alegaciones formuladas respecto de la ponderación de la injuria no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva del recurrente, tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas y los testimonios brindados en la audiencia de vista de la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas L. 118.271, "Lugo", resol. de 5-XI-2014; L. 118.305, "Ciarelli", resol. de 11-II-2015 y L. 124.846, cit.).
Cabe añadir, a propósito de las alegaciones vinculadas con los testimonios rendidos en la audiencia de vista de la causa, que en razón del sistema de oralidad imperante en el fuero laboral la prueba oral no puede ser revisada por la Suprema Corte, quedando reservada a los jueces de la causa, quienes gozan de amplias atribuciones en virtud del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones (causas L. 118.004, "Pereyra", sent. de 26-VI-2016; L. 123.818, "García", sent. de 26-V-2021; L. 123.516, "Ramos", sent. de 9-XI-2021).
Por su parte, corresponde recordar que no resulta de aplicación el principio in dubio pro operario si los jueces manifestaron su plena convicción sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento respecto de la apreciación del material probatorio (causas L. 121.554, "Pique", resol. de 26-IX-2018; L. 124.993, "Totaro", resol. de 22-X-2020 y L. 128.046, "Hernández", resol. de 6-II-2023).
III.3. Por otro lado, las alegaciones que porta el recurso, dirigidas a cuestionar supuestas irregularidades ocurridas durante la tramitación del proceso y en la audiencia de vista de causa, en tanto se vinculan a cuestiones preclusas y anteriores al dictado de la sentencia, resultan ajenas a la instancia extraordinaria, desde que el recurso de inaplicabilidad de ley tiene por objeto el pronunciamiento definitivo, y no el reexamen de la estructura del procedimiento antecedente (causas L. 111.655, "P., J.S.", sent. de 5-XII-2012; L. 118.591, "Deluca", resol. de 20-V-2015; L. 125.499, "Casalone", resol. de 6-XI-2020; L. 125.499, "Cabrera", resol. de 22-III-2021 y L. 129.058, "Galván", resol. de 27-II-2023).
III.4. Para más, corresponde señalar que la invocada conculcación de principios y normas constitucionales no comporta un adecuado sustento del remedio bajo examen, cuando tales infracciones constitucionales derivarían como consecuencia de la transgresión de otras normas legales que en autos no fueron acreditadas (causas L. 123.657, Ortiz", resol. de 20-V-2020 y L. 128.157, "Bucci", resol. de 23-II-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/04/2024 15:11:43 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/04/2024 10:13:44 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/04/2024 13:02:44 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/04/2024 19:04:32 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/04/2024 08:20:50 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 30/04/2024 12:16:30 hs. bajo el número RR-318-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia