Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131204
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, rechazó la demanda promovida por María José Pentacolo contra el Colegio Parroquial San Pablo en la que procuraba el cobro de una indemnización por despido discriminatorio así como los daños y perjuicios generados por el distracto (v. pronunciamiento de fecha 20-IV-2023).
Para así decidir, tuvo por acreditado que la institución educativa demandada rescindió el vínculo con la actora conforme las causales establecidas en el art. 212 de la Ley de Contrato de Trabajo, poniendo a su disposición indemnizaciones y el certificado de trabajo regulado en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
De esta manera, indicó que, si bien la normativa aboga a que el empleador otorgue tareas acordes a la aptitud física de la trabajadora, no resultaba razonable exigirle a éste crear nuevos puestos, despedir o cambiar condiciones de sus compañeros.
En ese marco, desestimó también que el vínculo laboral dispuesto por la accionada haya estado motivado en un acto discriminatorio por motivos de salud.
II. Contra dicha decisión, la legitimada activa interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 19-IV-2023), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de 3-VIII-2023).
Denuncia que el tribunal de grado omitió aplicar múltiples previsiones legales de carácter internacional tendientes a proteger a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, como es la trabajadora. A tal fin, denuncia conculcada la regla de inversión del onus probandi en los casos de discriminación, como ocurre en la especie.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo liminar, cabe destacar que -en el caso-, el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por la suma reclamada en la demanda-, no supera el monto mínimo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, sin que corresponda adicionar intereses o realizar actualizaciones (causas L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019, L. 124.713, "Juárez", resol. de 2-X-2020; L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021; L. 125.750, "Di Tullio", resol. de 15-IV-2021 y L. 126.116, "Pérez", resol. de 19-IV-2021), razón por la cual su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653.
Siendo así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, supuesto que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.516, "Raminey", sent. del 1-IV-2015; L. 123.644, "Goicoechea", sent. 9-II-2021 y L. 131.009, "Sanchez", resol. de 4-XII-2023).
III.2. Bajo las señaladas premisas, no se verifica la concurrencia de aquel supuesto descripto que justifique su encuadre en la citada norma adjetiva, toda vez que todos los cuestionamientos y reproches que el interesado trae a consideración de esta Casación se refieren a cuestiones cuya definición es privativa del tribunal de grado, vinculadas a la valoración de los hechos y las pruebas, detraídos de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes citado (causas L. 122.127, "Saavedra", resol. de 10-IV-2019; L. 122.613, "Parceq", resol. de 5-VI-2019; L. 125.484, "Ríos", resol. de 21-XII-2020; L. 129.236, "Bijarra", resol. de 10-XI-2022 y L. 131.009, cit.).
III.3. Igualmente, y para mayor satisfacción de la recurrente, corresponde recordar que no constituye doctrina legal, en los términos señalados, la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia, ni los de la Corte nacional (causas L. 126.487, "González", resol. de 8-II-2021; L. 125.472, "Ávila", resol. de 12-II-2021; L. 126.551, "Arias", resol. de 4-III-2021 y L. 127.711, "Zapata", resol. de 11-II-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/04/2024 09:27:56 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/04/2024 10:19:08 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/04/2024 09:16:34 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/04/2024 19:10:33 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/04/2024 08:24:08 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 30/04/2024 12:18:43 hs. bajo el número RR-363-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia