Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131228
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Dolores, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la acción promovida por Roberto Vanden Bossch y Delia Raquel Díaz y, en consecuencia, condenó a Consorcio de Propietarios Edificio Bernardino Rivadavia a abonar la suma que especificó en concepto de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. veredicto y sentencia de fecha 25-XI-2021).
Para así decidir, con fundamento en las probanzas aportadas a la causa, juzgó justificado el despido en que se colocaron los accionantes.
II. Frente a lo así decidido, el legitimado pasivo dedujo recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 9-XII-2021), los que fueron concedidos por el a quo (v. resolución del 16-VIII-2023).
III.1. En el recurso extraordinario de nulidad, el interesado denuncia violado el art. 171 de la Constitución provincial, pues entiende que la decisión de grado luce desprovista de todo sustento legal. Concretamente, objeta la definición del fallo que consideró justificado el despido indirecto, pues -a su criterio- aquel efectuó una absurda valoración de las pruebas.
III.2. El recurso no prospera.
III.3.a. En principio corresponde recordar, que lo que el art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires sanciona con la nulidad es la ausencia de base legal de las decisiones judiciales, más no su incorrecta, desacertada o deficiente fundamentación, cuyo estudio resulta ajeno al remedio intentado, siendo inherente al de inaplicabilidad de ley (causas L. 106.708, "Severino", sent. de 12-VI-2013; L. 117.190, "Almada", sent. de 17-IX-2014; L. 118.619, "Praxair", resol. de 29-IV-2015; L. 120.845, "SATA Argentina S.A.", resol. de 18-IV-2018; L. 125.657, "Durand", resol. de 2-III-2021 y L. 129.402, "Gallo", resol. de 6-XII-2023).
En el caso, no se encuentra vulnerada aquella cláusula constitucional denunciada, habida cuenta que la simple lectura del fallo en crisis demuestra que el mismo se encuentra basado en el texto expreso de la ley (causas L. 117.190, "Almada", sent. de 17-IX-2014; L. 118.619, "Praxair", resol. de 29-IV-2015 y L. 123.718, "Kollrich Borsani", resol. de 9-VI-2020); no correspondiendo examinar lo atinente a la incorrección, desacierto o deficiencia en su fundamentación, toda vez que ello se encuentra detraído del acotado marco de actuación del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 90.030, "Romano", sent. de 13-II-2008; L. 122.000, "Devincentti", resol. de 26-XII-2018 y L. 124.195, "Gómez", resol. de 2-X-2020).
III.3.b. Cabe agregar, asimismo, que la improcedencia del remedio procesal elegido se exhibe nítida no bien se advierte que sus argumentaciones también se dirigen a objetar el modo como el tribunal abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el análisis a la imputación de presuntos errores de juzgamiento cuyo tratamiento -como es sabido- es ajeno al limitado marco de conocimiento del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 122.963, "Romero", resol. de 18-IX-2019; L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021).
IV.1. En el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley el interesado alega -en su escueto desarrollo- que la conclusión del fallo es fruto de una absurda valoración de los hechos y de las pruebas producidas en la causa. Asimismo, cuestiona las fechas de inicio de las relaciones laborales acreditadas en autos.
IV.2. El recurso tampoco prospera.
IV.3. De modo liminar, cabe señalar que, en el caso, configurándose el supuesto de litisconsorcio facultativo activo, el monto del juicio en relación a la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, está representado por el importe de condena fijado individualmente a favor de cada uno de los actores, el cual -en ningún caso- supera el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141; causas L. 120.341, "Mansilla", sent. de 18-IV-2018; L. 121.809, "Bontempi", sent. de 25-VIII-2020 y L. 130.500, "Pezzana", resol. de 4-X-2023). Por tal razón, su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 127.604, "Díaz", resol. 20-XII-2021; L. 129.902, "Leihner", resol. de 10-IV-2023 y L. 130.306, "Mangiapane", resol. de 21-VI-2023).
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023 y L. 130.155, "Alcaraz", resol. de 11-VII-2023).
IV.4. En el ámbito de excepción por el que transita el recurso, la postulación resulta inadmisible.
Ello así, pues aun cuando los cuestionamientos y argumentaciones que trae el recurrente involucran el análisis de cuestiones de índole fáctica y probatoria -que, como tales, se encuentran excluidas del ámbito de la casación por la vía intentada- cierto es que en su impugnación tan sólo cita como transgredidos precedentes definitorios del vicio de absurdo, que bien es sabido, no habilitan la excepción prevista en el citado art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 121.937, "Sosa", resol. de 17-X-2018; L. 121.811, "Maroni", resol. de 14-XI-2018; L. 125.045, "Almeida", resol. de 14-XII-2020; L. 127.872, "Machado", resol. de 10-II-2022; L. 130.270, "Díaz", resol. de 7-IX-2023 y L. 130.810, "Méndez", resol. de 4-X-2023).
Finalmente, no es ocioso recordar que no constituye doctrina legal, en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, la que deriva de la opinión de los autores (causas L. 121.429, "Maravilla", sent. de 19-IX-2019; L. 121.841, "Sanchioni", sent. de 21-IV-2021 y L. 131.044, "Rodríguez", resol. de 27-II-2024).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/04/2024 09:28:03 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/04/2024 10:19:11 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/04/2024 09:16:37 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/04/2024 19:10:40 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/04/2024 08:24:11 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 30/04/2024 12:18:50 hs. bajo el número RR-369-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia