Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131246
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que los planteos introducidos en el punto III.2, no reúnen los requisitos esenciales, y los tratados en el III.3. y III.4. han sido insuficientemente fundados (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Tandil, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, hizo lugar parcialmente a la acción promovida por el señor Emiliano Manuel Gianelli y condenó a Thaun S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de horas extraordinarias desde el día 7 de noviembre de 2019 al 20 de marzo de 2020 y la indemnización en los términos del art. 53 ter de la Ley 11.653. Por el contrario, la desestimó en cuanto perseguía el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido, la sanción prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo y otros rubros de naturaleza laboral (v. veredicto y sentencia de fecha 11-VIII-2023).
Para así decidir, en primer lugar, concluyó que el distracto dispuesto por el trabajador resultó injustificado, toda vez que en el contexto de las circunstancias fácticas en que éste se produjo y las características de la relación laboral, el único incumplimiento de la patronal demostrado en autos no resultó de entidad suficiente para disolver el vínculo laboral.
Por otro lado, tuvo por acreditado que el principal cumplió con la obligación contenida en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, tras juzgar que los certificados aludidos en la norma fueron acompañados por el accionado al contestar la demanda, sin que el actor haya formulado manifestación alguna al respecto, ni invocado o acreditado perjuicio alguno.
Finalmente, juzgó no probada la falta de ingresos de aportes retenidos al trabajador con destino a los organismos correspondientes. En tal sentido, indicó que el informe pericial contable dio cuenta que los depósitos correspondientes a los aportes y contribuciones de ley fueron realizados oportunamente por la empleadora.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 31-VIII-2023), el que fue concedido por el a quo (v. providencia de fecha 7-IX-2023).
En su presentación invoca absurdo, cita las normas y la doctrina legal que considera violada.
En primer lugar, se agravia de la conclusión a la que arribó el juzgador de origen con arreglo a la cual consideró injustificado el despido dispuesto por el trabajador. En este sentido, sostiene que se realizó una incorrecta apreciación de la prueba producida respecto de cada una de las causas injuriosas invocadas en la comunicación rescisoria.
Asimismo, cuestiona el rechazo de la multa del art. 2 de la ley 25.323 y la aplicación del incremento indemnizatorio previsto en el decreto 34/2019.
Por otra parte, controvierte la desestimación de la sanción establecida en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo y objeta la parcela del fallo que tuvo por cumplida la obligación prevista en el art. 80 de la citada ley.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. En el caso, los cuestionamientos traídos por el interesado versan sobre pretensiones independientes deducidas en una misma demanda (acumulación objetiva), constatándose que dos de ellas -la entrega del certificado de servicios previsto en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y la sanción conminatoria del art. 132 bis de la citada ley- deben juzgarse como de monto indeterminado (causas L. 121.284, "Bernardo", resol. de 6-XII-2017; L. 122.319, "Sernal", resol. de 27-II-2019; L. 123.060, "Font", resol. de 11-III-2020; L. 125.158, "Sangorrin", resol. de 4-III-2021; L. 126.836, "Fernández", resol. de 26-V-2021 y L. 128.035, "Suriani", resol. de 23-V-2022).
III.2.a. En cambio, la admisibilidad respecto de los restantes agravios propuestos -representado por los importes correspondientes al distracto y los rubros salariales reclamados en la demanda que han sido rechazados y son motivo de agravio-, no superan el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (ley 14.141), de modo que la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido debe ser analizado dentro del marco definido en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley ritual del fuero.
Así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
III.2.b. En ese marco, y en relación a la impugnación vinculada al despido directo, no se advierte configurado el supuesto habilitante previsto en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, puesto que, el interesado trae a consideración agravios relacionados a cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado y relativos a la valoración de los hechos y las pruebas -tales como son las vinculadas a la interpretación de la injuria con aptitud para justificar la rescisión del contrato de trabajo-, asuntos detraídos de la revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes citado (causas L. 118.595, "Machado", resol. de 9-IX-2021; L. 127.700, "Guinea", resol. de 10-II-2022 y L. 129.740, "Miceli", resol. de 27-II-2023).
Luego, importa destacar que, reiteradamente, ha declarado esta Corte que las doctrinas referidas al vicio de absurdo no resultan idóneas a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art. 55 de la ley ritual (causas L. 119.427, "De Santo", sent. de 21-II-2018; L. 120.430, "González", sent. de 2-V-2019 y L. 127.812, "Casas", resol. de 7-III-2022).
De igual modo, corresponde recordar que no constituye doctrina legal, en los términos señalados, la que deriva de la opinión de los autores (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 129.892, "Gallo", resol. de 14-III-2023).
III.2.c. Por lo demás, en cuanto a los restantes cuestionamientos traídos, vinculados a la multa del art. 2 de la ley 25.323 y la aplicación del incremento indemnizatorio previsto en DNU 34/19, el interesado prescinde de citar como transgredida doctrina legal de esta Suprema Corte a su respecto, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020; L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020; L. 127.018, "Flores", resol. de 26-IV-2022 y L. 129.043, "Rubira", resol. de 19-IX-2022).
III.3.a. Ningún reparo admite en cuanto a su admisibilidad, el embate dirigido a censurar aquella parcela del pronunciamiento que rechazó la imposición de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, pues el importe de la penalidad establecida en la citada norma legal sería el equivalente a las remuneraciones que se devengaron mensualmente a favor del trabajador, con igual periodicidad a la del salario, hasta que el empleador acreditara de modo fehaciente el ingreso efectivo de los montos retenidos, lo que torna al litigio, a los fines del recurso, como de monto indeterminado (art. 55, ley 11.653; causas L. 115.021, "Mazza", sent. de 27-XI-2013; L. 117.532, "Norese", resol. de 1-VII-2015; L. 122.784, "Eguren", resol. de 18-IX-2019 y L. 126.825, "Cherchyk", resol. de 17-VIII-2021).
III.3.b. Sentado ello, esta Corte ha señalado que determinar -con arreglo a las constancias adunadas en la causa- si se verifican los requisitos a los cuales la citada norma del art. 132 bis de la ley 20.744 subordina la aplicación de la sanción allí prevista, constituye una facultad privativa del tribunal de trabajo, y las conclusiones que al respecto se formulen no son susceptibles de revisión ante la Suprema Corte, salvo el supuesto excepcional de absurdo (art. 55, ley 11.653; L. 120.003, "Peralta", 24-IV-2019, L. 122.784, "Eguren", resol. de 18-IX-2019 y L. 123.851, "Irazoqui", resol. de 27-V-2020).
Ello requiere la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 86.645, "Barroso", sent. de 21-V-2008 y L. 100.946, "Piza", sent. de 2-VII-2010), ya que no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurarlo (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco" resol. de 24-VIII- 2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020).
III.3.c. En el caso, el órgano judicial de grado rechazó la pretensión del trabajador tendiente a percibir la citada sanción conminatoria, señalando que -en virtud de lo dispuesto en el dictamen pericial contable- se acreditó el depósito de las retenciones que le fueron efectuadas al trabajador a los organismos respectivos.
Así, las conclusiones expuestas en la sentencia impugnada no logran ser descalificadas por el recurrente. Ello así, puesto que las alegaciones formuladas no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos de aquella tarea llevada a cabo por los magistrados, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020; L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021 y L. 126.986, "Giménez", resol. de 29-XI-2021).
A lo expuesto cabe acotar que la selección, jerarquización y valoración del material probatorio constituye una facultad privativa del tribunal de trabajo y las conclusiones que al respecto formule, no son susceptibles de revisión ante la instancia extraordinaria, salvo invocación y demostración del vicio de absurdo (causas L. 124.092, "Arévalo", resol. de 10-VIII-2020; L. 124.195, "Gómez", resol. de 2-X-2020 y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020), vicio que el impugnante -como se anticipó- no logra demostrar.
En suma, el agravio traído revela la ausencia de idoneidad para rebatir la decisión adoptada en la instancia de origen, pues no aporta ningún elemento convincente que demuestre que la solución dada al caso sea absurda, o el error en la aplicación de las normas que se denuncian violadas.
III.4. Por último, el planteo vinculado a la entrega de la certificación de servicios prevista en el art. 80 de la ley de Contrato de Trabajo, también ha sido insuficientemente fundado.
Es dable recordar -inicialmente- que la valoración del material probatorio, así como la apreciación del contenido de los certificados previstos en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, constituyen facultades privativas del tribunal de trabajo, y las conclusiones que al respecto se formulen no son susceptibles de revisión ante la Suprema Corte, salvo la cabal demostración de absurdo (causas L. 107.254, "Alveira Gracilazo", sent. de 5-VI-2013; L. 110.487, "Ojer", sent. de 13-XI-2013; L. 119.555, "Bocca", sent. de 15-VIII-2018 y L. 127.092, "Sassou", resol. de 13-XII-2021).
En este contexto, el interesado agota su crítica en manifestar su disconformidad con el criterio expuesto en el fallo, sin profundizar un concreto y eficaz ataque de las conclusiones fácticas volcadas por el tribunal de origen en función que le compete privativamente (causas L. 94.183 "Giorello", sent. de 9-XII-2009; L. 98.010 "Rey", sent. de 24-XI-2010 y L. 125.158, "Sangorrín", resol. de 4-III-2021).
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
A tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.) -y dejando a salvo mi opinión expuesta en las causas L. 97.082, "Santisteban" (sent. de 30-III-2011) y L. 108.498, "Carabajal" (sent. de 22-V-2013), entre otras-, acompaño lo decidido en el punto III.1 por los colegas que me preceden en la votación.
Luego, también adhiero a lo expuesto en los puntos III.2. III.3 y III.4 del voto inaugural del Acuerdo.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que los planteos introducidos en el punto III.2, no reúnen los requisitos esenciales, y los tratados en el III.3. y III.4. han sido insuficientemente fundados (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/04/2024 09:28:08 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/04/2024 10:19:13 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/04/2024 09:16:40 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/04/2024 19:10:46 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/04/2024 08:24:13 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 30/04/2024 12:19:10 hs. bajo el número RR-374-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia