Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131266
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de nulidad, atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de San Nicolás, hizo lugar a la demanda promovida por el señor Pablo Gabriel Chávez, condenando al Frigorífico Mark S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización despido y otros rubros de linaje laboral. Asimismo, juzgó que correspondía aplicar la sanción del art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. vered. y sent. de fecha 7-VIII-2023).
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado pasivo dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentaciones del 23-VIII-2023), los que fueron concedidos por el a quo , el segundo en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resol. de 6-IX-2023), habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen electrónico de fecha 13-III-2024).
En el recurso extraordinario de nulidad, el interesado denuncia la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
En lo esencial, cuestiona que la declaración de temeridad y malicia, efectuada por el sentenciante, adolece de nulidad en tanto se exhibe infundada, arbitraria, incoherente y absurda.
III. De conformidad con el dictamen del señor Procurador General, el recurso no puede prosperar.
III.1. De modo liminar, corresponde señalar que la vía prevista en el art. 161 apartado 3 inc. "b" de la Constitución provincial sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución cit.; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020; L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021 y L. 128.958, "Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo", resol. de 11-VII-2023).
III.2. Con arreglo a tales premisas el carril de nulidad deducido no puede tener favorable recepción, desde que, a lo largo de la pieza de protesta, no se observa ningún agravio pasible de ser encuadrado en el art. 168 de la Constitución provincial, respecto de la cual se pueda inferir que persiga la declaración de nulidad del pronunciamiento atacado.
Resta señalar que son asuntos ajenos al remedio en examen la denuncia de violación de garantías consagradas en la Constitución nacional y la supuesta transgresión del principio de congruencia derivada de eventuales decisiones ultra petita o errores in iudicando (causas L. 127.874, "Chelia", resol. de 1-IV-2022 y L. 129.394, "González", resol. de 10-IV-2023).
III.3. Por último, ante la cita de la norma del art. 171 de la Constitución local, cabe señalar que el pronunciamiento dictado se encuentra respaldado en expresas disposiciones legales (causas L. 123.718, "Kollrich Borsani", resol. de 9-VI-2020; L. 126.258, "Alterino", resol. de 26-V-2021 y L. 129.219, "Barbuto", resol. de 5-XII-2022).
IV. En la segunda vía extraordinaria interpuesta, relata los antecedentes de la causa, cita las normas y la doctrina que considera conculcada.
En su desarrollo, y reiterando los argumentos vertidos al fundamentar el remedio extraordinario de nulidad, se agravia de la sanción impuesta por el sentenciante conforme lo previsto en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo.
IV.1. El presente recurso tampoco puede prosperar.
IV.1.a. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina (causas L. 113.436, "Núñez", resol. de 16-III-2011; L. 113.743, "Pérez", resol. de 17-VIII-2011; L. 117.035, "Abregú", resol. de 25-IX-2013; L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015 y L. 124.706, "Álvarez", resol. de 15-IX-2020), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.663, "Cordero", resol. de 5-VI-2019; L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020 y L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021).
IV.1.b. Asimismo, luce infructuoso el planteo de inconstitucionalidad del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial, rectius : 278, esta Suprema Corte tiene dicho, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 apartado 3 inc. "a" de la Constitución de la Provincia establece que el conocimiento y resolución del indicado remedio procesal compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas L. 116.461, "Arriola Camacho", sent. de 31-VII-2013; L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015 y L. 124.765, "Trescher", resol. de 23-IX-2020).
Cabe agregar a ello -como también lo ha resaltado esta Corte- que el juego armónico de lo dispuesto por los artículos 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en modo alguno veda la deducción del medio de impugnación previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causas L. 117.612, "Aranda", sent. de 17-IX-2014; L. 118.542 "Holzman", resol. de 10-XII-2014 y L. 124.714, "Tolosa", resol. de 24-VIII-2020).
IV.2. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que mediante la denuncia de vulneración de doctrina legal el impugnante trae a consideración agravios vinculados a cuestiones de índole fáctica y probatoria -como lo es, en la especie, la procedencia de la sanción del art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo- asuntos detraídos de revisión de esta Suprema Corte en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto procesal citado (causas L. 122.560, "Bozzi", resol. de 14-VIII-2019; L. 123.833, "Benítez", resol. de 27-XI-2019; L. 125.606, "Maldonado", resol. de 29-III-2021 y L. 126.864, "López", resol. de 13-VII-2021).
No mejora la suerte de la impugnación la mención de precedentes definitorios del absurdo, en tanto no habilitan la excepción prevista en el citado art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (causas L. 125.418, "Marín", resol. de 12-II-2021; L. 128.010, "Lezcano", resol. de 1-XI-2021; L. 127.289, "Juárez", resol. de 17-XI-2021; L. 128.169, "Espósito", resol. 19-V-2022 y L. 130.065, "Tejera", resol. de 17-IV-2023).
IV.3. Finalmente, cabe recordar que esta Corte tiene dicho que la doctrina legal es la que emana de sus propios fallos y no la que deriva de la opinión de los autores (causas L. 121.514, "Pardo", resol. de 26-IX-2018; L. 125.472, "Ávila", resol. de 12-II-2021; L. 126.551, "Arias", resol. de 4-III-2021 y L. 130.081, "Torres", resol. de 27-III-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/04/2024 11:48:41 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/05/2024 21:28:15 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/05/2024 11:23:00 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2024 22:37:43 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2024 09:06:04 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/05/2024 13:02:36 hs. bajo el número RR-438-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia