Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131292
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que los planteos introducidos en el punto III.2, no reúnen los requisitos esenciales, y el tratado en el III.3. han sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Soria, Genoud y Torres dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de Avellaneda, perteneciente al Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, hizo lugar parcialmente a la acción interpuesta por el señor Néstor Fontana y, en consecuencia, condenó a Destilería Argentina de Petróleo S.A., al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización por despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. vered. y sent. de fecha 8-VI-2023).
Para así decidir, en lo que resulta materia de agravio, concluyó justificado el despido indirecto en que se colocó el trabajador. A tal fin, juzgó acreditado que el actor se desempeñó -contrariamente a como se encontraba registrado por la accionada- en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 449/2006. En este contexto, dispuso, además, una nueva entrega de los certificados de trabajo previstos en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, conforme las nuevas modalidades de la relación laboral acreditas en autos.
II. Contra la decisión de grado, la legitimada pasiva deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 28-VI-2023), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de 9-VIII-2023).
En su presentación relata los antecedentes de la causa. Alega arbitrariedad e individualiza las normas que considera violadas.
En primer lugar, cuestiona el encuadre legal que el a quo le dio a la relación habida entre las partes. En este sentido, afirma que en virtud de la categoría laboral y la naturaleza de las tareas que ejercía el actor en la plata industrial -según su criterio- le eran aplicables las normas de la Ley de Contrato de Trabajo y no -como concluyó el juzgador- dentro del marco del convenio colectivo de trabajo 449/2006.
En segundo lugar, la crítica se dirige a objetar la remuneración que fue reconocida al trabajador.
Finalmente, se agravia de que el tribunal de grado la condenara a entregar los instrumentos previstos en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
III. El recurso no prospera.
III.1. Cuestiones de orden metodológico imponen examinar la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso, particularmente en lo referido al valor del litigio.
En el caso, los cuestionamientos traídos versan sobre pretensiones independientes deducidas en una misma demanda (acumulación objetiva), constatándose que una de ellas -la entrega del certificado de servicios previsto en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo- debe juzgarse como de monto indeterminado (causas L. 103.117, "Sorli", sent. de 18-V-2011; L. 112.590, "Escudero", sent. de 9-IV-2014; L. 121.284, "Bernardo", resol. de 6-XII-2017; L. 123.060, "Font", resol. de 11-III-2020; L. 125.158, "Sangorrin", resol. de 4-III-2021 y L. 126.836, "Fernández", resol. de 26-V-2021).
III.2.a. En cambio, la admisibilidad respecto de los restantes agravios propuestos -representado por la suma correspondiente al capital de condena- no superan el monto mínimo para recurrir fijado por el artículo 278 del Código Procesal Civil y Comercial, sin que corresponda adicionar intereses (causas L. 124.713, "Juárez", resol. de 2-X-2020; L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021; L. 125.750, "Di Tullio", resol. de 15-IV-2021 y L. 126.116, "Pérez", resol. de 19-IV-2021). Por tal razón, la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020; L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020 y L. 129.902, "Leihner", resol. de 10-IV-2023).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.663, "Cordero", resol. de 5-VI-2019; L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020 y L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021).
III.2.b. En ese marco, y en relación a los dos primeros planteos que porta el recurso, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, dado que la recurrente no cita como transgredida doctrina legal alguna de esta Suprema Corte vinculada a los agravios que trae a análisis (causas L. 94.682, "Mangione", sent. de 2-IX-2009; L. 120.087, "Gorosito", resol. de 21-XII-2016; L. 122.906, "Valentini", resol. de 11-III-2020 y L. 127.018, "Flores", resol. de 26-IV-2022).
III.2.c. Por lo demás, es dable recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 127.711, "Zapata", resol. de 11-II-2022).
III.3.a. Por el contrario, conforme lo anticipado, en relación a la crítica que refiere a la entrega de las certificaciones que estatuye el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345), corresponde habilitar esta instancia extraordinaria sin las restricciones a la admisibilidad (arts. 278, CPCC y 55, ley 11.653), toda vez que el valor del litigio, en tal caso, debe considerarse como de monto indeterminado (causas L. 93.075, "Aguilar", sent. de 13-VII-2011; L. 118.753, "Márquez", sent. de 15-XI-2016; L. 119.142, "Duclos", sent. de 28-II-2018 y L. 125.158, "Sangorrin", resol. de 4-III-2021).
III.3.b. Es dable recordar -inicialmente-, que la apreciación del contenido de los certificados previstos en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, constituyen facultades privativas del tribunal de trabajo, y las conclusiones que al respecto se formulen no son susceptibles de revisión ante la Suprema Corte, salvo la cabal demostración de absurdo (causas L. 107.254, "Alveira Gracilazo", sent. de 5-VI-2013; L. 110.487, "Ojer", sent. de 13-XI-2013; L. 119.555, "Bocca", sent. de 15-VIII-2018 y L. 127.092, "Sassou", resol. de 13-XII-2021).
III.3.c. En la especie, la recurrente omite satisfacer dicho recaudo, toda vez que no invoca en esta parcela del recurso, la configuración del mentado vicio, por lo que la réplica resulta insuficientemente fundada.
En efecto, sabido es que esta Corte reiteradamente ha señalado que es técnicamente defectuoso el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que impugna la interpretación efectuada por el tribunal de la instancia ordinaria en función que le compete privativamente, omitiendo la invocación del mencionado yerro sentencial (art. 279, CPCC y su doctrina; causas L. 124.434, "Cejas", resol. de 23-X-2020; L. 125.047, "Hastoy", resol. de 9-XII-2020 y L. 127.398, "Rizzo", resol. de 27-II-2023).
De todos modos, sin perjuicio de la marcada insuficiencia técnica que presenta la impugnación, cabe señalar que, el escueto agravio, transita sobre meras apreciaciones personales de la agraviada, inidóneas para conmover lo resuelto en la instancia de origen, en tanto sólo exhibe su disconformidad con la solución alcanzada por el sentenciante, para quien el encuadre legal de la relación laboral -contrariamente a como se encontraba registrado por la accionada- se desarrollaba en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 449/2006 y, en ese marco, ordenó a la empleadora la entrega de las certificaciones que estatuye el mencionado art. 80 de la ley 20.744, conforme las nuevas modalidades de la relación laboral acreditas en autos.
En este sentido, reiteradamente ha declarado este Tribunal que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que agota su pretensión en el mero intento de sustituir el criterio de los juzgadores de origen por el propio, porque el vicio de absurdo sólo se configura ante el error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco" resol. de 24-VIII- 2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020), ya que no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones alcanzan para configurarlo (causas L. 121.001, "Ledesma", resol. de 7-III-2018; L. 123.652, "Zalazar", resol. de 6-VII-2020 y L. 125.471, "Chiminelli", resol. de 6-XI-2020).
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
A tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.) y dejando a salvo mi opinión expuesta en las causas L. 97.082, "Santisteban" (sent. de 30-III-2011) y L. 108.498, "Carabajal" (sent. de 22-V-2013) -entre otras-, acompaño lo decidido por mis colegas preopinantes en el punto III.1 de su propuesta.
Luego, también adhiero a lo expuesto en los puntos III.2. y III.3. del voto inaugural del Acuerdo.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que los planteos introducidos en el punto III.2, no reúnen los requisitos esenciales, y el tratado en el III.3. han sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/04/2024 11:48:51 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/05/2024 21:28:19 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/05/2024 11:23:05 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2024 22:38:00 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2024 09:06:08 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/05/2024 13:03:23 hs. bajo el número RR-447-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia