Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131296
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal del Trabajo con asiento en la ciudad de Olavarría, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por la señora Verónica Inés Ehrk contra el señor Daniel Ricardo Gisler y, en consecuencia, lo condenó al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización por despido y otros rubros de naturaleza laboral. La rechazó, en cuanto pretendía el cobro del daño moral, las multas previstas en los arts. 8 y 15 de la ley 24013 y el reclamo fundado en el art. 1 de la ley 25.323 (v. pronunciamiento de fecha 29-III-2023).
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 17-IV-2023), el que fue concedido por el a quo (v. providencia de fecha 10-V-2023).
En su escrito recursivo, alega absurdo en la valoración de las pruebas, especialmente la documental y testimonial, agraviándose de la conclusión a la que arribó el juzgador de origen con arreglo a la cual desestimó las multas establecidas en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013 y 1 de la ley 25.323.
Asimismo, objeta la decisión del tribunal en cuanto juzgó no acreditado que la actora sufriera hostigamiento laboral por parte del empleador.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone observar que -en el caso- el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley -representado por las sumas reclamadas en la demanda de cuyo rechazo se agravia la recurrente- no excede el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, razón por la cual la admisibilidad de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020; L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020 y L. 129.902, "Leihner", resol. de 10-IV-2023).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas causas L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020 y L. 130.284, "Silvero", resol. de 21-VI-2023).
III.2. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que la quejosa no denuncia doctrina legal vinculada con las objeciones que formula, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 125.162, "Navarro", resol. de 12-II-2021; L. 128.489, "Domínguez", resol. de 29-VI-2022 y L. 129.683, "Aguiar", resol. de 10-IV-2023).
III.3. Por lo demás, es dable recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 128.158, "Robaldo", resol. de 5-V-2022 y L. 128.892, "Moreno", resol. de 19-IX-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/04/2024 11:48:53 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/05/2024 21:28:20 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/05/2024 11:23:06 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2024 22:38:04 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2024 09:06:09 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/05/2024 13:03:27 hs. bajo el número RR-449-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia