Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130332
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
Los señores Jueces doctores Soria, Genoud y Torres dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, decretó la caducidad de la instancia en la acción instaurada por el señor Amalio Ojeda contra Orlando Alberto Marton y Maxiobra S.R.L., en la que procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. pronunciamiento de fecha 1-II-2023).
Para así decidir, juzgó que el actor no produjo, habiendo sido previamente intimado, actividad procesal útil para la prosecución del trámite de las actuaciones.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 22-II-2023), el que fue concedido por el a quo en el marco del art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resolución del 23-II-2023).
En su escueta argumentación, manifiesta que el fallo viola los arts. 11 y 12 de la ley 11.653, así como la doctrina legal que cita. Esencialmente, cuestiona la decisión de grado en cuanto decretó la perención de la instancia, a pesar de que -a su juicio- existía un deber específico del tribunal de grado en impulsar la causa, a la vez que se evidencia el interés de esa parte en la continuación del trámite.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe señalar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina legal (causas L. 117.035, "Abregú", resol. de 25-IX-2013; L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015 y L. 124.706, "Álvarez", resol. de 15-IX-2020), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.663, "Cordero", resol. de 5-VI-2019; L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020 y L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021).
III.2. En ese contexto, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, toda vez que las doctrinas contenidas en el escrito recursivo -además de haber sido elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos disimiles- remiten a cuestiones estrictamente procesales -como lo es, la referida al instituto de la caducidad de instancia- y, como tales, detraídas de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el ya citado precepto adjetivo (causas L. 122.325, "Canali", resol. de 19-XII-2018, L. 122.878, "Galeano", resol. de 21-VIII-2019; L. 123.923, "Diamante", resol. de 16-VI-2020 y L. 128.443, "Sosa", resol. de 29-VI-2022).
Para más, cabe destacar que no constituye doctrina legal, en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, la que deriva de la opinión de los autores (causas L. 130.678, "Romero", resol. de 26-XII-2023; L. 131.073, "Basterrechea", resol. de 27-II-2024 y L. 131.028, "Solari", resol. de 6-III-2024).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005 y L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 125.904, "Almada", resol. de 1-IX-2021; L. 124.100, "Goncalves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/05/2024 14:55:25 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/05/2024 09:41:35 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/05/2024 09:43:57 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 31/05/2024 23:34:50 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2024 08:41:25 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/06/2024 14:04:33 hs. bajo el número RR-572-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia