Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130944
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley traídos, en atención a que no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda promovida por el señor Ramón Enrique Cabral y condenó a Unión Platense S.R.L. al pago de las indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva de preaviso e integración del mes de despido, sueldo anual complementario y vacaciones proporcionales. La rechazó, en cambio, respecto al reclamo por haberes adeudados y los incrementos contemplados en los arts. 2 de la ley 25.323 y 53 ter de la ley 11.653 (v. pronunciamiento de 26-IV-2023).
Para así decidir, juzgó acreditado que las partes estuvieron vinculadas por un contrato de trabajo desde el día 24 de octubre de 1985 hasta el 2 de mayo de 2019 cuando el dependiente se consideró despedido.
Examinadas las causales esgrimidas para disolver el vínculo, el a quo resolvió que la negativa del empleador a abonar en debida forma los salarios durante el período de la licencia prevista en el art. 208 de la Ley de Contrato de Trabajo constituyó injuria de gravedad suficiente para legitimar la rescisión contractual (art. 242, LCT).
Por otro lado, atendiendo a las particulares circunstancias que rodearon el caso, teniendo en consideración la compleja valoración de la injuria invocada, entendió que correspondía eximir a la demandada del pago de la indemnización prevista en el art. 2 de la ley 25.323.
Asimismo, rechazó la pretensión respecto al pago de haberes adeudados, pues consideró que el actor no había practicado liquidación ni especificado los períodos a los cuales circunscribía concretamente el objeto de su reclamo, como tampoco denunció la remuneración devengada en cada etapa, incumpliendo, de ese modo, con lo establecido en el art. 26 inc. c de la ley 11.653.
II. Contra dicha decisión, ambas partes dedujeron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones de 12-V-2023 y 15-V-2023), los que fueron concedidos por el a quo (v. resol. de 30-V-2023).
III.1. La demandada en el remedio extraordinario deducido (v. presentación de 12-V-2023) cita las normas y doctrina legal que considera transgredidas en el pronunciamiento impugnado.
Por un lado, se agravia de lo decidido en torno a la extinción del vínculo laboral.
Censura la procedencia de la indemnización peticionada con fundamento en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
A la vez, cuestiona la capitalización de intereses y se disconforma con la tasa de interés establecida en el fallo.
III.2. El recurso no prospera.
III.3. Liminarmente, cabe señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen -representado por el capital de condena con más la diferencia entre el monto que surge de los intereses aplicados en la sentencia y el propuesto por la recurrente- no excede el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (causas L. 120.946, "Haal", sent. de 14-VIII-2019; L. 120.599, "Pelle", sent. de 14-VIII-2019; L. 122.752, "Bravo", sent. de 4-VIII-2020).
Así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 119.809, "Martínez", sent. de 22-II-2017; L. 121.143, "Hurtado", sent. de 14-VIII-2019; L. 121.387, "Monti", sent. 19-IX-2019).
III.4.a. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se exhibe nítida, pues los cuestionamientos que porta la impugnación con relación al absurdo invocado en la valoración de la injuria motivo del despido remiten a cuestiones que importan el ejercicio de facultades reservadas a los magistrados de grado, y como tales detraídas de revisión en el acotado marco cognitivo en que se examina el recurso (causas L. 124.772, "González, resol. de 21-IX-2020; L. 125.234, Moccio, resol. de 9-XII-2020 y L. 126.436, "Cuello", resol. de 26-V-2021).
III.4.b. Además, respecto a las objeciones vinculadas a la sanción establecida en el art. 80 de la ley 20.744 y la capitalización de intereses, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, desde que en la pieza recursiva se omite citar como vulnerada doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de los agravios propuestos en la presente vía de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020 y L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020).
Por lo demás, sabido es, que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018, L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.485, "Morales", resol. de 4-II-2021).
III.4.c. En otro orden, cabe destacar que lo resuelto en la sentencia recurrida con relación a los intereses moratorios aplicados al capital de condena se ajusta a las directrices que emanan de los pronunciamientos de este Tribunal que conforman la actual doctrina de esta Corte en la materia.
En lo tocante a lo argumentado respecto a la tasa de interés dispuesta para el caso de incumplimiento de la manda judicial no se advierte configurada la violación de la doctrina legal que cita la recurrente, toda vez que la crítica se dirige a impugnar los accesorios de carácter sancionatorio (causas L. 117.706, "Duarte", sent. de 18-VI-2014; L. 120.833, "Cereijido", resol. de 11-X-2017; L. 125.436, "Pérez", resol. de 21-IX-2020; L. 127.541, "Crespo", resol. de 13-XII-2021 y L. 129.390, "Flores", resol. de 29-XI-2022).
III.4.d. Finalmente, a mayor abundamiento, y sin perjuicio del examen del remedio traído en el marco del presente carril de excepción, cabe destacar que las alegaciones formuladas respecto al hecho nuevo denunciado oportunamente, en tanto se vinculan a cuestiones preclusas y anteriores a la sentencia, resultan ajenas a la instancia extraordinaria desde que el recurso de inaplicabilidad de ley tiene por objeto el pronunciamiento definitivo, y no el reexamen de la estructura del procedimiento antecedente (causas L. 118.591, "Deluca", resol. de 20-V-2015; L. 121.641, "Ferreyra", resol. de 5-XII-2018 y L. 126.737, "Barrera", sent. de 22-XI-2022).
IV. La vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley deducida por el accionante (v. presentación de 15-V-2023) tampoco puede prosperar.
IV.1. En sustancia, el interesado cuestiona que se hubiera eximido al empleador de pagar el agravante dispuesto por el art. 2 de la ley 25.323 y, además, objeta el rechazo del reclamo respecto a los salarios adeudados.
IV.2. Cabe destacar que el valor del litigio -como lo reconoce el propio recurrente en su impugnación (v. apdo. II.e. de la presentación)- no supera el límite establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual el tratamiento del recurso deducido sólo podrá justificarse en el estricto marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653.
IV.2.a. En este marco, respecto del primero de los cuestionamientos traídos vinculado al rechazo del recargo indemnizatorio previsto en el art. 2 de la ley 25.323, corresponde señalar que en la especie no concurre la excepción prevista en la ley adjetiva local, pues el planteo propuesto, que remite al análisis de la concurrencia -o no- de los presupuestos verificados en el caso a los que la citada norma subordina la aplicación de la sanción allí prevista, impone necesariamente renovar la valoración de los hechos ventilados en autos y las constancias de la causa identificadas por el recurrente, circunstancia que -como es sabido- se encuentra detraída de revisión en el acotado marco cognitivo en el que el recurso es examinado (causas L. 116.741, "Marini", sent. de 9-X-2013; L. 119.779, "Felipe", sent. de 21-II-2018; L. 121.839, "Contreras", sent. de 12-II-2020).
Adicionalmente, la doctrina legal que emerge de los precedentes citados en el recurso ha sido elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en la causa bajo juzgamiento (causas L. 119.933, "Botto", sent. de 27-VI-2018; L. 121.303, "Vargas", sent. de 12-II-2020; L. 121.841, "Sanchioni", sent. de 21-IV-2021).
IV.2.b. Igual suerte adversa ha de correr el restante agravio contenido en el remedio deducido.
Ello así pues aun cuando el cuestionamiento involucra el análisis de cuestiones de índole fáctica y probatoria -que, como tales, se encuentran excluidas del ámbito de la casación por la vía intentada- el despliegue argumental que desarrolla el impugnante en este tramo del embate prescinde de toda denuncia tendiente a demostrar el quebrantamiento de doctrina legal alguna de esta Suprema Corte relacionada con la temática que se impugna (causas L. 108.167, "Guevara Velázquez", sent. de 12-III-2014; L. 122.558, "Trapani", sent. de 17-XI- 2021 y L. 124.115, "Sabels", sent. de 13-XII-2021)
En ese orden, no es ocioso recordar que -como se expresó anteriormente- no constituye doctrina legal, en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia ni de la Corte nacional (causas L. 119.596, "López", sent. de 29-VIII-2017; L. 121.429, "Maravilla", sent. de 19-IX-2019 y L. 121.841, "Sanchioni", sent. de 21-IV-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley traídos, en atención a que no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/05/2024 14:55:26 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/05/2024 09:41:37 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/05/2024 09:44:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 31/05/2024 23:34:54 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2024 08:41:27 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/06/2024 14:04:50 hs. bajo el número RR-575-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia