Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131113
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda incoada por la señora María Fernanda Mendibe y condenó a Fundación La Inmaculada (Colegio La Inmaculada), al pago de la suma que especificó en concepto de diferencias salariales, sueldo anual complementario, vacaciones, haberes adeudados, la sanción del art. 53 ter de la ley 11.653 y daño moral. Por el contrario, la desestimó en cuanto perseguía el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido (v. pronunciamiento de fecha 17-IV-2023).
Para así decidir, -en lo que interesa destacar- juzgó que la notificación remitida por la actora en carácter de intimación previa al cese de la relación, no reunió los requisitos exigidos para que se perfeccione el despido indirecto con justa causa que le atribuyó a su empleador. Ello así, en virtud de que tuvo por no explicitada la voluntad de la trabajadora de no consentir la situación si no era atendido su reclamo.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 3-V-2023), el que fue concedido por el a quo (v. resolución del 11-V-2023).
En su presentación cita las normas y la doctrina que considera vulneradas. Esencialmente, afirma que la conclusión de grado es consecuencia de una errónea aplicación del art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo, al requerirle a la trabajadora el cumplimiento de un recaudo que no surge de esa norma, cual es, la exteriorización de su voluntad de poner fin a la relación en caso de no ser satisfecho su pedimento.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo liminar, corresponde señalar que en el sub lite , el valor de lo cuestionado ante esta sede extraordinaria, representado por la diferencia entre la suma reclamada en la demanda y el importe por el que prosperó la acción, no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, según el texto de la ley 14.141, razón por la cual la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.578, "Duarte", resol. de 21-VI-2012; L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015 y L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020).
III.2. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, porque, mediante la denuncia de vulneración de doctrina legal de esta Corte, la recurrente trae a consideración agravios relacionados a cuestiones fácticas y probatorias -tales como son, el examen del intercambio postal entre las partes y aquellas vinculadas al cumplimiento de las formalidades del art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo- detraídas de revisión en el estrecho marco cognitivo del remedio procesal intentado (causas L. 119.907, "Coronel", resol. de 4-VIII-2016; L. 120.475, "Torres", resol. de 14-VI-2017 y L. 121.598, "Brites", sent. de 4-XII-2019).
De todos modos, las citas jurisprudenciales efectuadas por la impugnante han sido elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos distintos a los que se verifican en el presente y, por lo tanto, resultan ineficaces para habilitar la revisión del pronunciamiento de origen por el estrecho conducto antes citado (causas L. 116.356, "Izurieta", sent. de 30-X-2013; L. 117.361, "López Aguado", sent. de 16-VII-2014; L. 118.712, "Grecco", resol. de 2-IX-2015; L. 125.234, Moccio, resol. de 9-XII-2020; L. 126.436, "Cuello", resol. de 26-V-2021 y L. 130.741, "Perniola", resol. de 26-II-2024).
Finalmente, es dable recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018, L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 128.892, "Moreno", resol. de 19-IX-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/05/2024 14:55:27 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/05/2024 09:41:39 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/05/2024 09:44:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 31/05/2024 23:34:58 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2024 08:41:28 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/06/2024 14:04:53 hs. bajo el número RR-578-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia