Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131132
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar a la demanda promovida por el señor Emilio José Mauricio Pezza y condenó a Avant Salud Plus S.R.L. al pago de la suma que especificó en concepto de vacaciones, sueldo anual complementario y haberes adeudados. La rechazó, en cambio, en cuanto pretendía el cobro de diferencias salariales, indemnizaciones derivadas del despido, daño moral y las multas previstas en los arts. 2 de la ley 25.323, 16 de la ley 25.561, 9 de la ley 25.013 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. pronunciamiento de fecha 21-VI-2023).
Para así decidir, y en lo que resulta de interés destacar por ser materia de agravio, juzgó que el actor no aportó a la causa ninguna prueba idónea a los fines de demostrar la realización de las tareas que denunció en la demanda como su inclusión en una categoría profesional diferente a la que se encontraba registrado.
Además, tuvo por acreditado que la relación laboral concluyó por decisión del empleador motivada en el abandono del trabajador en los términos del art. 244 de la Ley de Contrato de Trabajo. En este marco, desestimó las multas contenidas en las leyes 25.323, 25.561 y 25.013.
Por último, juzgó que el reclamo vinculado con la sanción del art. 80 de la ley 20.744 resultaba inadmisible, toda vez que el actor no reclamó la entrega de las certificaciones e instrumentos previstos en dicha norma.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 9-VII-2023), el que fue concedido por el a quo (v. resolución del 11-VII-2023).
En su presentación alega absurdo y cita las normas, principios laborales y la doctrina que considera vulneradas.
En primer término, alega una desacertada interpretación de las pruebas y de los escritos constitutivos del proceso. Denuncia, además, que la decisión luce dogmática y no cuenta con una debida motivación, sumado a que el sentenciante analizó el material probatorio de manera aislada.
Finalmente, dirige su crítica a cuestionar el rechazó de las indemnizaciones derivadas del despido y de las multas que fueron reclamadas en el escrito liminar.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo preliminar, cabe señalar que, en el caso, el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria -representado por la diferencia entre la suma reclamada en la demanda y el importe por el que prosperó la acción- no alcanza el monto mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, según texto ley 14.141, vigente al momento de la interposición del remedio procesal, por lo que la admisibilidad del remedio en examen solo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el articulo 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
III.2.a. Luego, corresponde indicar que luce infructuoso el planteamiento de inconstitucionalidad del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, en tanto esta Suprema Corte tiene dicho, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 apartado 3 inc. "a" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que el conocimiento y resolución del indicado remedio procesal compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas L. 125.004, "Fernández", resol. de 13-X-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020 y L. 129.268, "Senger", resol. de 15-II-2023).
III.2.b. Por lo demás, se impone señalar, a propósito de los argumentos desplegados por el impugnante en su exposición, que no se encuentra involucrada -como denuncia- una cuestión de naturaleza federal que autorice el conocimiento de la impugnación sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la CSJN in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478).
III.3. En este contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que, por un lado, las doctrinas traídas por el recurrente en apoyo de todas sus pretensiones remiten al análisis de cuestiones de hecho y prueba y el supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de trabajo al meritar las circunstancias probatorias de la litis, situación detraída de revisión en el estrecho marco cognitivo del remedio procesal intentado (causas L. 125.074, "Spano", resol. de 14-XII-2020; L. 125.059, "Guzmán", resol. de 21-XII-2020 y L. 128.701, "Zaragoza", resol. de 19-IX-2022) y, por otro, aluden a presupuestos fácticos y jurídicos distintos a los del presente caso y no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión (causas L. 121.459, "López", resol. de 26-XII-2018; L. 122.751, "Rojas", resol. de 29-V-2019; L. 123.525, "Loureiro", resol. de 11-III-2020 y L. 127.234, "Raimo", resol. de 7-III-2022).
Para más, cabe destacar que no constituye doctrina legal, en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, la que deriva de la opinión de los autores (causas L. 130.678, "Romero", resol. de 26-XII-2023; L. 131.073, "Basterrechea", resol. de 27-II-2024 y L. 131.028, "Solari", resol. de 6-III-2024).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/05/2024 21:39:32 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/05/2024 09:54:22 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2024 15:37:39 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2024 23:38:58 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2024 08:49:38 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/06/2024 14:08:24 hs. bajo el número RR-666-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia