Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129167
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 129.167, "Scalise, Andrés Humberto contra OSDE Organización de Servicios Directos Empresarios. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Genoud, Torres .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 235/246).
Esta última interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 8-II-2022).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de 8-V-2023), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Andrés Humberto Scalise y condenó a OSDE (Organización de Servicios Directos Empresarios) al pago de las sumas que estableció en concepto de indemnización por antigüedad, sustitutiva del preaviso, integración del mes de despido, días trabajados del mes de marzo de 2019, sueldo anual complementario, vacaciones no gozadas, agravamientos de los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 y a la entrega de la certificación de servicios prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Rechazó en cambio, el reclamo tendiente al pago de la multa contemplada en la última disposición legal citada y el resarcimiento normado en el art. 14 de la ley 14.546.
En lo que reviste interés, en el veredicto, con sustento en la valoración de los escritos constitutivos, las constancias de la causa y la pericia contable, juzgó acreditado que el accionante ingresó a prestar servicios para la demandada el día 7 de septiembre de 2001, como personal administrativo -función promotor-, mediante un contrato de linaje laboral en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo.
Por otro lado, tras ponderar el intercambio telegráfico, juzgó que la accionada no probó haber pagado la liquidación final, tampoco los hechos denunciados para justificar la injuria alegada al disolver el contrato de trabajo en los términos del art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo, con lo cual, juzgó injustificado el despido.
Ya al cuantificar la indemnización por despido, luego de constatar que la base remuneratoria del caso superaba el tope relativo al Convenio Colectivo de Trabajo 736/16 aplicable, dispuso que este último implicaba en la especie una reducción ampliamente superior al 33%, por lo que declaró la inconstitucionalidad de esa limitación prevista en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, y estableció el módulo de cálculo para la indemnización en un 67% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual. A continuación, computó los restantes rubros de condena.
Finalmente, sobre el capital de condena dispuso adicionar intereses.
II. La parte demandada deduce recurso extraordinario de nulidad (v. escrito electrónico de fecha 8-II-2022).
Afirma que en violación al art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, el tribunal omitió resolver en forma correcta cuestiones esenciales de la litis, así, la prueba ofrecida por su parte, la causal de despido dispuesta, y la naturaleza jurídica y forma de otorgamiento de los beneficios otorgados por la demandada.
Asimismo, argumenta que el sentenciante incurrió en arbitrariedad pues asentó sus conclusiones en afirmaciones dogmáticas.
III. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
III.1. Tiene reiteradamente dicho esta Corte que el recurso extraordinario de nulidad solo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. prov.; causas L. 122.346, "Amaya", sent. de 20-X-2021; L. 126.833, "Ainsimburo Rodríguez", sent. de 29-XII-2022; L. 127.722, "Soarez", sent. de 4-XII-2023; e.o.).
III.2. En el caso, y aun cuando denuncia la transgresión del citado precepto, el desarrollo formulado por el impugnante en su crítica no se corresponde con las causales que contempla el citado art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. En concreto, lejos de evidenciar la preterición de cuestiones esenciales, los agravios traídos remiten a la imputación de eventuales errores de juzgamiento, resultando, por lo tanto, ajenos al acotado ámbito del recurso en análisis y propios del de inaplicabilidad de ley (causas L. 120.543, "Cortez", sent. de 31-VIII-2021; L. 125.941, "Silva", sent. de 27-X-2022 y L. 123.683, "Verón", sent. de 12-X-2023).
En fin, son aplicables aquí aquellas directrices de este Tribunal que indican que resultan extrañas al recurso extraordinario de nulidad las alegaciones relacionadas con la apreciación del material probatorio, así como a la eventual ausencia de su tratamiento o su deficiente ponderación (causas L. 126.367, "Daraio", resol. de 8-VI-2021; L. 127.655, "Cabral", resol. de 20-XII-2021 y L. 125.466, "Fraccaro", sent. de 3-V-2023).
Además, ocupa recordar que esta Corte también tiene dicho que no se verifica infracción de la mentada norma de la Constitución provincial si las omisiones que se denuncian no constituyen cuestiones esenciales, sino meros argumentos desarrollados por la parte en apoyo de su posición (causas L. 103.160, "Macías", sent. de 2-V-2013; L. 123.216, "Bravo", sent. de 9-IX-2021 y L. 124.860, "Mayotti", sent. de 19-IX-2022).
IV. En consecuencia, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad deducido, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte demandada denuncia absurdo y la violación de los arts. 14, 14 bis, 17, 18, 28 y 31 de la Constitución nacional; 10, 17, 18 y 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; XVI, XVIII y XXIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos; 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 10, 11, 15, 31 y 39 inc. 3 de la Constitución provincial; 63, 84, 85, 87, 103, 103 bis, 105, 106, 242, 243 y concordantes de la Ley de Contrato de Trabajo; 35 inc. 1 apartado "i" y 55 inc. "c" de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-, y de la doctrina legal que cita.
I.1. Inicialmente, afirma que mal pudo el tribunal de grado haber considerado a las gratificaciones percibidas por el actor a los fines de conformar la base de cálculo de la indemnización por despido, pues ellas no integraban el salario mensual de aquel, que estaba compuesto por una remuneración fija mensual; y que, si bien existía una "remuneración variable" que se hallaba registrada, esta carecía de normalidad, habitualidad y mensualidad.
Agrega que durante muchos años el trabajador participó de este sistema y nunca lo objetó, por lo que corresponde aplicar la teoría de los actos propios.
Seguidamente, de confirmarse lo juzgado en el punto, solicita que el monto del rubro en cuestión sea prorrateado mensualmente para determinar la base de cálculo, dado que -dice- se trató de un pago que se efectuaba semestralmente.
I.2. Se agravia en cuanto en el fallo de grado se integró al salario el componente "plan médico asistencial" que la empresa le brindaba al dependiente, pues manifiesta que constituye un beneficio social conforme lo establecido en el art. 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Sostiene que no se trató de un pago encubierto, ni efectuado clandestinamente, tal como -según afirma- concluye dogmáticamente el juzgador de grado; menos aún, asegura, de una ventaja patrimonial para el accionante, ni generó una erogación extra o costo pecuniario alguno para la empleadora.
I.3. Siguiendo la línea trazada en sus anteriores críticas, objeta que en el pronunciamiento de grado se les haya otorgado naturaleza salarial a los viáticos.
Luego de acudir al contenido del art. 106 de la Ley de Contrato de Trabajo, menciona que el actor abonaba de su bolsillo cierto tipo de gastos inherentes al cumplimiento de sus tareas como promotor y dentro de los horarios de trabajo, conservando sus respectivos comprobantes, los cuales eran adjuntados a una planilla de rendición de gastos a fin de que le fueran reintegrados en su cuenta sueldo, previa autorización de sus superiores.
Señala que los reintegros de gastos están previstos en el art. 22 del Convenio Colectivo 700/14 correspondiente a la actividad desarrollada; y, fundamentalmente, que el propio accionante reconoció en su demanda que los desembolsos los rendía documentadamente ante su empleador y que lo abonado no eran pagos "en negro". Asimismo, expresa que tampoco se trató de una ventaja patrimonial en favor del actor.
I.4. Sostiene que en virtud de lo expuesto a lo largo de los pasajes descriptos del recurso y de lo que surge de la pericia contable, no se configura el supuesto de deficiente registración, por lo que corresponde desestimar el reclamo fundado en la multa prevista en el art. 1 de la ley 25.323.
Explica que lo que sanciona la ley 25.323 está circunscripto a la "clandestinización total o parcial del vínculo laboral" y no a los casos en los que se denuncia que debieron registrarse como remuneraciones los pagos correspondientes a los rubros que fueron objetados en los tres primeros agravios.
I.5. También cuestiona la condena a pagar la multa prevista en el art. 2 de la ley citada.
Dice que mediante la prueba documental luce acreditado que el actor fue despedido con causa justificada, y que tal como surge del dictamen pericial contable la accionada abonó debidamente la liquidación final.
De todos modos, alega que de permanecer firme la condena a abonar la indemnización por despido sin causa, la fecha en que ella se tornaría exigible sería aquella que pudiera establecerse una vez vencido el plazo que el fallo otorgue a la condenada para abonar la liquidación.
Agrega que el incremento indemnizatorio previsto por el precepto de referencia no opera automáticamente por la simple mora en el pago, sino que para su procedencia se requiere intimación fehaciente por parte del trabajador al empleador a fin de que cumpla con el pago indemnizatorio, extremo que -afirma- no se verificó en la especie.
A todo evento, solicita la reducción del incremento hasta su eximición.
I.6. Denuncia que el acogimiento de los rubros indemnizatorios fue fruto de un análisis dogmático por parte del órgano de grado, puesto que -a su juicio- quedaron demostrados los presupuestos fácticos que justificaron el despido con causa.
Sostiene que de la prueba documental e informativa se advierte que el demandante incumplió con el deber de fidelidad y vulneró el principio de buena fe.
Destaca que, en el escrito de demanda, el actor no negó las causales por las cuales OSDE decidió desvincularlo con justa causa, sino que las minimizó, luego, relata los comportamientos que a su juicio justificaron el despido, que reitera, entiende justificado.
Alega que, si bien en la práctica en algunos casos proceden amonestaciones o suspensiones, la ley no impone la obligación de cumplirlas en forma gradual, hasta disponer el despido. Expone que, la falta de antecedentes disciplinarios tampoco es argumento válido para reputar de inválido un despido cuando por su gravedad, constituye una injuria lo suficientemente importante.
Manifiesta que se cumplimentaron las pautas previstas en los arts. 242 y 243 de la Ley de Contrato de Trabajo.
I.7. Objeta la condena a entregar las certificaciones previstas en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Alega que, tanto del acta de la audiencia celebrada en el SECLO el día 16 de abril de 2019, como de la carta documento n° CD 954185090 (de fecha 28 de febrero de 2019), surge que fueron puestos a disposición del trabajador los certificados a los que alude la mentada norma y el de "ANSES PS 6.2". Sin embargo, señala, nunca fue retirado. Agrega que, a raíz de ello, la empresa procedió a consignarlo judicialmente.
Por ello, teniendo en cuenta que el certificado de egreso fue adjuntado a la presente causa, donde -alega- se ven reflejados acabadamente los datos de la realidad del contrato de trabajo habido con el actor, entiende que no corresponde confeccionar o acompañar ningún otro instrumento distinto a aquellos que ya han sido adunados al expediente. En consecuencia, expresa que tampoco corresponde la imposición de astreintes.
I.8. Apela "por altos" los honorarios regulados en autos.
Solicita que sean determinados según lo previsto por la ley arancelaria vigente y aplicable, disponiéndose su oportuna reducción.
I.9. Finalmente, asegura que no corresponde la total imposición de las costas a la demandada, en tanto en la sentencia objetada se hizo lugar a la acción en forma parcial y por un monto indemnizatorio menor al solicitado en demanda, por lo que la parte actora debe responder por una porción de dichas erogaciones.
II. El recurso prospera parcialmente.
Por razones de método, en su tratamiento, habrá de alterarse el orden en que el interesado ha expuesto los agravios.
II.1. Aclarado ello, ocupa abordar liminarmente aquel vinculado con la decisión del tribunal con arreglo a la cual se consideró injustificado el despido decidido por la demandada, el que -cabe adelantar- no ha de progresar.
II.1.a. En lo atinente, en el veredicto, el tribunal de grado ingresó a analizar si se encontraba acreditado que la ruptura del vínculo laboral hubiera sucedido como consecuencia de haber detectado el principal que el actor desarrollaba simultáneamente con su labor de promotor, idénticas tareas para una firma competidora, quebrantando la buena fe y confianza para la empresa.
Juzgó que las causales imputadas en la pieza postal obrante en autos fueron desconocidas por el demandante, con lo cual la prueba de estas recaía en la demandada. Concluyó que, ante la orfandad probatoria por parte de esta última, no podía tener por acreditada la conducta injuriosa atribuida al trabajador (v. vered., fs. 237).
Ya en la sentencia, sostuvo que nacía el deber de indemnizar al trabajador, por cuanto la decisión rupturista asumida por aquella debía ser considerada como un despido injustificado, resultando procedente el reclamo por indemnización por antigüedad y sustitutiva del preaviso (v. sent., fs. 240).
II.1.b. Los esfuerzos argumentativos desplegados por el quejoso resultan estériles.
En primer lugar, ha de descartarse lo dicho por el impugnante en cuanto asegura que la parte actora "no negó" las causales en las que la demandada fundó el despido, en tanto tal aseveración carece de toda denuncia orientada a evidenciar la eventual configuración del absurdo en la ponderación realizada por el a quo de los términos plasmados en el escrito de demanda (como lo exige la doctrina que emerge de las causas L. 117.923, "Chiroli", sent. de 25-X-2017; L. 121.825, "Bigal", sent. de 25-VIII-2021; L. 125.370, "Salazar", sent. de 31-V-2023; e.o.), cuando tampoco se ha denunciado como vulnerado el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial que sirvió de fundamento normativo al tribunal para poner en cabeza de la accionada la prueba de sus dichos.
Luego, las manifestaciones relativas a la conducta que habría desplegado el actor solo encuentran sustento en la propia valoración que propone de la causa, ello, sin acusar tampoco de absurdo el tramo del razonamiento plasmado en el fallo en el que los magistrados del trabajo concluyeron en aquella orfandad probatoria que se le atribuyó al principal.
Para más, y a tenor de la técnica que sucesivamente se destaca en distintos tramos del recurso, es conveniente ya poner aquí de relieve que no resulta apta la denuncia de trasgresión de doctrina legal elaborada sobre presupuestos disímiles a los del caso bajo juzgamiento (causas L. 121.841, "Sanchioni", sent. de 21-IV-2021; L. 125.824, "Falero", sent. de 15-II-2023; L. 127.103, "Borba", sent. de 27-VI-2023; e.o.). También, que no participa de la naturaleza de doctrina legal la que se refiere el citado precepto del Código Procesal Civil y Comercial, la opinión de los autores, la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte nacional (causas L. 121.422, "Galván", sent. de 17-VI-2020; L. 123.050, "Spera", sent. de 1-IV-2022 y L. 127.428, "Vega", sent. de 30-V-2023).
Lo expuesto resulta suficiente para desestimar este tramo de la impugnación.
II.2. Tampoco es de recibo el reproche dirigido a cuestionar la definición de grado vinculada con la gratificación percibida por el trabajador.
II.2.a. El a quo , ponderando en el veredicto la prueba pericial contable y en virtud de la testimonial y "por reconocimiento expreso de la empleadora", consideró como base de cálculo de los rubros de la liquidación a practicarse un salario compuesto por una suma en concepto de "básico" y otras por "viáticos", "peaje", "prepaga" y "gratificación" (v. vered., fs. 236 vta.).
Al sentenciar, manifestó que, mediante los testimonios, el actor había logrado demostrar que percibía en forma habitual y como parte de su remuneración, el pago de viáticos, cobertura médica y prepaga de OSDE, montos que se encontraban fuera de toda registración; asimismo, "premios anuales como refuerzo de salarios", rubro este último reconocido por la propia demandada como "gratificación, en la medida de los resultados obtenidos". De allí que, con apoyo en los arts. 103 y 105 de la Ley de Contrato de Trabajo y fallos de esta Corte, concluyó que los pagos referidos representaban para el trabajador una ventaja patrimonial normal y habitual como contraprestación de las tareas realizadas, no encuadrando en los supuestos contemplados en los arts. 103 bis y 105 de la citada ley, con lo cual "...debían computarse atento el carácter remunerativo a los fines de determinar cómo módulo de cálculo salarial" (sent., fs. 240 vta. y 241).
II.2.b. Tales conclusiones, vinculadas a típicas cuestiones de hecho y prueba y solo revisables por conducto de la demostración de absurdo (causas L. 119.828, "Puszko", sent. de 4-VIII-2018; L. 126.591, "D'Onofrio", sent. de 27-III-2023 y L. 129.026, "Hondeville", resol. de 8-V-2023), no logran ser descalificadas por el compareciente.
En primer término, no es atendible el argumento vinculado con la doctrina de los actos propios, en tanto luce novedoso, pues no fue expuesto ante el órgano de grado y es fruto de una reflexión tardía (causas L. 124.715, "Martínez", sent. de 14-XII-2020; L. 126.307, "Lezcano", sent. de 25-X-2023 y L. 127.843, "Azpeitia", sent. de 14-XII-2023).
Luego, en el marco de aquellas cuestiones cuya definición es -por regla- privativa del tribunal de la instancia ordinaria (causas L. 111.621, "Delía", sent. de 30-IX-2014; L. 118.975, "Álvarez", sent. de 7-III-2018 y L. 121.074, "Smit", sent. de 6-VII-2020), tampoco logra acreditar el recurrente que la decisión del órgano de grado sea portadora de absurdo. Recuérdese que el aludido vicio se configura cuando se demuestra un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, que ponga de manifiesto la irracionalidad de las conclusiones establecidas por el órgano de grado (causas L. 123.840, "
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