Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127960
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.960, "Nebelung, Walter Guillermo contra Mondelez Argentina SA. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Soria, Torres.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la demanda deducida e impuso las costas del modo que especificó (v. sentencia de 12-VIII-2021 y aclaratoria de 8-IX-2021).
Se dedujo, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 27-VIII-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de origen hizo lugar a la demanda interpuesta por Walter Guillermo Nebelung y, en consecuencia, condenó a Mondelez Argentina S.A. a abonarle las diferencias derivadas del pago en menos de las indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva de preaviso, haberes de marzo e integración del mes de despido, sueldo anual complementario de los años 2016, 2017 y proporcional del 2018. Asimismo, hizo lugar al reclamo tendiente al cobro del resarcimiento previsto en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345), a la entrega del certificado contemplado en la última norma citada, a las sanciones normadas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 y 53 ter de la ley 11.653. Rechazó, en cambio, el rubro vacaciones no gozadas correspondientes al año 2017 y las proporcionales.
Para así decidir declaró -en lo que resulta de interés- que no era materia de controversia que entre el señor Nebelung y la firma Mondelez Argentina S.A. existió un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, iniciado el 18 de noviembre de 1991, que concluyó el día 6 de marzo de 2018 con motivo del despido sin causa dispuesto por la patronal.
Tuvo por verificado, con sustento en las constancias probatorias obrantes en el expediente y el juramento prestado en los términos del art. 39 de la ley 11.653, que el promotor del pleito se desempeñó como supervisor en la zona de Mar del Plata e interior de la Provincia de Buenos Aires, y que la accionada tiene su domicilio en Villa Adelina, partido de San Isidro.
Sostuvo, sobre la base del informe pericial contable y las declaraciones testimoniales obrantes en la causa, que el concepto salarial denominado " bonus objetivos alcanzados", se correspondía con el del año inmediato anterior, y que se abonaba en el mes de marzo del año subsiguiente (v. vered., pág. 17).
Con apoyo en el informe caligráfico presentado el día 12 de diciembre de 2019, tuvo por demostrado que las firmas insertas en el documento identificado como "Anexo B - Procedimiento de Rendición de Gastos" (documentación reservada, fs. 12/18) y en el recibo que contiene el rubro "Bono Anual" pagado al actor en el mes de marzo de 2018 (v. documentación reservada, fs. 20/21), resultaban auténticas (v. pág. cit.).
Ponderó, igualmente, que la empleadora no exhibió a la experta contable el libro de sueldos y jornales, quien solo tuvo a la vista el legajo con copias certificadas del actor, resultando las microfichas ilegibles (v. vered., pág. cit.).
Destacó que los importes depositados por la patronal a fin de cada mes en la cuenta sueldo del accionante se encontraban detallados en el punto 4 del informe pericial contable (presentado el 17-VIII-2019) y figuraban en los resúmenes bancarios bajo el concepto "sueldos - tipo de sueldo BCO 150 Mondelez Argentina S.A.", ascendiendo el promedio de los mismos en el período febrero de 2017 a febrero de 2018 a $9.438.
Juzgó que la accionada no logró acreditar la rendición de gastos mediante las planillas correspondientes a los kilómetros mensualmente recorridos por el actor, conforme el "Procedimiento de Rendición de Gastos para Viáticos" (anexo "B"), extremo cuya prueba -señaló- estaba a su cargo (art. 375, CPCC; v. vered., pág. 18).
Tuvo por demostrado que la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el señor Nebelung, fue de $110.442, correspondiente al mes de enero de 2018, la cual, con la incidencia del sueldo anual complementario proporcional, ascendió a $119.645,50. Seguidamente, la estimó conformada del siguiente modo: sueldo: $83.410,64; plus vacaciones: $1.118,68; ticket restaurant: $2.455,20; diferencia plan os.: $3.419, 49; cont. empresa seg. vida: $110,10; bono anual 2017: $10.489,75 ($125.877,07 dividido 12) y $9.438 (promedio sueldo depositado a fin de cada mes). Ello -aseveró- conforme los recibos de haberes adjuntados y reconocidos por las partes (v. vered., fs. cit.).
Ponderó que la demandada no puso a disposición de la contadora interviniente el libro de sueldos y jornales, pieza que tampoco exhibió en la audiencia de vista de la causa, conforme la intimación cursada -según puntualizó el juzgador- mediante proveído de fs. 29/30 vta. Consideró, igualmente, que dicha parte no demostró haber cumplido con la exigencia de contar en cada lugar de trabajo (en este caso, Mar del Plata e interior de la Provincia de Buenos Aires) con la documentación laboral que, por imperio legal, debía encontrarse en la jurisdicción en la cual despliega su actividad (v. vered., pág. 19).
En razón de ello, concluyó que la accionada no acreditó la registración del contrato de trabajo en legal forma (v. vered., pág. cit.).
Ya en la etapa de sentencia -con sustento en lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en "Vizzoti" (sent. de 14-IX-2004)- declaró la inconstitucionalidad del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo y limitó la base salarial prevista en el primer párrafo del citado precepto en el 67% de la mejor remuneración normal y habitual que había percibido el accionante ($80.162,48 = $119.645,50 x 67%; tope CCT 434/06: $68.879,85); arribando, en concepto de indemnización por antigüedad, a una diferencia impaga de $137.137,59 (v. sent., pág. 30).
A continuación, cuantificó los resarcimientos por preaviso omitido e integración del mes de despido, tomando como módulo la remuneración arriba mencionada, procediendo a cuantificar las acreencias adeudadas (v. sent., págs. 30/31).
Declaró también procedentes las diferencias sobre el sueldo anual complementario de los años 2016, 2017 y proporcional del 2018, y la sanción normada en el art. 53 ter de la ley 11.653 (v. sent., pág. 31).
En lo tocante al resarcimiento establecido en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345), apuntó que, ante la deficiencia en los datos consignados, y habiendo intimado el actor la entrega del certificado de trabajo en tiempo y forma, correspondía otorgarle acogida favorable. Asimismo, condenó a la accionada a entregarle dicha documentación, con indicación de la verdadera remuneración percibida (v. sent., págs. 31/32).
Declaró igualmente procedente el incremento del art. 1 de la ley 25.323. En este sentido, puntualizó que si bien la patronal podía centralizar la rúbrica de la documentación laboral por desarrollar su actividad en más de una jurisdicción (conforme lo dispone el art. 4 de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 168/02) no se encontraba exenta de contar en el lugar de trabajo con los instrumentos que la ley exige (art. 11, resol. cit.), extremo que juzgó no acreditado por la demandada. En este contexto, sentenció que habiendo mediado entre las partes un contrato de trabajo sin registración al momento del despido, resultaba de aplicación la sanción mencionada (v. sent., págs. 32/33).
Luego, en razón de las diferencias indemnizatorias antes constatadas (arts. 232, 233 y 245, LCT), acogió el agravamiento normado en el art. 2 de la citada ley 25.323. En este punto, valoró que el actor intimó oportunamente su pago, y que la demandada no se las abonó en su totalidad, por lo que debió iniciar las acciones judiciales tendientes a su cobro (v. rec., págs. 33/34).
Finalmente, condenó a la accionada a entregar al actor el certificado previsto en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345), que reflejara el verdadero monto de los salarios percibidos (v. sent., pág. 34).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la accionada denuncia absurdo y violación de los arts. 52, 55, 232, 233 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo; 39 y 44 inc. "d" de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita.
II.1. De modo preliminar, expone que el veredicto y la sentencia presentan el mismo vicio que portaba la causa que identifica como "García c/ Boldt S.A. s/ despido" (causa L. 120.586), en la cual -alega- esta Corte dejó sin efecto la decisión del mismo tribunal de trabajo por haber incurrido en absurdo, que se tuvo por verificado en dichas actuaciones -según aduce- por enunciar los medios probatorios sin valorarlos (v. rec., pág. 7).
II.2. Afirma que el tribunal de grado incurrió en una errónea aplicación de los arts. 39 de la ley 11.653 y 55 de la Ley de Contrato de Trabajo, en tanto no se verificaron en la especie los presupuestos que los tornan operativos.
En este sentido, destaca que su parte manifestó oportunamente que la exhibición de los libros laborales y comerciales llevados en microfichas resultaba extremadamente dificultosa y realizó una serie de ofrecimientos en orden a permitir el éxito de la pericia.
Afirma que, no obstante, el tribunal de origen estimó que la accionada no puso a disposición de la contadora el libro de sueldos y jornales, ni acreditó haber dado cumplimiento con la exigencia de contar en cada lugar de trabajo con la documentación laboral que, por imperio legal, debe encontrarse en la jurisdicción donde despliega su actividad, concluyendo que aquella no acreditó la registración del contrato de trabajo del actor en legal forma.
Apunta que el órgano de grado debió contemplar que la demandada es una firma multinacional con decenas de miles de empleados que lleva la documentación laboral de manera centralizada en otra jurisdicción a través de un complejo sistema de microfichas y que a la fecha del peritaje carecía de un establecimiento en el lugar.
Añade que el juzgador contradijo su resolución anterior de fecha 28 de mayo de 2019, mediante la cual aceptó la ampliación del plazo para presentar la documentación ante la aseveración de la demandada en punto a la inexistencia de establecimiento en la ciudad de Mar del Plata; e incurrió en una aplicación errónea de lo dispuesto en el art. 4 del Anexo I de la resolución 168/02, que aprobó el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad, toda vez que -argumenta- no es aplicable al empleador que carece de establecimiento u oficina en determinada jurisdicción.
En suma, esgrime que no estaban dadas las condiciones para considerar configurada la falta de exhibición del libro, registro, planilla u otros elementos de contralor previstos en los arts. 52 y 54 de la Ley de Contrato de Trabajo, ni -por ende- para aplicar la presunción prevista en el art. 55 de la ley citada y/o la inversión de la carga de la prueba normada en el art. 39 de la ley 11.653.
II.3. Impugna la decisión de grado por no haber valorado el "bloque probatorio" que alega conformado por: i) el documento identificado como "Anexo B - Procedimiento de Rendición de gastos por Viáticos", cuya autenticidad y suscripción por parte del actor resultó demostrada mediante la pericia caligráfica presentada el 12 de diciembre de 2019. Alega que dicha constancia es demostrativa de que al demandante le era aplicable el sistema de reintegro de gastos de automóvil calculado en base a kilómetros recorridos; ii) las declaraciones testimoniales prestadas por los señores Cigorraga (v. fs. 112) y Fogante en extraña jurisdicción, junto con lo manifestado por el testigo Rivero en la audiencia de vista de la causa, quienes explicaron el trámite interno para el cobro de las sumas de dinero por kilómetro recurrido, indicaron que el actor seguía dicho protocolo, efectuando la rendición mensual a través del software ("Dinnero") y que el reintegro se practicaba una vez aprobada esta última; y, iii) el informe pericial contable del cual se desprende -alega el interesado- que las sumas no asentadas en el recibo de sueldo que ingresaban en la cuenta bancaria del actor, coinciden con las expuestas en los documentos digitales individualizados como "anticipo a cuenta de gastos de vehículo" y "ajuste en presentación del mes anterior" (agregados a fs. 39/62 de la documentación obrante en Secretaría), cuya autenticidad -destaca- fue reconocida por el demandante al absolver posiciones, oportunidad en que también admitió que utilizaba su vehículo particular para trabajar.
En suma, califica de absurda la conclusión del tribunal de origen, en cuanto derivó de la supuesta falta de exhibición del libro del art. 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, que las sumas que la demandada abonaba en el marco del mencionado sistema de "rendición de gastos de viáticos" debían ser consideradas "remuneración", sin haber ponderado los múltiples medios de prueba que contradicen la presunción que emana del art. 55 de dicho plexo legal y la inversión de la carga de la prueba prevista en el art. 39 de la ley 11.653.
II.4. Vinculado con el agravio anterior, expone que el tribunal aplicó erróneamente el art. 55 de la citada Ley de Contrato de Trabajo y el art. 39 de ley ritual del fuero laboral, pues determinó -directa y automáticamente- la consecuencia de la "falta de exhibición" del libro del art. 52, sin evaluar y jerarquizar los medios probatorios producidos que desvirtúan por completo las afirmaciones del accionante y acreditan la naturaleza no remuneratoria de la prestación complementaria, en línea con lo previsto en el art. 105 inc. "b" de la Ley de Contrato de Trabajo.
II.5. Cuestiona que el juzgador haya indicado que la accionada no demostró la rendición de gastos mediante planillas correspondientes a los kilómetros mensualmente recorridos por el actor, extremo cuya prueba se encontraba a su cargo (art. 375, CPCC).
Entiende que, mediante el documento antes mencionado, identificado como "Procedimiento de rendición de los kilómetros recorridos", la accionada demostró la causa (art. 726, Código Civil y Comercial), esto es, el presupuesto de hecho consistente en la existencia de un acuerdo referido a una prestación complementaria de naturaleza no remuneratoria, recayendo sobre el actor la carga de acreditar la falsedad de dicho convenio.
II.6. Por otro lado, aduce que el tribunal no operó la presunción prevista en el art. 386 del Código Procesal Civil y Comercial.
Consigna que de las constancias probatorias obrantes en el expediente -identifica el ya mencionado anexo "B": "Procedimiento de Rendición de Gastos por Viáticos"; los testimonios transcriptos en la audiencia de vista de la causa; y el reconocimiento del actor de los recibos digitales obrantes a fs. 39/62 de la documental reservada- resulta manifiestamente verosímil la existencia de las planillas con el detalle de los kilómetros recorridos que el actor confeccionaba y presentaba mensualmente en forma digital en la plataforma "Dinnero", no obstante lo cual ante la intimación formulada por el tribunal de origen, la parte actora contestó que no estaban en su poder (v. fs. 29/30 y escrito electrónico de fecha 18-VII-2018), por lo que el sentenciante debió aplicar el mentado precepto.
II.7. Alega que el juzgador no aplicó los arts. 105 inc. "b" de la Ley de Contrato de Trabajo y 3 del decreto 137/97. Denuncia quebrantada en este punto la doctrina legal que identifica como emanada de la causa L. 97.035, "Yotti" (sent. de 6-VI-2012).
II.8. Expone que como consecuencia del desacierto en que incurrió el judicante de atribuir naturaleza salarial a la prestación complementaria prevista en el art. 105 inc. "b" de la Ley de Contrato de Trabajo, el tribunal aplicó erróneamente el art. 245 de dicha ley, toda vez que computó en la base de cálculo un rubro que no revestía carácter remuneratorio.
II.9. Se agravia del modo en que el tribunal de grado calculó la incidencia del " bonus objetivos alcanzados" para determinar la base de cálculo recién mencionada.
Sostiene que, conforme surge del veredicto, el actor al absolver posiciones (individualiza la posición novena, v. fs. 148; vered., fs. 14; rec., pág. 32) reconoció que en la liquidación final cobró el bono correspondiente al año 2017, con más parte proporcional imputable al 2018. No obstante, el tribunal de origen consideró el total percibido por dicho concepto ($125.877,07) y lo dividió por doce, cuando -de acuerdo a lo antedicho- debió hacerlo por quince.
II.10. Añade que, como lógica consecuencia del carácter no remuneratorio de la prestación complementaria prevista en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo que postula, surge manifiesto que el tribunal se equivocó al considerar procedentes las multas previstas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 y 53 ter de la ley 11.653, y ordenar la confección de un nuevo certificado en los términos del art. 80 de la citada Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345).
II.11. Cuestiona que el tribunal de origen, para calcular la indemnización sustitutiva de preaviso e integración del mes de despido, haya tomado como pauta la base prevista en el citado art. 245 de la referida ley. Aduce que resulta manifiestamente erróneo y violatorio de lo dispuesto por los arts. 232 y 233 de dicho cuerpo legal, desde que ambos rubros deben liquidarse de acuerdo con la retribución que correspondería percibir al trabajador durante los plazos señalados en las normas legales respectivas. Cita en su apoyo los precedentes de esta Corte que individualiza como L. 52.855, "Villavicencio", sentencia de 26-IV-1994; L. 71.211, "Bugani", sentencia de 10-XI-1998; L. 72.767, "Quispe", sentencia de 14-IX-1999; entre otros.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Ante todo, debo señalar que carece de entidad de agravio atendible la mera manifestación del compareciente con arreglo a la cual refiere que -a su juicio- la presente causa posee idéntico vicio al caso que identifica en su pieza recursiva, cuya sentencia -según expone- fuera dejada sin efecto por esta Corte.
Sentado ello, para ingresar al tratamiento de los reproches ensayados, por cuestiones metodológicas, habré de alterar el orden en que fueron expuestos.
III.2. En primer lugar, considero que no es de recibo el cuestionamiento dirigido a objetar la naturaleza remuneratoria que el juzgador de grado atribuyó a los importes depositados a fin de cada mes en la cuenta sueldo del actor.
III.2.a. El tribunal de grado juzgó que de la prueba pericial contable y los resúmenes bancarios surgía que el promedio de las sumas ingresadas por la patronal en la cuenta y en la oportunidad antes indicada, ascendió -durante el período que media entre febrero 2017 a febrero 2018- a $9.438 (v. sent., fs. 17 y vta.).
Agregó que la accionada no logró acreditar, como era su carga, la rendición de gastos mediante planillas correspondientes a los kilómetros mensualmente recorridos, conforme el procedimiento previsto en el "Anexo B" de la documentación reservada.
Con base en lo antedicho, concluyó que los importes en cuestión revestían naturaleza salarial.
III.2.b. El recurrente rebate tal definición -en lo medular- sobre la base de dos líneas argumentales, a saber: i) por un lado, a partir de la denuncia afincada en la presunta violación de la atribución de la carga de la prueba; y por otro, ii) alegando que el tribunal de grado incurrió en absurdo al ponderar los hechos y las pruebas producidas en la causa.
III.2.b.i. Principio por analizar el segundo hilo argumentativo.
A mi modo d
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