Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129635
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 129.635, "Carabetta, Liliana Adelina contra Pérez Abel Gregorio. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Torres, Soria.
El Tribunal de Trabajo de la ciudad de Tandil, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sent. de 4-VIII-2022).
Se dedujo, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. rec. de fecha 17-VIII-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que resulta de interés, el tribunal de origen hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por la señora Liliana Adelina Carabetta contra el señor Abel Gregorio Pérez, condenándolo al pago de las sumas que estableció en concepto de vacaciones proporcionales, indemnizaciones por antigüedad y sustitutiva de preaviso, resarcimientos previstos en los arts. 9 y 15 de la ley 24.013 y 2 de la ley 25.323 y en el decreto de necesidad y urgencia 34/19 (v. sent. de 4-VIII-2022).
Para así resolver, juzgó acreditado que la actora trabajó para el demandado desde el año 1999 hasta el día 31 de diciembre de 2009, reingresando a prestar servicios en fecha 20 de marzo de 2015.
Asimismo, consideró probada la categoría laboral que detentaba la trabajadora -conforme el Convenio Colectivo de Trabajo 409/05-, y la jornada laboral cumplida. En base a ello, estableció la mejor remuneración mensual, normal y habitual que le correspondía percibir a la señora Carabetta (v. vered., primera y cuarta cuestión tratada).
Concluyó, luego de evaluar las constancias probatorias -particularmente el intercambio postal-, que la relación laboral entre las partes finalizó por despido indirecto con justa causa (v. vered., tercera cuestión).
Estimó, analizando las probanzas y especialmente la pericial contable producida, que el demandado debe considerarse una pyme desde el punto de vista laboral (v. vered., séptima cuestión).
Ya en la etapa de la sentencia, tras declarar procedentes las indemnizaciones por despido y sustitutiva de preaviso conforme lo normado en los arts. 18, 231, 232 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, hizo lo propio con las multas previstas en los arts. 9 y 15 de la ley 24.013, al considerar que se había dado cumplimiento con lo dispuesto por el art. 11 incs. "a" y "b" de la citada ley (v. vered., sexta cuestión).
De igual modo, siendo que la accionante intimó a su empleador el pago de las indemnizaciones derivadas de la ruptura del vínculo contractual, sin que este hubiera cumplido con tales obligaciones, aplicó -asimismo- el recargo indemnizatorio del art. 2 de la ley 25.323.
Por último, en virtud de la vigencia a la fecha del despido del decreto de necesidad y urgencia 34/19, condenó al accionado a abonar la indemnización allí prevista, con el tope dispuesto por el decreto de necesidad y urgencia 39/21.
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo en la apreciación de la prueba y violación de las normas legales que cita (v. rec. de fecha 17-VIII-2022).
II.1. Se agravia de lo resuelto en la sentencia de grado en cuanto tuvo por acreditado que la relación laboral concluyó por despido indirecto con justa causa.
Alega que, con el intercambio telegráfico habido entre las partes se ha probado fehacientemente el abandono de trabajo en que incurrió la accionante en los términos del art. 244 de la Ley de Contrato de Trabajo.
En este sentido, refiere que, siendo que la señora Carabetta no se presentó a prestar tareas el día 10 de agosto de 2020 -habiendo sido intimada previamente por el demandado-, el vínculo laboral quedó disuelto ese mismo día y no luego, con el telegrama de fecha 7 de agosto de 2020 enviado por la trabajadora, en el que se considera injuriada y despedida.
Aduce que, en virtud del carácter recepticio de las misivas cursadas, la ruptura de la vinculación laboral -de considerarse finalizada mediante despido indirecto-, acaeció el día 14 de agosto de 2020 (fecha en que recibió el telegrama de despido indirecto), y no, el 7 de agosto del mismo año, como indicó el juzgador en el veredicto.
Denuncia -en este tramo- que el órgano de grado incurrió en absurdo en la apreciación de la prueba documental y que, lo resuelto, vulnera lo dispuesto en los arts. 44 inc. "d" de la ley 11.653 y 243 y 244 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II.2. Cuestiona el pronunciamiento, también, en cuanto a la procedencia y cuantificación de la indemnización sustitutiva de preaviso.
De un lado, por considerar que no corresponde hacer lugar al mencionado rubro al haber concluido la relación laboral por el abandono de trabajo de la accionante.
Del otro, porque, eventualmente, siendo que el demandado fue considerado una pyme en el informe pericial contable, el sentenciante debió computar sólo un mes de preaviso -y no dos- en virtud de lo prescripto en el art. 95 de la ley 24.467.
Sostiene que la incoherencia en la decisión, demuestra absurdo en la apreciación de la prueba y viola los arts. 44 inc. "d" de la ley 11.653 y 95 de la ley 24.467.
II.3. Se agravia, asimismo, de la jornada laboral que tuvo por acreditada el tribunal de grado -según indica, ponderando el análisis de la totalidad de los testimonios recibidos-, por haber omitido tener en cuenta la planilla horaria acompañada como prueba documental, la que fue corroborada luego en el informe del perito contador, de donde surge que, en la segunda etapa de la vinculación laboral, la jornada cumplida por la accionante fue a tiempo parcial.
En esta línea, afirma que el sentenciante de grado debió al menos mencionar el medio de prueba referido, por su importancia, y desvirtuarlo fundadamente, dado que ese documento invierte la carga de la prueba.
Reitera en este punto que la prueba fue valorada en forma absurda y que se ha violado lo dispuesto por los arts. 44 inc. "d" de la ley 11.653; 53, 54 y 55 de la Ley de Contrato de Trabajo y 6 de la ley 11.544.
II.4. Afirma, que el tribunal incurrió en absurdo al declarar en el veredicto que la actora ingresó a trabajar para el accionado en el año 1999.
Entiende, que, si bien así lo determinó el juzgador a raíz de ponderar la declaración del testigo Valbuena, omitió merituar la "constancia de baja" de la Administración Federal de Ingresos Públicos acompañada como prueba documental -también fue mencionada en el dictamen pericial contable-, de la que surge que la fecha de ingreso de la trabajadora fue el día 22 de octubre de 2004.
Agrega que los libros contables, según la experticia, estaban llevados en forma correcta, por lo que ello, debería haber invertido la carga de la prueba.
Denuncia nuevamente absurdo y violación -en este tramo- de los arts. 44 inc. "d" de la ley 11.653 y 52, 53, 54 y 55 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II.5. Impugna la remuneración determinada en la sentencia.
En tal sentido, considera que se corresponde con el régimen de jornada completa que se tuvo por acreditada en el veredicto cuando, en rigor, la actora trabajó bajo la modalidad de jornada a tiempo parcial.
Denuncia absurdo y violación de los preceptos 44 inc. "d" de la ley 11.653 y 92 ter de la Ley de Contrato de Trabajo.
II.6. Objeta el monto de la indemnización por antigüedad establecido en el fallo que ataca.
Señala que, en la oportunidad de contestar la demanda, el accionado denunció que la actora se había jubilado, lo que luego quedó constatado con la copia del trámite agregado en fecha 25 de abril de 2022.
Sin perjuicio de no haber desconocido la accionante tal decisión, resalta que el tribunal de grado no efectuó mención de la prueba referida, siendo de suma importancia para determinar la eventual indemnización por antigüedad e "indemnizaciones conexas".
Siendo así, concluye que el sentenciante omitió aplicar lo prescrito por el art. 253 de la Ley de Contrato de Trabajo, violando tal precepto y efectuando una absurda valoración de la prueba.
II.7. Argumenta que para que prosperen las multas de los arts. 9 y 15 de la ley 24.013 es necesaria que la intimación prevista en el art. 11 de la mencionada ley, cuente con los datos reales que dan lugar a la debida registración del vínculo laboral.
En esta línea, indica que en el caso no se ha probado la fecha de ingreso ni la continuidad laboral denunciada por la accionante en su intimación, por lo que no corresponde hacer lugar al pago de las sanciones referidas.
Invoca, en esta parcela de la impugnación, absurdo en la valoración de la prueba y violación de los preceptos ya citados de la ley 24.013.
II.8. Se agravia de la condena al pago de la multa prevista en el art. 2 de la ley 25.323.
Considera que no corresponde el recargo indemnizatorio, en virtud de haber existido abandono de trabajo.
Agrega, que de interpretarse que existió un despido indirecto, el monto por el que prosperaría la multa debe atender al cincuenta por ciento de la indemnización por antigüedad, teniendo en cuenta la jubilación de la trabajadora.
II.9. Finalmente, refiere que, habiéndose producido la extinción contractual por la causal de abandono de trabajo, no corresponde hacer lugar a la indemnización prevista en el decreto de necesidad y urgencia 34/2019.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Liminarmente, corresponde señalar que la facultad revisora de esta casación está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación contra ella formulada (causas L. 122.369, "Chiodi", sent. de 30-XII-2021; L. 125.848, "Fernández", sent. de 22-XII-2022 y L. 127.102, "Cruzzetti", sent. de 23-VIII-2023; e.o.).
Con sujeción a tales límites corresponde examinar el caso, alterando -por razones metodológicas- el orden en el tratamiento de las críticas formuladas.
III.2. Sentado lo anterior, el reproche dirigido a cuestionar la fecha de ingreso determinada en el fallo en crisis no merece favorable recepción.
III.2.a. Conforme surge de la reseña de antecedentes efectuada, el tribunal de grado definió ese extremo fáctico a partir de las declaraciones testimoniales recibidas, destacando que los dichos de la testigo Valvuena, le generaron suficiente convicción acerca de que la actora ingresó a trabajar para el demandado en el año 1999 (v. vered., primera cuestión).
III.2.b. Me permito recordar, en lo referido a los testimonios, que la tarea orientada a su valoración y a la convicción que, en marco del sistema de apreciación en conciencia de la prueba (art. 44 inc. "d", ley cit.), merezcan las declaraciones, es privativa del órgano de grado y, como tal, no resulta -en principio- revisable ante esta sede casatoria, salvo absurdo (causas L. 121.935, "Ibarra", sent. de 2-XI-2020 y L. 123.542, "Atalaya", sent. de 15-VI-2022), que -adelanto-, no se ha logrado acreditar.
En efecto, y no sin destacar que el interesado reconoce la inviabilidad de su objeción en torno a la valoración de la prueba testimonial, el agravio transita sobre meras apreciaciones personales de la recurrente en torno al modo en que considera que el sentenciante debió ponderar la prueba aportada al proceso -en particular, la documental de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)-, soslayando que el absurdo solo puede juzgarse configurado ante una cabal demostración de su existencia, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido solo se dirige a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y valoración del material probatorio (causas L. 125.917, "López", sent. de 27-X-2022; L. 125.306, "Jacobo", sent. de 22-XI-2022; L. 127.198, "Nitsch", sent. de 23-XI-2023; e.o.).
Recuérdese, además, que los libros y documentación laboral no son sino instrumentos privados unilateralmente confeccionados por el empleador, sin que obste a esa calificación la circunstancia de que lleven la firma del trabajador. Las registraciones contables y laborales del empleador, aun llevadas en legal forma, no hacen plena prueba de su contenido si existen otros elementos de juicio que los contradicen (conf. causas L. 113.329, "Auzoategui", sent. de 20-VIII-2014; L. 108.255, "Paz", sent. de 27-V-2015 y L. 121.085, "Barreto", sent. de 31-VIII-2020).
III.2.c. Luego, se desprende que la quejosa no expone con claridad en qué consistiría la violación de los preceptos legales actuados en el fallo atacado, pues se limita a mencionar diversas disposiciones normativas, sin abastecer la carga establecida en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial.
En este sentido, tiene dicho esta Corte que el acabado cumplimiento de las pautas que fija el citado precepto exige que el recurrente indique con claridad las normas legales infringidas por la decisión cuestionada y precise en qué consiste su violación o por qué se las considera erróneamente aplicadas, sin que esta Corte pueda suplir de oficio las citas legales que debe hacer el impugnante o inferirlas por interpretación (causas L. 118.665, "Pampin", sent. de 6-XI-2019; L. 122.177, "Maccari", sent. de 12-II-2021; L. 127.198, "Nitsch", sent. de 23-XI-2023; e.o.).
III.3. Tampoco acierta el interesado al objetar la jornada que el sentenciante tuvo por acreditada.
III.3.a. El órgano de grado afirmó, luego del análisis de la totalidad de los testimonios recibidos, que la actora prestó tareas en jornada completa durante toda la relación laboral (v. vered., primera cuestión).
La crítica, en esta parcela, se asienta en la supuesta omisión en la que incurrió el sentenciante, al no tener en cuenta la planilla horaria acompañada por la accionada en su escrito de contestación de demanda, la que -según indica-, fue verificada en el dictamen pericial contable.
III.3.b. Cabe recordar en este sentido que, los jueces del trabajo no están obligados a referirse necesariamente a todos los elementos de juicio que le propongan a su consideración, sino únicamente a los que a su criterio fueren decisivos para dictar el fallo, pues al prevalecer la apreciación en conciencia, los magistrados están autorizados a seleccionar y jerarquizar las fuentes y medios probatorios, pudiendo preferir unos elementos de tal naturaleza a otros, sin que su opinión pueda revisarse en la instancia extraordinaria, salvo absurdo (causas L. 120.468, "Ferreyro", sent. de 18-VIII-2020; L. 124.828, "Rodríguez", sent. de 6-XII-2021 y L. 125.955, "Claramunt", sent. de 3-XI-2022).
En la escueta impugnación formulada, no se logra evidenciar la existencia del mencionado vicio de absurdo, limitándose nuevamente el recurrente a efectuar un análisis de las probanzas según su propio criterio valorativo, apartándose de la línea reflexiva del fallo, lo que denota, también en este tramo, su insuficiencia técnica.
III.4. El agravio por conducto del cual el compareciente refuta lo resuelto por el tribunal, en cuanto juzgó que la ruptura del vínculo laboral entre las partes se produjo por despido indirecto con justa causa, tampoco es atendible atento a su marcada insuficiencia técnica (art. 279, CPCC).
Sobre el punto estimo propicio señalar que, interpretar los escritos constitutivos del proceso, valorar el intercambio telegráfico, apreciar el material probatorio, así como determinar las circunstancias en que se produjo la extinción del contrato de trabajo, constituyen cuestiones de hecho reservadas a la instancia ordinaria y, en consecuencia, marginadas de la casación, salvo cabal y suficiente demostración del absurdo (conf. causas L. 91.018, "Rojas", sent. de 21-V-2008; L. 117.076, "Carmiglio", sent. de 28-V-2014; L. 117.397, "González", sent. de 11-II-2015; L. 123.501, "Consorcio de Gestión Puerto La Plata", sent. de 21-X-2022; e.o.). Dicha carga, tampoco ha quedado satisfecha en esta parcela.
III.4.a. El tribunal de grado, luego de analizar en conciencia todas las constancias probatorias -a cuyo fin, transcribió el intercambio telegráfico suscitado entre las partes-, sostuvo que la relación laboral finalizó por despido indirecto con justa causa. Fundó su postura en los arts. 245 y 246 de la Ley de Contrato de Trabajo y 39 y 44 de la ley 11.653 (v. vered., tercera cuestión).
El recurrente, por su parte, argumenta -analizando las mismas piezas postales-, que se probó fehacientemente que lo que existió fue un abandono de trabajo en los términos del art. 244 de la citada ley de fondo (v. rec., págs. 1 a 3).
III.4.b. De la breve reseña efectuada, surge nítido que el embate deviene ineficaz toda vez que se conduce en el plano del disentimiento con el razonamiento del tribunal de grado, encontrándose sustentado en la propia interpretación y alcance que el interesado le otorga al intercambio postal que -a su parecer- demostrarían su postulación. Empero, en ese quehacer no controvierte idóneamente la definición del juzgador en cuanto concluyó -en ejercicio de las prerrogativas que le confiere el art. 44, inc. "d" de la ley 11.653- que el vínculo se extinguió mediante el telegrama remitido por la trabajadora el día 7 de agosto de 2020. Máxime cuando se advierte que la propia accionada pretendió configurar el distracto por abandono de trabajo en una fecha posterior a su consumación por parte de la actora (esto es, con fecha 14-VIII-2020).
No parece ocioso memorar que -conforme lo ha sostenido reiteradamente esta Corte- es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuya línea argumental evidencia un desencuentro con el fundamento del fallo apelado omitiendo descalificar las conclusiones de hecho y de derecho del pronunciamiento del tribunal de origen (causas L. 53.191, "Claus", sent. de 24-V-1994; L. 73.227, "Silva", sent. de 4-IV-2001; L. 102.993, "Mulle", sent. de 7-IX-2011 y L. 122.369, "Chiodi", sent. de 30-XII-2021).
III.4.c. Por lo demás, respecto de la crítica por conducto de la cual se cuestiona la fecha en que se habría configurado el despido indirecto (que ubica pocos días después del que tuvo por probado el tribunal), corresponde poner de manifiesto que no se advierte -ni lo explica el interesado- cuál es el perjuicio que le irroga al equívoco que acusa consumado por los jueces de mérito.
En tal sentido, esta Corte ha señalado que es inatendible el agravio en el que no se advierte el interés del recurrente sobre el tema ya que no corresponde a la judicatura dictar pronunciamientos abstractos (causas L. 110.244, "Gallo", sent. de 21-II-2013; L. 118.773, "Fernández", sent. de 12-IV-2017; L. 121.634, "Armada", sent. de 2-XI-2020; L. 127.967, "Paguegui", sent. de 18-IX-2023; e.o.).
III.5. El agravio planteado en torno al monto de la indemnización por antigüedad establecido en la sentencia tampoco puede ser atendido.
Me afirmo en esta premisa, toda vez que la crítica en este punto se ciñe a indicar que el sentenciante omitió pronunciarse respecto del planteo formulado en el responde en orden a que, en caso de prosperar la indemnización por antigüedad, debía atenerse a las previsiones del art. 253 de la Ley de Contrato de Trabajo, en tanto la trabajadora se había acogido a los beneficios jubilatorios no obstante continuar prestando servicios en su beneficio.
Desde esa perspectiva, y más allá de cualquier otra consideración que podría formularse, cabe recordar que la eventual omisión en el tratamiento de una cuestión esencial resulta materia ajena al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y propia del de nulidad (causas L. 119.347, "Bernardi", sent. de 14-VIII-2019; L. 120.699, "Caputo", sent. de 6-XI
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