Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131680
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata, hizo lugar -parcialmente- a la demanda incoada por el señor Jonatan Ezequiel Godoy y, en consecuencia, condenó a Ramón Gonzalo Ferrari a abonar la suma que especificó en concepto de indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral, como así también al pago de la reparación por accidente de trabajo, tratamiento psicológico y daño moral con fundamento en el derecho común. Por el contrario, la desestimó en todas sus partes respecto de los codemandados Francisco Formaro, Patricia Beatriz Panaccio y César Alfredo Castillo (v. pronunciamiento de fecha 8-III-2023).
Para así decidir, tuvo por acreditado que el actor se vinculó, en una relación laboral de dependencia, únicamente con Ramón Gonzalo Ferrari. Por el contario, juzgó que no se probaron los presupuestos que habilitan la aplicación de la hipótesis contenida en el art. 26 de la Ley de Contrato de Trabajo respecto de los restantes coaccionados.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo deduce recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fechas 4-IV-23 y 14-III-2023, respectivamente), habiendo el a quo denegado el primero (v. resolución del 19-IV-23 y concedido el restante (v. resolución de fecha 12-IV-2023).
En el único remedio que debe ser abordado por esta Corte, el interesado relata los antecedentes de la causa y cita las normas y la doctrina legal que considera violadas. En lo sustancial, se agravia del rechazo de la condena solidaria respecto de los codemandados Formaro y Panaccio, en tanto entiende que el fallo -en este aspecto- es fruto de una absurda valoración de la prueba. III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen -representado en el caso por el monto de condena cuya extensión de responsabilidad se reclama- no excede el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual su tratamiento sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 118.892, "Amiguetti", resol. de 23-IX-2015 y L. 127.054, "Suruguay", resol. de 23-VIII-2021).
III.2. Luego, a propósito de los argumentos desplegados por el impugnante en su presentación, se impone señalar que no se encuentra involucrada -como denuncia- una cuestión de naturaleza federal que autorice el conocimiento de la impugnación sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la CSJN in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478).
III.3.a. En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020 y L. 128.836, "Morinigo", resol. de 21-X-2022).
III.3.b. Realizado el examen conforme los lineamientos anteriormente enunciados, se observa que la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que el planteo propuesto por el recurrente en apoyo de su pretensión remite al análisis de cuestiones de hecho y prueba, situación detraída de revisión en el estrecho marco cognitivo del remedio procesal intentado (causas L. 107.496, "Kalcich", sent. de 29-V-2013; L. 118.759, "Fioravanti", resol. de 28-X-2015; L. 122.289, "Córdoba", resol. de 10-IX-2019 y L. 128.965, "Ruau Saubidet", resol. de 21-X-2022).
III.3.c. Sumado a ello, la doctrina que se denuncia transgredida por el juzgador alude a presupuestos fácticos distintos a los del presente caso y no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión (causas L. 118.115, "Gaita", resol. de 24-IX-2014; L. 118.187, "Riple", resol. de 10-XII-2014; L. 118.309, "Di Rocco", resol. de 19-II-2015; L. 121.388, "Castaño", resol. de 28-II-2018; L. 121.643, "González", resol. de 21-XI-2018 y L. 127.133, "Matos", resol. 20-X-2021).
III.3.d. Por lo demás, cabe recordar que reiteradamente ha declarado esta Corte que las doctrinas referidas al vicio de absurdo no resultan idóneas a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art. 55 de la ley ritual (causas L. 116.942, "Novelli", sent. de 28-X-2015; L. 119.427, "De Santo", sent. de 21-II-2018; L. 120.430, "González", sent. de 2-V-2019; L. 124.463, "Gamero", resol. de 14-VII-2020; L. 125.418, "Marín", resol. de 12-II-2021 y L. 129.265, "Rodríguez", resol. de 3-XI-2022).
III.4. Finalmente, corresponde señalar que no constituye doctrina legal la que deriva de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/07/2024 09:28:11 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/07/2024 11:07:04 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/07/2024 11:47:55 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/07/2024 10:17:27 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/07/2024 09:41:08 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/07/2024 13:00:17 hs. bajo el número RR-885-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia