Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130463
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la parte actora (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; Acuerdo 4.068/2022 y Resol. 24/20).
2Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que los planteos introducidos en el punto IV no reúnen los requisitos esenciales y el tratado en el V ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. En el caso, el Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Florencio Varela, perteneciente al Departamento Judicial de Quilmes, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Roberto Guillermo Moreno y, en consecuencia, condenó a Miraben Argentina S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización por despido y otros rubros de naturaleza laboral. La rechazó, en cambio, en cuanto pretendía el cobro de las sanciones contenidas en los arts. 1 de la ley 25.323 y 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo y la responsabilidad solidaria de los codemandados Juan Carlos Miranda y Sancor Cooperativas Unidas Ltda. (v. vered. y sent. de 2-III-2023).
II. Contra dicha decisión, el actor interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 23-III-2023), ocasión en que se agravió alegando la configuración de absurdo en el mérito de la prueba, violación de la doctrina que individualizó en lo relativo a la extensión de la condena a los codemandados y, finalmente, incongruencia en el rechazo de las sanciones arriba señaladas.
A su turno, el sentenciante de mérito declaró inadmisible el recurso intentado por considerar insuficiente el monto mínimo para recurrir, a la luz de lo dispuesto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y por no encontrarse reunidas las circunstancias para hacer lugar a la excepción contenida en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (v. resol. de 28-III-2023), lo que motivó la articulación de la presente queja (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico de 5-IV-2023).
En la vía de hecho deducida de modo directo, alega el impugnante que yerra el tribunal al no habilitar la instancia extraordinaria desde que, por un lado, omitió considerar las citas de doctrina invocadas en el recurso a dichos fines y, por otro, que el agravio fundado en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, es "determinable".
III. La queja prospera.
III.1. Al respecto, más allá de los fundamentos dados por el tribunal laboral en la especie, corresponde aclarar que, en el caso, conforme los agravios desplegados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, el valor del litigio para el aquí recurrente, se encuentra representado por el monto de condena cuya extensión de responsabilidad reclama, con más la suma equivalente a los rubros reclamados en la demanda que fueron rechazados (causas L. 115.569, "Bergna", resol. de 28-XII-2011; L. 117.738, "Steimberg", resol. de 27-V-2015; L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019 y L. 128.795, "Alborno", resol. de 7-VI-2022)
III.2. a. En este contexto, es menester destacar que en atención a que los cuestionamientos traídos versan sobre pretensiones independientes deducidas en una misma demanda (acumulación objetiva), se constata que una de ellas -la vinculada a la aplicación de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo- resulta de valor indeterminado (causas L. 117.450, "Etchegaray", sent. de 8-IV-2015; L. 119.769, "Corbari", sent. de 29-VIII-2017; L. 121.919, "Cabrera", sent. de 12-II-2020 y L.122.013, "Vitale", sent. de 4-III-2020).
III.2.b. En relación a los demás agravios desplegados, no obstante que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el importe mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, (v. liquidación fs. 66/67), corresponde analizar la admisibilidad del remedio en examen en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 124.764, "Mendes Neto", resol. de 16-XII-2020 y L. 125.463, "Maisonnave", resol. de 12-II-2021).
En virtud de ello, corresponde admitir la queja traída (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; Ac. 4.068/2022 y Resol. 24/20).
IV. Circunscripta la competencia de esta Corte a constatar, de acuerdo a los alcances señalados en el apartado III.2.b, si lo resuelto a su respecto contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, en el estrecho marco contenido en el mencionado art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, cabe destacar que la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que las doctrinas traídas por el recurrente en apoyo de sus pretensiones remiten al análisis de cuestiones de hecho y prueba -como son aquéllas vinculadas a la determinación de la existencia o no de los presupuestos de solidaridad contemplada en el art. 30 de la ley de Contrato de Trabajo-, situación detraída de revisión en el estrecho marco cognitivo del remedio procesal intentado (causas L. 107.496, "Kalcich", sent. de 29-V-2013; L. 118.759, "Fioravanti", resol. de 28-X-2015; L. 122.289, "Córdoba", resol. de 10-IX-2019 y L. 128.965, "Ruau Saubidet", resol. de 21-X-2022).
No mejora la suerte de la impugnación las citas jurisprudenciales efectuadas en el recurso que aluden a presupuestos facticos distintos a los de las presentes actuaciones (v. v. acápite VII del escrito recursivo, causas L.120.051, "Romero", resol. 19-X-2016; L. 122.363, "Del Negro", 5-VI-2019 y L. 128.952, "Ramos", resols. de 27-III-2023).
Por lo demás, cabe recordar que reiteradamente ha declarado esta Corte que las doctrinas referidas al vicio de absurdo no resultan idóneas a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art. 55 de la ley ritual (causas L. 116.942, "Novelli", sent. de 28-X-2015; L. 119.427, "De Santo", sent. de 21-II-2018; L. 120.430, "González", sent. de 2-V-2019; L. 124.463, "Gamero", resol. de 14-VII-2020; L. 125.418, "Marín", resol. de 12-II-2021 y L. 129.265, "Rodríguez", resol. de 3-XI-2022).
Finalmente, sabido es, que no constituye doctrina legal, en los términos señalados, la que deriva de los autores o la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018, L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020; L. 129.334, "Rojas", resol. de 19-XII-2022 y L. 127.398, "Rizzo", resol. de 27-II-2023).
V.1. En orden a lo establecido en el apartado III.2.a. en torno a que ningún reparo abastece -en cuanto a su admisibilidad- el embate dirigido a censurar aquella parcela del pronunciamiento que rechazó la imposición de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, pues el importe de la penalidad establecida en la citada norma legal sería el equivalente a las remuneraciones que se devengaron mensualmente a favor del trabajador, con igual periodicidad a la del salario, hasta que el empleador acreditara de modo fehaciente el ingreso efectivo de los montos retenidos, lo que torna al litigio, a los fines del recurso, como de monto indeterminado (art. 55, ley 11.653; causas L. 115.021, "Mazza", sent. de 27-XI-2013; L. 117.532, "Norese", resol. de 1-VII-2015; L. 122.784, "Eguren", resol. de 18-IX-2019 y L. 126.825, "Cherchyk", resol. de 17-VIII-2021), corresponde ingresar al análisis del agravio desplegado a su respecto.
Así, sabido es que esta Corte ha señalado que determinar -con arreglo a las constancias adunadas en la causa- si se verifican los requisitos a los cuales la citada norma del art. 132 bis de la ley 20.744 subordina la aplicación de la sanción allí prevista, constituye una facultad privativa del tribunal de trabajo, y las conclusiones que al respecto se formulen no son susceptibles de revisión ante la Suprema Corte, salvo el supuesto excepcional de absurdo (causas L. 120.003, "Peralta", resol. de 24-IV-2019, L. 122.784, "Eguren", resol. de 18-IX-2019 y L. 123.851, "Irazoqui", resol. de 27-V-2020).
Ello requiere la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021; L. 121.726, " Herrera", resol. de 27-III-2023 y L. 129.594, "Andrada", resol. de 21-VI-2023), ya que no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurarlo (causas L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021; L. 121.726, " Herrera", resol. de 27-III-2023 y L. 129.594, "Andrada", resol. de 21-VI-2023).
V.2. En este contexto, el órgano judicial de grado rechazó la pretensión del trabajador tendiente a percibir la citada sanción conminatoria, señalando que el accionante no acreditó los hechos que le darían sustento, es decir la retención aportes por parte de ninguno de los empleadores.
De esta manera, las conclusiones expuestas en la sentencia impugnada no logran ser descalificadas por el recurrente. Ello así, puesto que las alegaciones formuladas no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos de aquella tarea llevada a cabo por los magistrados, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas "Girimonti", resol. de 5-VI-2019; L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020; L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021 y L. 126.986, "Giménez", resol. de 29-XI-2021).
En suma, el agravio traído revela la ausencia de idoneidad para rebatir la decisión adoptada en la instancia de origen, pues no aporta ningún elemento convincente que demuestre que la solución dada al caso sea absurda, o el error en la aplicación de las normas que se denuncian violadas.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la parte actora (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; Acuerdo 4.068/2022 y Resol. 24/20).
2. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que los planteos introducidos en el punto IV no reúnen los requisitos esenciales y el tratado en el V ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20; art. 1 acápite 3 "c"; Resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/07/2024 09:27:48 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/07/2024 11:06:34 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/07/2024 11:47:45 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/07/2024 10:17:14 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/07/2024 09:40:57 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/07/2024 12:59:28 hs. bajo el número RR-865-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia