Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131954
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Soria y Torres, y la señora Jueza doctora Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Morón, decretó la caducidad de la instancia en la acción por despido, entablada por el señor Antonio Fabián Penayo contra Juan Manuel Argentino Freytes Alcantara y Freboch Condutores S.A. (v. pronunciamiento de fecha 29-IX-2023).
Para así decidir, juzgó que en autos se verificó el supuesto de reincidencia en la omisión de impulsar el proceso por parte del actor y no existiendo obligación específica del tribunal en tal sentido, consideró acreditados los requisitos para la aplicación del instituto de perención de la instancia.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 17-X-2023), el que fue concedido por el a quo en el marco de la excepción contenida en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resol. del 28-XI-2023).
En su presentación alega absurdo, arbitrariedad y la violación de la doctrina que cita. Esencialmente, se agravia de la decisión del sentenciante de declarar la perención de la instancia. En ese orden, afirma que, contrariamente a lo dispuesto en el fallo, su parte ha realizado actividad procesal útil para continuar con las actuaciones.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 123.066, "Núñez", resol. de 14-VIII-2019 y L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019), hipótesis que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020 y L. 130.772, "Cáceres", resol. de 21-III-2024).
Asimismo, luce infructuoso el planteo de inconstitucionalidad del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, en tanto esta Suprema Corte tiene dicho, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 apartado 3 inc. "a" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que el conocimiento y resolución del indicado remedio procesal compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas L. 125.004, "Fernández", resol. de 13-X-2020; L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020 y L. 129.268, "Senger", resol. de 15-II-2023).
III.2. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, toda vez que las doctrinas contenidas en el escrito recursivo -además de haber sido elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos disimiles- remiten a cuestiones estrictamente procesales -como lo es, la referida al instituto de la caducidad de instancia- y, como tales, detraídas de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el ya citado precepto adjetivo (causas L. 122.325, "Canali", resol. de 19-XII-2018, L. 122.878, "Galeano", resol. de 21-VIII-2019; L. 123.923, "Diamante", resol. de 16-VI-2020 y L. 123.806, "Coria", resol. de 7-IX-2023).
III.3. Tampoco resulta idónea, a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto por el que se examina el recurso, la doctrina referida al vicio de absurdo (causas L. 124.463, "Gamero", resol. de 14-VII-2020; L. 125.418, "Marín", resol. de 12-II-2021; L. 128.393, "Berna", resol. de 7-VI-2022; L. 129.250, "Molina", resol. de 27-X-2022 y L. 131.549, "Orbes", resol. de 3-VI-2024).
III.4. Finalmente, dable es señalar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020; L. 130.192, "González", resol. de 11-VII-2023 y L. 130.564, "Suruguay", resol. de 24-X-2023).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/08/2024 11:37:43 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/08/2024 09:57:35 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/08/2024 16:41:06 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/08/2024 22:01:51 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/08/2024 09:03:11 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 09/08/2024 11:31:46 hs. bajo el número RR-954-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia