Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131696
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar la queja traída en fecha 5 de febrero de 2024 (arts. 292, CPCC y 89, ley 15.057; Acuerdo 4.068/2022, Resol. 24/20 y Resol. 1.840/24). Con costas.
2Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido desestimados en otros casos sustancialmente análogos, y el de inaplicabilidad de ley por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 298 y 289, CPCC).
I. En el caso, el Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Gabriel Rubén Stambuk y, en lo que interesa, condenó a Empresa Nueve De Julio SAT al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización por despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. vered. y sent. de 18-IX-2023 y su aclaratoria de 4-X-2023).
Para así decidir, tras juzgar acreditado que el trabajador cumplió con lo normado en los arts. 208 a 210 de la Ley de Contrato de Trabajo respecto al control médico que habilita el derecho al cobro de los haberes en situaciones controvertidas en el contexto de licencias médicas, concluyó que el incumplimiento de pago de los haberes correspondientes al mes de octubre de 2016 y el silencio a la intimación que oportunamente hiciera el actor al respecto, constituyen falta grave que justifica el despido indirecto en que se colocó.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva interpuso recursos extraordinarios de inconstitucionalidad, nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escrito de 10-X-2023), ocasión en que, interesa destacar, primeramente, desarrolló los agravios sobre los que apontocó la vía establecida en los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial. Con apoyo expreso en las citadas normas constitucionales, sostuvo que el tribunal laboral omitió considerar la totalidad de las cuestiones esenciales llevadas a sus estrados (v. acápite II), a cuyo fin, alegó sobre la falta de tratamiento del material probatorio que evidenciaría la inconducta laboral del actor que denunció al oponerse a la acción entablada. Asimismo, afirmó que el juzgador de grado no respetó la forma y plazos para producir prueba y para sentenciar, conculcando su derecho de defensa en juicio e incurriendo en el vicio de absurdo.
En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con sustento en las normas que individualizó y en la doctrina del absurdo, alegó que el sentenciante de mérito "abdicó" las funciones que le son propias e indelegables, generándole así -aclaró- "indefensión procesal" al privarla de la producción de los medios probatorios que destacó. Asimismo, observó la inconducta procesal de la legitimada pasiva y reiteró los agravios desarrollados en torno a la que consideró evidenciada por el juzgador de grado al fallar (v. acápite III).
Finalmente, sustentó el canal recursivo regulado en el art. 299 del Código Procesal Civil y Comercial, en la aplicación del mencionado art. 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya interpretación de la validez constitucional en el sub lite consideró errada (v. acápite VI).
III. A su turno, el a quo denegó el recurso extraordinario de inconstitucionalidad y concedió los restantes (v. resols. de 20-X-2023 y 29-XII-2023). La declaración de inadmisibilidad señalada motivó la articulación de la queja en tratamiento (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico de 5-II-2024).
En la vía directa interpuesta ante esta sede, la recurrente sostiene que la decisión que decretó inadmisible el recurso extraordinario de inconstitucionalidad resulta arbitraria por incongruente, como así también, errado el criterio allí establecido en torno a que en la especie no se observa caso constitucional alguno en los términos de lo dispuesto en el citado art. 299 del código ritual.
IV. La queja no prospera.
IV.1. Sin perjuicio de las motivaciones dadas por el sentenciante de grado en su denegatoria, corresponde memorar que, para la admisibilidad del recurso extraordinario de inconstitucionalidad, es preciso que se haya planteado por la parte interesada, y resuelto por el tribunal de mérito, un caso constitucional en los términos del art. 299 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 110.966, "Décima", resol. de 7-VII-2010; A. 69.787, "R.P.", sent. de 13-VII-2011; L. 121.282, "Maruenda", resol. de 8-XI-2017 y L. 130.114, "Teves", resol. de 27-III-2023), extremo no verificado en el sub lite .
En este orden, sabido es que el remedio previsto en el art. 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires se abre únicamente en el caso en que en la instancia ordinaria se haya controvertido y decidido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales confrontados con normas de la Carta local (causas L. 87.736, "Barrios", sent. de 2-XII-2009 y L. 118.990, "Tavernise", sent. de 3-IV-2018), supuesto -como se dijo- ausente en la especie, en que la recurrente en el escrito impugnativo -sin idoneidad alguna- funda su recurso en la invalidez de la sentencia misma en cuanto desinterpretó el art. 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, conculcando -a su criterio- determinadas garantías constitucionales que destacó (causas L. 78.205, "González", sent. de 10-IX-2003; L. 118.301, "Villalba", resol. 5-XI-2014; L. 122.906, "Valentini", resol. de 11-III-2020 y L. 130.114, "Teves", resol. de 27-III-2023; e.o.).
IV.2. Para más, sabido es que, ha dicho este Tribunal, que el supuesto previsto en el art. 161 inc. 1 de la Carta Magna provincial no se verifica cuando el pronunciamiento atacado se refiere a la aplicabilidad de normas nacionales, materia extraña al recurso extraordinario de inconstitucionalidad contemplado en la citada cláusula y propia del de inaplicabilidad de ley (causa L. 116.729, "Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de La Plata", sent. de 10-XII-2014 y L. 120.947, "Centauro", sent. de 15-IX-2021; e.o.).
En consecuencia, corresponde desestimar la queja traída en fecha 5 de febrero de 2024 (arts. 292, CPCC y art. 89, ley 15.057; Ac. 4.068/2022; Resol. 24/20 y Resol. 1.840/24).
V. Igual suerte ha de correr la vía de nulidad argüida. Como se anticipó, en dicho carril recursivo la impugnante denunció, con apoyo en el contenido de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, que el tribunal omitió tratar las cuestiones esenciales que describió.
V.1. Sabido es, que la vía prevista en el art. 161 apartado 3 inc. "b" de la Constitución provincial, únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. cit.; causas L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020 y L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021 y L. 129.595, "Palenzona", resol. de 10-IV-2023).
V.2 En la especie, la impugnación no puede subsumirse en ninguno de los señalados supuestos. De la simple lectura de la sentencia en crisis y de los términos de la crítica contra ella deducida, fácil resulta advertir que la interesada, bajo la denuncia de la presunta omisión de cuestiones esenciales, en rigor de verdad dirige su agravio a objetar el modo como el tribunal abordó y resolvió aquellas ventiladas en autos, remitiendo el análisis a la imputación de pretendidos errores de juzgamiento cuyo tratamiento -como es sabido- es ajeno al limitado marco de conocimiento propio del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 122.963, "Romero", resol. de 18-IX-2019; L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020; L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021 y L. 130.249, "Ledesma", resol. de 25-X-2023).
En efecto, las impugnaciones traídas se dirigen a objetar el acierto fáctico y jurídico de la decisión arribada en el pronunciamiento de origen, cuyos fundamentos busca conmover mediante la descalificación de la labor axiológica desplegada por los jueces en torno a la valoración de la prueba, la existencia del vicio de absurdo y la forma en que las cuestiones fueron resueltas, típicos vicios de juzgamiento cuyo tratamiento -cabe reiterar- excede el limitado marco de conocimiento del recurso extraordinario de nulidad (causas Ac. 101.995, "Luna de Ibarra", resol. de 5-XII-2007; L. 120.774, "Mansilla", sent. de 4-IX-2019; L. 120.924, "Cipolla", sent. de 6-X-2020; L. 128.000, "Flores", resol. de 19-IX-2022 y L. 128.338, "Oficialdegui", resol. de 22-XII-2022).
En definitiva, como se anticipó, la improcedencia señalada se exhibe manifiesta, toda vez que la omisión de tópicos esenciales que genera la nulidad del pronunciamiento es aquélla referida a la ausencia de tratamiento de los asuntos que estructuran la traba de la litis y el esquema jurídico que la sentencia debe necesariamente atender para su validez (causas L. 124.758, "País", resol. de 16-X-2020 y L. 127.837, "Monrroy", resol. de 7-III-2022), no revistiendo tal carácter los argumentos introducidos por las partes en apoyo de sus pretensiones (causas L. 121.897, "Do Santos", resol. de 13-II-2019; L. 122.633, "Caputo", resol. de 29-V-2019; L. 124.856, "Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo y de Mercados Particulares de la República Argentina", resol. de 22-X-2020 y L. 130.334, "Romero", resol. de 26-IV-2023).
Del mismo modo tiene resuelto esta Corte que la violación de las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso, no constituyen temas que puedan someterse a juzgamiento a través del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 120.345, "Barroso", resol. de 6-XII-2017; L. 121.156, "De La Fuente", resol. de 7-III-2018; L. 124.829, "Cotado", resol. de 23-X-2020 y L. 127.874, "Chelia", resol. de 1-IV-2022).
V.3. Por último, deviene inatendible la invocada violación del art. 171 de la Constitución provincial, desde que dicho precepto sólo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, de suerte que aquél aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 125.493, "Razquin", resol. de 30-XI-2020 y L. 126.646, "Verdugo", resol. de 17-VIII-2021), supuesto que no concurre en la especie, desde que, del análisis detenido del fallo en cuestión surge que las citas legales efectuadas por el juzgador de mérito abastecen la señalada exigencia constitucional.
VI. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la impugnante denunció irregularidades en el trámite judicial en la medida que el tribunal de grado -afirmó- no efectuó ningún acto procesal a los fines de compulsar tanto el expediente administrativo ante el Ministerio de Trabajo ni el iniciado en el fuero penal, generándole un supuesto de indefensión, así como la negativa de producción de la prueba pericial médica por entenderla inconducente.
Por otra parte, alegó absurdo y violación de los arts. 62, 63, 210 y 242 de la Ley de Contrato de Trabajo en cuanto la conducta del actor implicó una necesaria mala fe, la cual no fue ponderada por el tribunal.
VI.1. Al respecto, se impone observar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -representado por el monto del capital de condena- no excede el mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, razón por la cual la admisibilidad de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 –vigente a la fecha de la interposición del recurso extraordinario-.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020; L. 128.987, "Ojeda", resol. de 18-VIII-2022; L. 129.838, "Saavedra", resol. 17-IV-2023 y L. 130.335, "Lapaz", resol. de 26-II-2024).
VI.2. Bajo las señaladas premisas, la exclusión de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que la interesada omite citar como vulnerada doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020; L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020; L. 129.198, "Sosa Moura", resol. de 21-X-2022 y L. 130.467, "Mangalo", resol. de 1-XI-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Desestimar la queja traída en fecha 5 de febrero de 2024 (arts. 292, CPCC y 89, ley 15.057; Acuerdo 4.068/2022, Resol. 24/20 y Resol. 1.840/24). Con costas.
2. Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido desestimados en otros casos sustancialmente análogos, y el de inaplicabilidad de ley por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. Resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21), y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/08/2024 16:50:34 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/08/2024 12:57:23 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/08/2024 18:20:48 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2024 15:29:40 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/08/2024 08:31:28 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/08/2024 10:07:15 hs. bajo el número RR-983-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia