Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131724
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la queja traída y conceder los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley incoados (art. 292 del CPCC; Ac. 4.068/2022; art. 89, ley 15.057, Resol. 1.840/24).
2Intimar al señor Pablo Adrián Pugliese para que, en el término de cinco días, acompañe el comprobante que acredite ante esta sede haber depositado -a la orden del tribunal que dictó el fallo impugnado- la suma de un millón quinientos sesenta y tres mil seiscientos pesos ($ 1.563.600), por constituir este último el importe mínimo (100 jus) fijado por la referida norma del Código Procesal Civil y Comercial provincial para la admisibilidad de la vía intentada al tiempo de la interposición del recurso, bajo apercibimiento de declarar desierto el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley concedido, respectivamente (art. 280, CPCC).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y la regulación de honorarios para su oportunidad.
3Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 298, CPCC).
I. En el caso, el Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata, por mayoría, rechazó el incidente de notificación del traslado de la acción incoado por el señor Pablo Adrián Pugliese, por medio del cual, con fundamento en lo normado en el art. 73 ap. 2 del Código Civil y Comercial, pretendía se decrete la nulidad de la cédula, por no haber sido diligenciada en el lugar donde desempeña la actividad económica (v. pronunciamiento de 10-XI-2023).
Resolvió de esta manera por considerar que, sin perjuicio de que le asistiera o no razón en su planteo de nulidad, en rigor de verdad, su presentación implicaba la toma de conocimiento de las actuaciones. A partir de ello, concluyó que el demandado no contestó -ni aun de modo subsidiario- la demanda, sino simplemente se limitó a plantear la invalidez del acto de anoticiamiento.
II. Contra dicha decisión, el legitimado pasivo interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escrito de 30-XI-2023). El sentenciante de mérito los denegó por considerar que no obstante no haber recaído en la especie una sentencia de condena, el recurrente debió cumplir con el depósito establecido en el art. 56 de la ley 11.653, de acuerdo a los términos de lo dispuesto en el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial (v. resol. de 4-XII-2023), dando lugar, lo así resuelto, a la articulación de la presente queja (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico de 14-XII-2023).
En la vía de hecho deducida de modo directo ante esta sede, el interesado, con apoyo en la doctrina legal que enuncia, sostiene que la decisión que declaró inadmisible los remedios extraordinarios intentados resulta absurda y arbitraria, por contradictoria. Ello así, pues sostiene que, por un lado, al no existir sentencia condenatoria, no le corresponde erogar la suma equivalente al capital, intereses y costas, establecido en el art. 56 de la ley 11653 y desde otro costado, que de resultar aplicable lo dispuesto en el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial, debió haber sido intimado a su cumplimiento.
III. La queja prospera.
III.1. De inicio, sin perjuicio de los motivos dados por el a quo en su denegatoria, corresponde poner de resalto que en numerosos precedentes de aristas similares esta Corte ha entendido, que si bien los pronunciamientos que tienen por no contestada la demanda y declaran perdido el derecho a hacerlo no constituyen -en principio- sentencia definitiva o equiparable a tal en los términos de los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial, ya que tales decisiones no ponen fin al pleito ni impiden su continuación (causas Ac. 84.846, "Soveny", resol. de 05-VI-2002 y Ac. 87.467, "C., L.I.", resol. de 11-VI-2003; e.o.), tal criterio ha de ceder cuando -como en el sub iudice - la decisión que lo contenga o que por sus efectos lo confirme traiga aparejado un perjuicio de insusceptible reparación ulterior, no pudiendo soslayarse la particular significación que reviste la falta de contestación de demanda en tanto puede incidir en el resultado final del pleito.
Es ésta, por otra parte, la tesis que en supuestos análogos al presente siguiera la Corte Suprema de Justicia de la Nación al ingresar al conocimiento del recurso extraordinario interpuesto contra la decisión de la Cámara que revocó el pronunciamiento de grado que había desestimado la revocatoria contra el auto que tuvo al letrado por presentado, parte y por interpuestas las excepciones, y ordenó el desglose del escrito presentado por aquél. En dicho precedente, sostuvo el Alto Tribunal que la decisión atacada puede ser equiparada a definitiva si concurre un supuesto de privación de justicia que afecta en forma directa al derecho de defensa en juicio, ocasionándole al demandado un perjuicio de imposible reparación ulterior, pues éste carecerá de otra oportunidad procesal para hacer valer sus derechos (cfr. CSJN, causa C.1649.XXXVI, in re "Carosella", sent. de 20-III-2003, Fallos 326:697).
III.2. Sentado ello, ingresando en el análisis de los argumentos desplegados en el recurso de hecho que se provee, no es ocioso recordar, que esta Suprema Corte ya se ha expedido observando que, en casos como el presente, en que no ha habido sentencia condenatoria, es necesario haber dado cumplimiento al requisito establecido por el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, aplicable supletoriamente a los procesos laborales (art.63, ley 11.653; causas Ac. 103.311, "Iteva S.A.", resol. de 4-III-2009; L. 121.007, "Ruiz", resol. de 25-X-2017; L. 121.557, "Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate", resol. de 21-VI-2018; L. 121.923, "Pezet", resol. de 26-IX-2018; L. 124.991, "Benitez", resol. de 9-XII-2020 y L. 129.229, "Villarroel", resol. de 19-IX-2022).
Asimismo, también se ha dicho que dicha carga establecida en el señalado art. 280 sólo deviene exigible para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 297, CPCC; cfr. causas Ac. 80.953, "M., C.A.", resol. de 10-4-2001; Ac. 89.123, "Biancucci", sent. de 5-4-2006 y C. 111.851, "Bustamante, resol. de 18-8-2010 y L. 120.831, "Von Kugles", resol. de 27-IX-2017; e.o.).
Por lo tanto, le asiste razón al recurrente en cuanto entiende que la denegatoria de las vías extraordinarias no resulta ajustada a derecho. Por un lado, pues, respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el tribunal de grado no lo intimó en los términos prescriptos por el mentado art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial, aplicable supletoriamente en la especie y, desde otro costado, al no resultar exigible -tal como se anticipó- para la admisibilidad del recurso extraordinario de nulidad incoado.
III.3. En consecuencia, más allá de lo que con posterioridad se resuelva sobre la procedencia de los agravios fundantes de los recursos incoados, se hace lugar a la queja traída y se declara mal denegados los recursos de nulidad y de inaplicabilidad de ley deducidos, los que en estos términos se conceden (art. 292, CPCC; Ac. 4.068/22; art. 89, ley 15.057, Resol. 1.840/24).
En razón de lo expuesto, cabe observar, respecto al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que el valor del agravio se encuentra representado para el interesado -a los fines de lo dispuesto en los arts. 278 y 280 del Código ritual citado-, por el importe de los rubros reclamados en la acción objeto del incidente de nulidad de notificación que cuestionan (v. escrito de demanda de 9-III-2023, causas Ac. 105.225, "Wasylciw", resol. de 8-VII-2009; L. 120.679, "Ortiz", resol. de 27-XII-2017 y L. 125.239, "Pérez Díaz", resol. de 2-XI-2020; e.o.).
Así, de acuerdo a lo dicho, el depósito a satisfacer en el sub lite es de un millón quinientos sesenta y tres mil seiscientos pesos ($1.563.600), fijados por el citado art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial en concepto de cien (100) jus arancelarios, si el equivalente al diez (10) por ciento del valor del litigio fuere inferior al valor de dicha unidad, vigente al momento de interposición de la vía recursiva (art. 280, primero y cuarto párrafo, cit.).
IV. 1. Ingresando en el tratamiento del recurso extraordinario de nulidad concedido, no es ocioso recordar que dicha vía sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. prov.; causas L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018; L. 125.420, "Avit", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021).
IV.2. En este contexto, cabe anticipar que la vía intentada en los términos del art. 296 del Código Procesal Civil y Comercial se observa manifiestamente improcedente.
III.2. En efecto, los argumentos desplegados en el recurso se ciñen, en rigor, al cuestionamiento del acierto jurídico del fallo -tópico que, sabido es, resulta ajeno a la vía procesal bajo examen- y, en adición, de la simple lectura del pronunciamiento emerge que el mismo se encuentra fundado en derecho.
Al respecto, esta Corte reiteradamente ha declarado que no se configura infracción al art. 171 de la Constitución provincial si el pronunciamiento dictado se encuentra respaldado en expresas normas legales, resultando extraña al recurso extraordinario de nulidad la incorrecta, desacertada o deficiente fundamentación jurídica del fallo (causas L. 106.708, "Severino", sent. de 12-VI-2013; L. 117.190, "Almada", sent. de 17-IX-2014 y L. 120.391, "Romero", resol. de 31-V-2017).
En tal sentido, reiteradamente ha sostenido este Tribunal que, si bajo la denuncia de nulidad del pronunciamiento, en realidad los agravios que porta el recurso extraordinario se sustentan en el cuestionamiento a la forma en que el juzgador resolvió la contienda, en tanto aquellos importa la imputación de típicos errores in iudicando , devienen ajenos al carril intentado y propios del de inaplicabilidad de ley (causas L. 79.779, "Gelis", sent. de 20-VIII-2008 y L. 120.402, "Díaz", resol. de 3-V-2017).
Además, en lo que atañe a la violación de las garantías de defensa en juicio y debido proceso legal, tiene también resuelto este Tribunal que lo relativo a la infracción de los derechos constitucionales mencionados, no constituye tema que pueda someterse a juzgamiento a través del recurso extraordinario de nulidad, por resultar ajenos al mismo (causas L. 94.844, "Rodríguez", sent. de 3-VI-2009 y L. 119.125, "Hernández", resol. de 28-XII-2016).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Hacer lugar a la queja traída y conceder los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley incoados (art. 292 del CPCC; Ac. 4.068/2022; art. 89, ley 15.057, Resol. 1.840/24).
2. Intimar al señor Pablo Adrián Pugliese para que, en el término de cinco días, acompañe el comprobante que acredite ante esta sede haber depositado -a la orden del tribunal que dictó el fallo impugnado- la suma de un millón quinientos sesenta y tres mil seiscientos pesos ($ 1.563.600), por constituir este último el importe mínimo (100 jus) fijado por la referida norma del Código Procesal Civil y Comercial provincial para la admisibilidad de la vía intentada al tiempo de la interposición del recurso, bajo apercibimiento de declarar desierto el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley concedido, respectivamente (art. 280, CPCC).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y la regulación de honorarios para su oportunidad.
3. Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 298, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/08/2024 16:50:40 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/08/2024 12:57:26 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/08/2024 18:20:49 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2024 15:29:41 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/08/2024 08:31:29 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/08/2024 10:07:19 hs. bajo el número RR-986-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia