Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131715
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y la señora Jueza doctora Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 7 del Departamento Judicial San Isidro, con asiento en la ciudad de Pilar, rechazó íntegramente la demanda incoada por el señor José Alberto Barberia contra la Asociación Civil de Estudios Superiores ACES, Fernando Carlos Moreira y Sebastián Bernardo Scianca, en concepto de indemnización por despido y otros rubros de linaje laboral (v. pronunciamiento de fecha 31-VII-2023).
Para así decidir, en lo esencial, juzgó acreditado que las partes estaban unidas por una relación comercial.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 15-VIII-2023), el que fue concedido por el a quo en el marco de la excepción que contempla el artículo 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resolución del 12-IX-2023).
En su presentación cita las normas y la doctrina que considera violadas. En sustancia, cuestiona que el sentenciante consideró no probado el vínculo laboral. Sostiene que dicha conclusión es fruto de una absurda valoración de la prueba. Denuncia vulnerado el principio de primacía de la realidad y la presunción contenida en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo. Finalmente, cuestiona que el órgano de grado desestimó la responsabilidad solidaria de la asociación demandada.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina legal (causas L. 123.066, "Núñez", resol. de 14-VIII-2019; L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019 y L. 130.189, "Asenjo", resol. de 01-XI-2023), hipótesis que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020 y L. 130.284, "Silvero", resol. de 21-VI-2023).
III.2.a. En este contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, el recurrente trae a consideración agravios relacionados a cuestiones fácticas y probatorias, vinculadas a la determinación -o no- de la existencia de una relación de linaje laboral entre las partes, y al supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de trabajo al meritar las circunstancias probatorias de la litis, asuntos detraídos de revisión de esta Suprema Corte en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto procesal citado (L. 121.960, "Albornoz", resol. de 20-II-2019; L. 124.122, "Barrionuevo", resol. de 16-VI-2020; L. 125.282, "Denk", resol. de 12-II-2021; L. 128.261, "Lacerra", resol. de 23-V-2022 y L. 131.130, "Gómez", resol. de 15-IV-2024).
III.2.b. Asimismo, corresponde advertir que no se verifica el excepcional supuesto de admisibilidad cuando los precedentes traídos se encuentran relacionados con la supuesta alteración de las reglas del onus probandi (causas L. 121.519, "Gómez", resol. 6-VI-2018; L. 121.631, "Sosa", resol. de 27-II-2019; L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020; L. 128.903, "Lineros", resol. de 19-IX-2022 y L. 131.146, "Gaitán", resol. de 15-IV-2024).
III.3. Por lo demás, cabe aclarar que se encuentra excluido del concepto de doctrina legal, en los términos y con los alcances en que ésta ha sido definida por este Superior Tribunal, la mención de la opinión personal de sus ministros (causas L. 121.472, "Aguilar", resol. 8-VIII-2018; L. 124.714, "Tolosa", resol. de 24-VIII-2020; L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021 y L. 129.470, "Tissera", resol. de 10-IV-2023).
III.4. Para terminar, dable es señalar que no constituye doctrina legal la que deriva de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020; L. 126.246, "Diéguez", resol. de 22-IX-2021 y L. 130.081, "Torres", resol. de 27-III-2023).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar -respecto de lo expuesto en el apartado III.2.b.- que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/08/2024 09:12:44 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2024 11:07:21 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/08/2024 15:03:46 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2024 09:05:42 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2024 09:18:37 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/09/2024 12:34:37 hs. bajo el número RR-1030-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia