Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132060
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Soria y Torres y la señora Jueza doctora Budiño dijeron:
I. En el caso, el Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda promovida por Eugenio Núñez condenando a Jorge Daniel Pressacco al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización por despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. pronunciamiento de 19-X-2023).
Para así resolver, tuvo por acreditado que el vínculo laboral entre las partes y que el despido indirecto dispuesto por el trabajador resultó justificado.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 8-XI-2023), el cual fue concedido por el a quo (29-XII-2023).
En su presentación, señala que el tribunal de grado al dictar la sentencia en crisis incurrió en absurdo en la interpretación de las pruebas producidas, en especial la testimonial y la pericia contable.
Finalmente, alega que pesaba sobre el accionante la carga de probar los hechos en que fundó su acción.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria -representado por el capital de condena- no excede el importe mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Por tal razón, el tratamiento del remedio procesal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 -aplicable al momento de interposición del recurso extraordinario- (causas L. 127.604, "Díaz", resol. 20-XII-2021; L. 129.902, "Leihner", resol. de 10-IV-2023 y L. 130.306, "Mangiapane", resol. de 21-VI-2023; e.o.).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023 y L. 130.155, "Alcaraz", resol. de 11-VII-2023; e.o.).
III.2. Luego, corresponde indicar que luce infructuoso el planteo de inconstitucionalidad del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, en tanto esta Suprema Corte tiene dicho, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 apartado 3 inc. "a" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que el conocimiento y resolución del indicado remedio procesal compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas L. 125.004, "Fernández", resol. de 13-X-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020 y L. 129.268, "Senger", resol. de 15-II-2023).
III.3. En este contexto, cabe señalar que no se observa la concurrencia del mentado supuesto excepcional, toda vez que, además de referirse los agravios traídos a estrictas cuestiones de hecho y prueba -como en el caso, lo son aquellas vinculadas al examen de las constancias obrantes en la causa-, cuya definición es privativa de los jueces de grado, y detraídas de la revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el citado art. 55 de la ley 11.653 (causas L. 124.830, "Fabri", resol. de 30-XI-2020; L. 127.605, "Pardo", resol. de 7-III-2022 y L. 129.547, "Aquino", resol. de 4-XII-2023; e.o.), la doctrina legal que la recurrente cita transgredida ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 121.303, "Vargas", sent. de 12-II-2020; L. 127.838, "Haedo", resol. de 1-IX-2022; L. 130.761, "Actis", resol. de 22-XII-2023 y L. 131.282, "González", resol. de 29-V-2024; e.o.).
Del mismo modo, la denuncia de precedentes relacionados con la configuración del vicio de absurdo no resulta hábil a los fines de abrir la competencia revisora por el estrecho marco cognitivo establecido (causas L. 124.463, "Gamero", resol. de 14-VII-2020; L. 125.418, "Marín", resol. de 12-II-2021; L. 128.010, "Lezcano", resol. de 1-XI-2021; L. 127.289, "Juárez", resol. de 17-XI-2021; L. 128.412, "Florentin", resol. de 4-VII-2022 y L. 131.154, "Maldonado", resol. de 15-IV-2024).
III.4. Asimismo, reiteradamente ha sostenido este Tribunal que tampoco se observa la concurrencia de la excepción prevista por el art. 55 de la ley 11.653, en el sentido y alcance establecido por esta Suprema Corte, cuando los precedentes que se invocan como violados se vinculan a disposiciones de naturaleza procesal, como son aquellas relativas a la carga de la prueba (art. 375, CPCC; causas L. 123.666, "Santarelli", resol. de 27-V-2020 y L. 125.750, "Di Tullio", resol. de 15-IV-2021).
III.5. Por lo demás, es dable señalar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 127.641, "Maidana", resol de 28-XII-2021; L. 128.413, "Núñez", resol. de 7-VI-2022 y L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023; e.o.).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar, en lo concerniente a lo manifestado en el punto III.4., que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005 y L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. del 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. del 29-X-21 y L. 125.904, "Almada", resol. del 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/08/2024 14:07:58 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/09/2024 12:10:50 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/09/2024 10:39:45 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2024 09:08:09 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2024 09:26:54 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/09/2024 12:39:09 hs. bajo el número RR-1125-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia