Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131809
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda incoada por el señor Iván Elías Armando Girardi y, en consecuencia, condenó a G4S Soluciones de Seguridad S.A. a pagar la suma que estableció en concepto de vacaciones del año 2017, diferencias salariales correspondientes a los meses octubre, noviembre y diciembre de 2017 y el incremento previsto en el art. 53 ter de la ley 11.653, ordenando la entrega del certificado de servicios y remuneraciones y constancias de los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social y sindical en los términos y alcances que dispone el art. 80 de la ley 20.744. Por el contrario, la desestimó en cuanto procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido, las multas de los arts. 2 de la ley 25.323, 9 de la ley 25.013 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y la sanción prevista en el art. 275 contemplada en esta última ley (v. pronunciamiento de fecha 24-X-2023).
Para así decidir, y a partir de la valoración de las pruebas aportadas al proceso, el sentenciante juzgó injustificado el despido indirecto en que se colocó el trabajador, en tanto no se acreditaron los motivos injuriantes alegados en la comunicación rescisoria.
Asimismo, entendió que el trabajador no cumplió con los recaudos establecidos en el art. 3 del decreto 146/2001 para la percepción del recargo indemnizatorio contemplado en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 10-XI-2023), el que fue concedido por el a quo (v. resolución del 17-XI-2023).
En su presentación individualiza las normas y la doctrina legal que considera violadas en el pronunciamiento de grado.
En primer lugar, se agravia de la conclusión con arreglo a la cual el tribunal de origen consideró injustificado el despido indirecto dispuesto por el trabajador, pues -a su criterio- aquel efectuó una absurda valoración de los hechos y de las pruebas producidas en la causa.
En esa misma línea, cuestiona que se hubieran desestimado las multas de los arts. 2 de la ley 25.323, 9 de la ley 25.013 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y la sanción prevista en el art. 275 contemplada en esta última ley.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo preliminar, cabe señalar que, en el caso, el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria -representado por los rubros reclamados en la demanda vinculados a las indemnizaciones derivadas del despido y las multas de los arts. 2 de la ley 25.323, 9 de la ley 25.013 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo que no prosperaron y de cuyo rechazo se agravia en esta instancia- no alcanzan el monto mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, según texto ley 14.141 (causas L. 122.752, "Bravo", sent. de 4-VIII-2020; L. 128.042, "Blanco", resol. de 1-IV-2022 y L. 130.390, "Gurfinchel", resol. de 1-VIII-2023).
Además, y en relación al reproche dirigido a objetar la desestimación de la sanción por temeridad y malicia, el interesado omitió cumplir con la carga procesal que tiene de acreditar que el monto del litigio supera el umbral establecido en la citada norma para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 114.386, "Van Oosterom", resol. de 26-X-2011; L. 118.042, "Martínez", resol. de 5-XI-2014 y L. 117.480, "Chaparro", sent. de 11-III-2015 y L. 128.413, "Núñez", resol. de 7-VI-2022), al punto tal que ni siquiera estableció como estaría representado el mismo, ni cuantificó su importe.
Siendo ello así, la admisibilidad del remedio procesal en examen, solo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, aplicable al momento de la interposición del recurso extraordinario.
III.2. En estas condiciones, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, situación que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020; L. 125.781, "Mora", resol. de 17-II-2021; L. 128.848, "González", resol. de 19-IX-2022 y L. 131.106, "Flores", resol. de 6-III-2024).
III.3. En ese contexto, y en relación a los agravios dirigidos a impugnar la decisión de grado en orden a la interpretación de la injuria con aptitud para justificar la rescisión del contrato de trabajo y el rechazo de las multas reclamadas en autos, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que mediante la denuncia de vulneración de doctrina legal el impugnante trae a consideración objeciones vinculadas a cuestiones de hecho y prueba, así como al supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de trabajo al meritar las circunstancias probatorias de la litis, cuestiones que están detraídas de la revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes citado (causas L. 125.059, "Guzmán", resol. de 21-XII-2020; L. 125.962, "Monsalvo", resol. de 10-V-2021; L. 127.681, "Maluendez", resol. de 10-II-2022; L. 127.709, "Lusarreta", resol. de 11-II-2022; L. 127.234, "Raimo", resol. de 7-III-2022 y L. 129.900, "Peñalva", resol. de 27-VI-2023).
De todos modos, las citas jurisprudenciales efectuadas por el impugnante han sido elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos distintos a los que se verifican en el presente y, por lo tanto, resultan ineficaces para habilitar la revisión del pronunciamiento de origen por el estrecho conducto antes citado (causas L. 116.356, "Izurieta", sent. de 30-X-2013; L. 117.361, "López Aguado", sent. de 16-VII-2014; L. 118.712, "Grecco", resol. de 2-IX-2015; L. 125.234, Moccio, resol. de 9-XII-2020 y L. 126.436, "Cuello", resol. de 26-V-2021).
Igualmente, sabido es que tampoco resulta hábil para habilitar la instancia extraordinaria, por el mentado conducto excepcional, la doctrina definitoria del vicio de absurdo (causas L. 91.020, "Dinius", sent. de 23-IX-2009; L. 113.490, "Andino", resol. de 16-III-2011; L. 121.175, "Agüero", resol. de 22-VIII-2018; L. 122.426, "Carloni", resol. de 5-VI-2019 y L. 127.812, "Casas", resol. de 7-III-2022).
III.4. Luego, en relación a las objeciones dirigidas a impugnar el rechazo de la sanción prevista en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, el compareciente omite citar, en la pieza recursiva, doctrina legal alguna de esta Suprema Corte vinculada con dicho tópico, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 118.350, "Studer", resol. de 18-III-2015; L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018L. 125.162, "Navarro", resol. de 12-II-2021 y L. 128.489, "Domínguez", resol. de 29-VI-2022).
III.5. Finalmente, no es idónea la mera cita de doctrina legal que trae el recurso (v. págs. 1, 2, 3 y 4 del rec.) y que incumple con la carga prevista en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, esto es, de explicar de qué manera se configura su violación o el error en su aplicación (causas L. 113.789, "Mauceri", resol. de 18-IV-2011; L. 118.187, "Riple", resol. de 10-XII-2014; L. 119.957, "Bellani", resol. de 7-IX-2016; L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021 y L. 128.680, "Montivero", resol. de 13-VII-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/08/2024 14:07:53 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/09/2024 12:10:26 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/09/2024 10:39:39 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2024 09:08:02 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2024 09:26:49 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/09/2024 12:38:59 hs. bajo el número RR-1114-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia