Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131709
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art.292 del CPCC; art. 89, ley 15.057; Ac. 4.068/2022, Resol. 24/20 y Resol. 1.840/2024).
2Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido desestimados en otros casos sustancialmente análogos y el de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289 y 298 CPCC).
I. En el caso, el Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Mercedes, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por la señora Verónica Carla Beatriz Bonfanti y condenó a Atlántica de Juegos S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización por despido y otros rubros de naturaleza laboral, incluyendo la multa contenida en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. vered. y sent. de 31-X-2023).
Para así decidir, en lo esencial, juzgó que no fue acreditada la conducta endilgada a la trabajadora al disponerse la extinción del vínculo, concluyendo así que el despido devino sin causa. Además, en lo que interesa destacar por haber sido materia de recurso, tras valorar la documental adunada en la causa y teniendo a la vista el expediente n° 45.847 caratulado: "Atlántica de Juegos S.A. c. Bonfanti Verónica Carla Beatriz s. Consignación", sostuvo que la entrega del Certificado de Trabajo exigido por el citado art. 80 si bien fue frustrada por el accionar de la parte actora, no contaba con la documentación en condiciones de ser cumplida, toda vez que las certificaciones de las firmas fueron realizadas con posterioridad a dicha entrega (v. pág. 3 del vered. y pág. 4 de la sent.).
II. Contra lo así resuelto, la demandada interpuso recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. escritos de 15-XI-2023). En el primero de los remedios descriptos, con fundamento en el art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, alegó que el a quo , durante el transcurso del proceso no hizo lugar al pedido de acumulación del expediente en el que tramitó la consignación judicial arriba señalado, introducido al contestar el traslado de la acción. En dicha línea de pensamiento, sostuvo que lo así preterido -a su criterio- sustenta el vicio de absurdo en que hubo de incurrir el tribunal de grado al considerar que la actora obstruyó la entrega del certificado y, pese a tal conclusión, condenó a su parte al pago de la multa establecida en el mencionado art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345).
En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con apoyo en las normas y la doctrina legal que individualizó, alegó configurado el vicio de absurdo en la valoración del material probatorio y las constancias esenciales de la causa. Afirmó, que al no acumularse la señalada causa en trámite ante los estrados del tribunal actuante, éste incurrió en la contradicción de juzgar que la actora paralizó la entrega de los certificados establecidos en el citado art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345) y no obstante multó a su parte en los términos de la sanción contenida en dicha norma "argumentando que las fechas en que puso a disposición tales instrumentos no se condecían con las fechas de certificación de firmas obrantes en los instrumentos consignados".
III. A su turno, el tribunal de trabajo concedió el recurso extraordinario de nulidad intentado y declaró inadmisible el de inaplicabilidad de ley, éste último por juzgar que el valor de lo cuestionado por tal vía no alcanza el monto establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial a fin de habilitar la instancia de casación local y, asimismo, por no haberse citado doctrina legal en los términos del supuesto excepcional contenido en el en el art. 55 de la ley 11.653 (v. resol. de 5-XII-2023), dando lugar a la articulación de la presente queja (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico de 12-XII-2023).
En la vía de hecho interpuesta ante esta sede, la recurrente sostiene errado el pronunciamiento mediante el cual el a quo declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto, pues, observa, que al desarrollar sus agravios en aquel canal recursivo denunció de "modo claro y conciso" la doctrina legal que consideró conculcada. Denuncia violación a la garantía de la doble instancia e invoca cuestión federal.
IV. 1. De inicio, se observa que la impugnante, no desconoce en su queja que la cuantía económica de lo cuestionado en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no excede el mínimo fijado por el citado art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, según el texto de la ley 14.141, vigente al momento de la interposición de aquel remedio procesal (causas L. 117.757, "Iyarza", resol. de 30-IV-2014; L. 117.696, "Cremonte", resol. de 9-XII-2015; L. 117.132, "Bulich", resol. de 27-XII-2017 y L. 126.905, "Sauvage", resol. de 14-V-2021), sin que la recurrente haya expuesto razones suficientes que ilustren -en el caso- la presencia de un agravio federal que autorice el conocimiento del recurso sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 118.518, "Berg", resol. de 1-VII-2015; L. 118.818, "Concha", resol. de 28-X-2015; L. 120.108, "Campo Dell' Orto", resol. de 12-VII-2017; L. 125.663, "Siebenhaar", resol. de 4-III-2021 y L. 130.920, "García", resol. de 8-IV-2024).
En este contexto, no es ocioso recordar que esta Suprema Corte tiene dicho, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 apartado 3 inc. "a" de la Constitución de la Provincia establece que el conocimiento y resolución del indicado remedio procesal compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas L. 116.461, "Arriola Camacho", sent. de 31-VII-2013; L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015 y L. 124.765, "Trescher", resol. de 23-IX-2020).
Cabe agregar a ello -como también lo ha resaltado esta Corte- que el juego armónico de lo dispuesto por los artículos 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653 -aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario-, en modo alguno veda la deducción del medio de impugnación previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causas L. 117.612, "Aranda", sent. de 17-IX-2014; L. 118.542 "Holzman", resol. de 10-XII-2014 y L. 124.714, "Tolosa", resol. de 24-VIII-2020).
Además, la obligatoriedad de la doble instancia judicial prevista en el art. 8 apartado 2 inc. "h" de la Convención Americana de Derechos Humanos está establecida como tal exclusivamente para el proceso penal, por lo que no puede ser extendida a los litigios laborales (causas L. 114.953, "Ledesma", resol. de 7-IX-2011; L. 106.055, "Pellejero", sent. de 14-XII-2011 y L. 128.376, "Maldonado", resol. de 4-VII-2022).
IV.2. No obstante, cierto es que en oportunidad de interponer el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la impugnante denunció la doctrina legal que consideró conculcada, por lo que la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.578, "Duarte", resol. de 21-VI-2012; L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015 y L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020).
IV. En atención a ello, corresponde hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley intentado (arts. 292, CPCC; 31 bis segundo párrafo, ley 5.827, y modif. y 89, ley 15.057; Ac. 4.068/2022, Resol. 24/20 y Resol. 1.840/2024).
V.1. En cuanto al estudio del recurso extraordinario de nulidad concedido, cabe contemplar que el mismo se observa manifiestamente improcedente (31 bis segundo párrafo, ley 5.827). Tal como se anticipó, en aquella oportunidad la recurrente denunció, con apoyo en lo normado en el art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la omisión de una cuestión esencial, en lo relativo a que el a quo soslayó hacer lugar a la acumulación peticionada al contestar la acción y de esta manera, dicha prescindencia, a su modo de ver, resultó gravitante en la condena fundada en el mentado art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345).
V.2. En principio, corresponde recordar, que, el remedio extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. prov.; causas L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018; L. 125.420, "Avit", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021).
V.3. En este marco, y sin perjuicio de otras consideraciones, la argumentación formulada resulta improcedente, desde que los agravios que remiten al análisis de cuestiones procesales anteriores al dictado de la sentencia definitiva resultan, como tales, extraños a la vía establecida en el art. 161 apartado 3 inc. "b" de la Constitución provincial (causas L. 118.720 "Villalba", resol. de 27-V-2015; L. 117.734 "Latorre", sent. de 1-VII-2015; L. 114.397 "Perrota", sent. de 14-X-2015; L. 119.136, "Roldan", resol. de 2-III-2016 y L. 120.988, "Martínez Vera", resol. de 25-IX-2019).
Importa agregar, además, que no constituye tema que pueda someterse a juzgamiento a través del canal extraordinario de nulidad, la acusación de la impugnante vinculada al presunto quebranto de garantías de raigambre constitucional (causas L. 106.409, "Di Yorio", sent. de 8-V-2013; L. 117.924, "Caballero", resol. de 16-VII-2014; L. 124.771, "Ruiz", resol. de 21-IX-2020 y L. 128.412, "Florentín", resol. de 4-VII-2022).
V.4. Finalmente, ingresando en el análisis del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en este acto concedido, se impone afirmar que, en la especie, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que los planteos que porta el recurso vinculados a la valoración del material probatorio para determinar la configuración o no de los presupuestos para la procedencia de la multa prevista en el art. 80 de la ley 20.744 (texto según ley 25.345) importa la revisión de cuestiones fácticas y probatorias, cuyo análisis resulta una facultad privativa del juzgador de grado que, como tal, se encuentra excluido del ámbito de la casación por la vía intentada (causas L. 117.753, "Vidal", sent. de 14-X-2015; L. 122.151, "Codini", resol. de 29-V-2019; L. 125.158, "Sangorrín", resol. de 4-III-2021 y L. 128.338, "Oficialdegui", resol. de 22-XII-2022).
En esa línea, reiteradamente ha dicho esta Casación que no se configura la excepción prevista en el citado precepto ritual -en el sentido y con el alcance establecido por esta Suprema Corte- si las doctrinas cuya transgresión se denuncian se refieren al vicio de absurdo (causas L. 117.164, "Cabrapan Vergara", resol. de 5-IV-2013; L. 121.218, "López", resol. de 13-VI-2018; L. 125.750, "Di Tullio", resol. de 15-IV-2021 y L. 130.803, "Martindale", resol. de 26-XII-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art.292 del CPCC; art. 89, ley 15.057; Ac. 4.068/2022, Resol. 24/20 y Resol. 1.840/2024).
2. Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido desestimados en otros casos sustancialmente análogos y el de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289 y 298 CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/09/2024 10:28:13 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/09/2024 10:29:30 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/10/2024 13:45:35 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/10/2024 17:13:19 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/10/2024 08:39:51 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/10/2024 10:46:00 hs. bajo el número RR-1252-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia