Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132077
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que el planteo introducidos en el punto III.2, no reúne los requisitos esenciales, y el tratado en el III.3. ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Soria y Torres y la señora Jueza doctora Budiño dijeron:
I. El Tribunal del Trabajo con asiento en la ciudad de Tandil, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, hizo lugar parcialmente a la demanda deducida por la señora Débora Alexis Salto Monje y condenó a Thaun S.A. a abonar la suma que especificó en concepto de multa del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Por el contrario, la desestimó en cuanto perseguía el cobro del sueldo anual complementario proporcional, vacaciones no gozadas, diferencias salariales, las indemnizaciones derivadas del despido y la prevista en el art. 53 ter de la Ley 11.653, como así también la sanción del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (v. vered. y sent de fecha 16-II-2024).
Para así decidir, en lo que resulta materia de agravio, juzgó que la actora no pudo demostrar los motivos que invocó como causal de injuria para disolver el contrato de trabajo que lo unía con su empleador.
Asimismo, sostuvo que, habiéndose acreditado el ingreso de los importes retenidos del salario del trabajador a los organismos respectivos, correspondía rechazar la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la ley 20.744.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 6-III-2024), el que fue concedido por el a quo (v. resol. 14-III-2024).
En su presentación denuncia absurdo, la transgresión de las normas y de la doctrina legal que identifica.
En esencia, la crítica se orienta a cuestionar la decisión del órgano judicial de grado de tener por no acreditadas las causales que invocó al considerarse injuriada y despedida.
Luego, y a diferencia de lo resuelto por el juzgador, afirma que está acreditado que la demandada retuvo aportes a la trabajadora con destino a la entidad sindical, los que no fueron depositados en los organismos correspondientes.
III. El recurso no prospera.
III.1. Cuestiones de orden metodológico imponen examinar la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso articulado, particularmente en lo que respecta al valor del litigio.
Es menester destacar que en atención a que los cuestionamientos traídos por la recurrente versan sobre pretensiones independientes deducidas en una misma demanda (acumulación objetiva), se constata que una de ellas -la vinculada a la aplicación de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo- resulta de valor indeterminado (causas L. 117.450, "Etchegaray", sent. de 8-IV-2015; L. 119.769, "Corbari", sent. de 29-VIII-2017; L. 121.919, "Cabrera", sent. de 12-II-2020 y L.122.013, "Vitale", sent. de 4-III-2020).
III.2.a. En cambio, respecto de los restantes cuestionamientos, es dable observar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por la suma reclamada en la demanda de cuyo rechazo se agravia la recurrente-, no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (ley 14.141), de modo que la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido debe ser analizado dentro del marco definido en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 -aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario- (causas L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020; L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020 y L. 129.902, "Leihner", resol. de 10-IV-2023).
Así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas causas L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020 y L. 130.284, "Silvero", resol. de 21-VI-2023).
III.2.b. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que la impugnante trae a consideración agravios relacionados a cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado y relativos a la valoración de los hechos y las pruebas -tales como son las vinculadas a la interpretación de la injuria con aptitud para justificar la rescisión del contrato de trabajo-, asuntos detraídos de la revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes citado (causas L. 118.595, "Machado", resol. de 9-IX-2021; L. 127.700, "Guinea", resol. de 10-II-2022 y L. 129.740, "Miceli", resol. de 27-II-2023).
No mejora la suerte de la impugnación la mención de precedentes definitorios del absurdo, en tanto no habilitan la excepción prevista en el citado art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (causas L. 125.045, "Almeida", resol. de 14-XII-2020; L. 125.418, "Marín", resol. de 12-II-2021 y L. 128.010, "Lezcano", resol. de 1-XI-2021).
III.3.a. Ningún reparo admite en cuanto a su admisibilidad, el embate dirigido a censurar aquella parcela del pronunciamiento que rechazó la sanción prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, pues el importe de la penalidad establecida en la citada norma legal sería el equivalente a las remuneraciones que se devengaron mensualmente a favor del trabajador, con igual periodicidad a la del salario, hasta que el empleador acreditara de modo fehaciente el ingreso efectivo de los montos retenidos, lo que torna al litigio, a los fines del recurso, como de monto indeterminado (art. 55, ley 11.653; causas L. 115.021, "Mazza", sent. de 27-XI-2013; L. 117.532, "Norese", resol. de 1-VII-2015; L. 122.784, "Eguren", resol. de 18-IX-2019 y L. 126.825, "Cherchyk", resol. de 17-VIII-2021).
III.3.b. Sentado ello, esta Corte ha señalado que determinar -con arreglo a las constancias adunadas en la causa- si se verifican los requisitos a los cuales la citada norma del art. 132 bis de la ley 20.744 subordina la aplicación de la sanción allí prevista, constituye una facultad privativa del tribunal de trabajo, y las conclusiones que al respecto se formulen no son susceptibles de revisión ante la Suprema Corte, salvo el supuesto excepcional de absurdo (art. 55, ley 11.653; L. 120.003, "Peralta", 24-IV-2019, L. 122.784, "Eguren", resol. de 18-IX-2019 y L. 123.851, "Irazoqui", resol. de 27-V-2020).
Ello requiere la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021; L. 121.726, " Herrera", resol. de 27-III-2023 y L. 129.594, "Andrada", resol. de 21-VI-2023), ya que no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurarlo (causas L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021; L. 121.726, " Herrera", resol. de 27-III-2023 y L. 129.594, "Andrada", resol. de 21-VI-2023).
III.3.c. En el caso, el órgano judicial de grado rechazó la pretensión de la accionante tendiente a percibir la citada sanción conminatoria. Ello así, pues valorando el material probatorio de la causa juzgó no acreditada la falta de ingresos de aportes retenidos a la trabajadora con destino a los organismos correspondientes.
En tal sentido, indicó que, en el informe pericial contable, el experto informó que el empleador había cumplido con el depósito total de las sumas que le fueron retenidas a la trabajadora y que, si bien existió una deuda de aportes sindicales, por los pedidos junio 2019 a abril 2021, las sumas debidas fueron regularizadas en un plan de facilidades de pagos, abonándose la última cuota en el mes de abril de 2022.
III.3.d. Así, las conclusiones expuestas en la sentencia impugnada no logran ser descalificadas por la recurrente. Ello así, puesto que las alegaciones formuladas no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos de aquella tarea llevada a cabo por los magistrados, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas "Girimonti", resol. de 5-VI-2019; L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020; L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021 y L. 126.986, "Giménez", resol. de 29-XI-2021).
En suma, el agravio traído revela la ausencia de idoneidad para rebatir la decisión adoptada en la instancia de origen, pues no aporta ningún elemento convincente que demuestre que la solución dada al caso sea absurda, o el error en la aplicación de las normas que se denuncian violadas.
III.3.e. Siendo ello así, se impone confirmar lo decidido sobre el punto en la sentencia atacada, toda vez que la retención de aportes, y la consecuente falta de ingreso de ellos a los organismos correspondientes, es el presupuesto fundamental para la procedencia de la sanción conminatoria establecida en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, extremo que -como se dijo- no resultó demostrado en autos.
La señora jueza doctora Kogan dijo:
A tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.) -y dejando a salvo mi opinión expuesta en las causas L. 97.082, "Santisteban" (sent. de 30-III-2011) y L. 108.498, "Carabajal" (sent. de 22-V-2013); entre otras, acompaño lo decidido por mis colegas preopinantes en el punto III.1. segundo párrafo de su propuesta.
Luego, también adhiero a lo expuesto en los restantes apartados del voto inaugural del Acuerdo.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que el planteo introducidos en el punto III.2, no reúne los requisitos esenciales, y el tratado en el III.3. ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/09/2024 10:28:17 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/09/2024 10:29:39 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/10/2024 13:45:38 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/10/2024 17:13:32 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/10/2024 08:39:54 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/10/2024 10:46:06 hs. bajo el número RR-1258-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia