Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132331
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Soria y Torres, y la señora Jueza doctora Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la acción incoada por el señor Marcelo Alejandro Cabral y, en consecuencia, condenó -por un lado- a Verónica Alejandra Roth al pago de la suma que especificó en concepto de días trabajados correspondiente al mes de enero de 2019 junto a su respectivo sueldo anual complementario proporcional y rechazó -por el otro- las indemnizaciones derivadas del cese del contrato de trabajo y otros rubros de naturaleza laboral (v. pronunciamiento de 2-VI-2023).
Para así decidir, valoró la prueba reunida en autos y juzgó acreditado que el actor extinguió voluntariamente y de manera unilateral el vínculo laboral que lo unía con la demandada, violentando el principio de buena fe y de conservación del empleo receptado en el artículo 10 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II. Frente a dicho pronunciamiento, el accionante interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 20-VI-2023), el que fue concedido por el a quo en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resol. de 27-VI-2023).
En su presentación, con denuncia de absurdo y arbitrariedad en la valoración de las circunstancias de la causa, impugna la conclusión a la que arribó el juzgador de grado en torno a la extinción del vínculo laboral.
Luego, dirige su crítica a objetar el rechazo de la multa prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Seguidamente, se agravia indicando que, ante la declaración de rebeldía de la contraria y la confección ficta de la absolución de posiciones, debió acoger los rubros reclamados en la demanda.
Por su parte, denuncia la doctrina que considera vulnerada y la violación del principio de congruencia.
Finalmente, cuestiona la imposición de costas a su cargo.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone observar que el remedio procesal en examen fue concedido en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, por juzgar el tribunal de grado insuficiente el monto de lo cuestionado (v. resolución de fecha 27-VI-2023), decisión que, debidamente notificada a las partes (v. cédulas electrónicas de fecha 27-VI-2023), no mereció objeciones del aquí recurrente.
En consecuencia, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina legal (causas L. 123.066, "Núñez", resol. de 14-VIII-2019; L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019 y L. 129.775, "Guimaraes", resol. de 14-III-2023; e.o.), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020 y L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021; L. 129.162, "Antocci", resol. de 10-XI-2022; L. 129.813, "Gramajo", resol. 10-IV-2023 y L. 131.129, "Suarez", resol. de 15-IV-2024; e.o.).
III.2. Realizado el examen conforme los lineamientos anteriormente enunciados, se observa que la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que mediante la denuncia de doctrina legal, cada uno de los agravios tardíos se vinculan cuestiones fácticas y probatorias y vinculadas al supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de trabajo al meritar las circunstancias probatorias de la litis, asuntos detraídos de la revisión en el acotado carril por el que transita el recurso (causas L. 117.894, "Silvero López", resol. de 10-XII-2014; L. 118.681, "Núñez", resol. de 1-VII-2015; L. 121.975, "Mansilla", resol. de 5-VI-2019; L. 125.287, "Seguel", resol. de 13-XI-2020; L. 126.743, "Ricardini", resol. de 6-VIII-2021 y L. 127.150, "Romano", resol. de 17-IV-2023).
Resta añadir a lo expuesto que la doctrina que emerge de las causas que cita la recurrente, referidas al vicio de absurdo, no es idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el art. 55 de la ley ritual (causas L. 116.942, "Novelli", sent. de 28-X-2015; L. 119.427, "De Santo", sent. de 21-II-2018; L. 120.430, "González", sent. de 2-V-2019 y L. 127.380, "Ramos", resol. de 30-VIII-2021).
III.3. Por lo demás, corresponde recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020; L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023 y L. 131.733, "Delapiaza", resol. de 29-VII-2024).
III.4. Seguidamente, respecto a la denuncia de violación de doctrina legal vinculada al principio de congruencia, debe señalarse que esta Corte tiene dicho que su examen se encuentra marginado de la instancia extraordinaria en el marco de la excepción del art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 enunciada (causas L. 115.449, "Gamaleri", sent. de 5-III-2014; L. 111.776, "Vanetti", sent. de 25-II-2015; L. 123.315, "Prado", resol. 26-XII-2019; L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020; L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021; L. 128.276, "Casco", resol. de 29-XI-2022 y L. 130.320, "Díaz", resol. de 7-IX-2023).
III.5. Finalmente, y sin perjuicio de otras consideraciones, cabe señalar que en su lacónico reproche final que formula la recurrente, respecto de la imposición de costas, prescinde citar como transgredida doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020; L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020; L. 125.492, "Sartor", resol. 29-III-2021 y L. 130.055, "Mier Vique", resol. de 10-IV-2023).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar -respecto de lo expuesto en el apartado III.4.- que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021; L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021; L. 129.382, "Moura", resol. de 22-XI-2022 y L. 127.329, "Niz", resol. de 8-V-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/10/2024 13:10:25 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/10/2024 12:00:08 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/10/2024 18:24:57 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/10/2024 17:17:02 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/10/2024 08:48:41 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/10/2024 10:49:49 hs. bajo el número RR-1291-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia