Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130449
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que los planteos introducidos en el punto III.2, no reúnen los requisitos esenciales, y el tratado en el III.3. ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Soria y Torres y la señora Jueza doctora Budiño dijeron:
I. En el caso, el Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda promovida por la señora Sonia Alejandra Borba y, en consecuencia, condenó solidariamente a Grupo Teamseg S.A. y a Transfármaco S.A. a pagar la suma que especificó en concepto de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. pronunciamiento de fecha 10-V-2022).
Para así resolver, tuvo por acreditado que el vínculo laboral entre la actora y Grupo Teamseg S.A. concluyó por despido directo de la empleadora durante el período de prueba, sin haber respetado la accionada lo dispuesto por los arts. 231 y 232 de la ley 20.744. Además, tuvo por verificados los recaudos necesarios para la procedencia de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Luego, indicó que las tareas que cumplía la trabajadora para su empleadora eran necesarias para el cumplimiento de los fines comerciales de la coaccionada Transfármaco S.A., en tanto formaban parte del giro normal y habitual de sus negocios. En consecuencia, concluyó que esta última, al no cumplir con su obligación de control, resultaba solidariamente responsable, en los términos del art. 30 de la ley 20.744, por el pago de los créditos que le fueron reconocidos a la actora.
II. Frente a lo así resuelto, la codemandada Transfármaco S.A. dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 30-V-2022), el cual fue concedido por el a quo (v. resolución de 8-III-2023).
En lo esencial, dirige su embate a censurar la conclusión de grado en cuanto aplicó las disposiciones del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo para condenarla solidariamente, en tanto entiende que tal decisión es fruto de una absurda apreciación de la prueba.
Asimismo, objeta la condena al pago de horas extras y de la sanción prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de trabajo.
III. El recurso no ha de prosperar.
III.1. Cuestiones de orden metodológico imponen examinar la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso, particularmente en lo que respecta al valor del litigio.
Es menester destacar que en atención a que los cuestionamientos traídos por la recurrente versan sobre pretensiones independientes deducidas en una misma demanda (acumulación objetiva), se constata que una de ellas -la vinculada a la aplicación de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo- resulta de valor indeterminado (causas L.122.013, "Vitale", sent. de 4-III-2020; L. 121.936, "Ilzarbe", sent. de 31-VIII-2020; L. 123.858, "Bueno", sent. de 20-X-2021; L. 123.665, "Martínez", sent. de 7-III-2022; L. 128.965, "Ruau Saubidet", resol. de 21-X-2022; L. 127.398, "Rizzo", resol. de 27-II-2023 y L. 130.463, "Moreno", resol. de 29-VII-2024).
III.2.a. A partir de tales premisas, en relación a los agravios dirigidos a impugnar la decisión de grado en orden a la errónea aplicación del art. 30 de la ley 20.744 y a la condena de pago de horas extras, se impone observar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria -representado por los importes de los restantes rubros que conforman el monto de condena- no excede el importe mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Por tal razón, el tratamiento del remedio procesal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 -aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario- (causas L. 127.604, "Díaz", resol. 20-XII-2021; L. 129.902, "Leihner", resol. de 10-IV-2023 y L. 130.306, "Mangiapane", resol. de 21-VI-2023; e.o.).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023 y L. 130.155, "Alcaraz", resol. de 11-VII-2023; e.o.).
III.2.b. Realizado el examen conforme los lineamientos anteriormente enunciados, cabe señalar que no se observa la concurrencia del mentado supuesto excepcional, toda vez que, además de referirse los agravios traídos a estrictas cuestiones de hecho y prueba -como son, aquéllas vinculadas a la determinación de la existencia o no de los presupuestos de solidaridad contemplada en el art. 30 de la ley de Contrato de Trabajo y el cumplimiento de horas suplementarias-, cuya definición es privativa de los jueces de grado, y detraídas de la revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el citado art. 55 de la ley 11.653 (causas L. 124.830, "Fabri", resol. de 30-XI-2020; L. 127.605, "Pardo", resol. de 7-III-2022 y L. 129.547, "Aquino", resol. de 4-XII-2023; e. o.), la doctrina legal que la recurrente cita transgredida ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 121.303, "Vargas", sent. de 12-II-2020; L. 127.838, "Haedo", resol. de 1-IX-2022; L. 130.761, "Actis", resol. de 22-XII-2023 y L. 131.282, "González", resol. de 29-V-2024; e.o.).
Del mismo modo, la denuncia de precedentes relacionados con la configuración del vicio de absurdo no resulta hábil a los fines de abrir la competencia revisora por el estrecho marco cognitivo establecido (causas L. 124.463, "Gamero", resol. de 14-VII-2020; L. 125.418, "Marín", resol. de 12-II-2021; L. 128.010, "Lezcano", resol. de 1-XI-2021; L. 127.289, "Juárez", resol. de 17-XI-2021; L. 128.412, "Florentin", resol. de 4-VII-2022 y L. 131.154, "Maldonado", resol. de 15-IV-2024).
III.2.c. Por lo demás, corresponde recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 127.641, "Maidana", resol. de 28-XII-2021; L. 128.413, "Núñez", resol. de 7-VI-2022 y L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023; e.o.).
III.3.a. Ningún reparo admite en cuanto a su admisibilidad (arts. 278, CPCC y 55, ley 11.653) la impugnación vinculada al restante agravio traído, pues esta Corte tiene dicho que el importe de la penalidad prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo sería el equivalente a las remuneraciones que se devengaron mensualmente a favor del trabajador, con igual periodicidad a la del salario, hasta que el empleador acreditara de modo fehaciente el ingreso efectivo de los montos retenidos, lo que torna el litigio, a los fines del recurso, de monto indeterminado (art. 55, ley 11.653, causas L. 123.845, "Contreras", resol. de 11-III-2020; L. 123.846, "Rodríguez", sent. de 22-II-2021; L. 122.768, "Piangatelli", sent. de 7-III-2022 y L. 123.153, "Páez", sent. de 27-II-2023).
III.3.b. Sentado ello, es oportuno recordar que determinar -con arreglo a la prueba producida en la causa- si se verifican los requisitos a los que el citado art. 132 bis de la ley 20.744 subordina la aplicación de la sanción conminatoria mensual allí prevista, constituye una facultad privativa del tribunal de trabajo. Las conclusiones que al respecto se formulen en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no son susceptibles de revisión en casación, salvo el supuesto excepcional de absurdo (causas L. 121.936, "Ilzarbe", sent. de 31-VIII-2020; L. 124.045, "Olivera", sent. de 13-VII-2021; L. 125.822, "Martinez", sent. de 27-VI-2023 y L. 128.299, "Molina", sent. de 30-IV-2024).
En el caso bajo estudio, la recurrente omite satisfacer dicho recaudo, toda vez que no invoca la configuración del mentado vicio, por lo que la réplica resulta insuficientemente fundada.
En efecto, sabido es que esta Corte reiteradamente ha señalado que resulta técnicamente defectuoso el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que impugna la interpretación efectuada por el tribunal de la instancia ordinaria en función que le compete privativamente, omitiendo la invocación del mencionado yerro sentencial (art. 279, CPCC; causas L. 124.434, "Papa", resol. de 23-X-2020; L. 125.157, "Dietrich", resol. de 22-II-2021; L. 129.039, "Zacarías", resol. de 21-X-2022; L. 127.398, "Rizzo", resol. de 27-II-2023 y 131.292, "Fontana", resol. de 29-V-2024).
III.3.c. Sin perjuicio de la marcada insuficiencia técnica que presenta la impugnación, cabe señalar que las escuetas manifestaciones que formula la interesada, transitan sobre meras apreciaciones personales, insuficientes para conmover lo resuelto en la instancia de origen, en tanto sólo exhibe su disconformidad con la solución alcanzada, pero sin hacerse cargo de rebatir las esenciales conclusiones a las que arribo el sentenciante.
En este sentido, ha declarado este Tribunal que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que agota su pretensión en el mero intento de sustituir el criterio de los juzgadores de origen por el propio, porque el vicio de absurdo sólo se configura ante el error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.111, "Ferreyra", resol. de 16-VI-2020; L. 124.997, "Petri", resol. de 4-II-2021; L. 128.965, "Ruau Saubidet", resol. de 21-X-2022 y L. 129.937, "Godoy", resol. de 4-X-2023), ya que no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones alcanzan para configurarlo (causas L. 121.001, "Ledesma", resol. de 7-III-2018; L. 121.844, "Sandoval", resol. de 13-II-2019 y L. 124.997, "Petri", resol. de 4-II-2021; L. 127.398, "Rizzo", resol. de 27-II-2023).
Por lo demás, sabido es, que la selección, jerarquización y valoración del material probatorio constituye una facultad privativa del tribunal de trabajo y las conclusiones que al respecto formule, no son susceptibles de revisión ante la instancia extraordinaria, salvo invocación y demostración del vicio de absurdo (causas L. 124.782, "Fleitas Bogado", resol. de 25-IX-2020; L. 126.954, "Aquino", resol. de 23-VIII-2021; L. 128.035, "Suriani", resol. de 23-V-2022; L. 129.937, "Godoy", resol. de 4-X-2023 y L. 130.886, "Gerez", resol. de 21-III-2024) que, en el caso, como se anticipó, se omite denunciar.
La señora jueza doctora Kogan dijo:
A tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.) y dejando a salvo mi opinión expuesta en las causas L. 97.082, "Santisteban" (sent. de 30-III-2011) y L. 108.498, "Carabajal" (sent. de 22-V-2013) -entre otras-, acompaño lo decidido por mis colegas preopinantes en el punto III.1 de su propuesta.
Luego, también adhiero a lo expuesto en los puntos III.2. y III.3. del voto inaugural del Acuerdo.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que los planteos introducidos en el punto III.2, no reúnen los requisitos esenciales, y el tratado en el III.3. ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/10/2024 11:22:38 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/10/2024 09:46:20 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/10/2024 12:27:09 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2024 10:45:00 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/10/2024 08:35:05 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 28/10/2024 10:10:53 hs. bajo el número RR-1306-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia