Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132378
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la queja traída y dejar sin efecto, con el alcance aludido, la denegatoria del día 29 de abril de 2024 (arts. 292, CPCC y 89, Ley 15.057; y Ac. 4.068/2022; Resol. 24/20 y Resol. 1.840/24). Las costas se difieren para su oportunidad.
I. En el caso, el Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Pergamino hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por la señora Silvia Vanina Liotard y condenó a Fawaman S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización por despido y otros rubros de naturaleza laboral (v pronunciamiento de 20-III-2024).
II. Contra dicha decisión, la demandada, mediante su apoderado, interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escritos de 12-IV-2024), ocasión en que planteó la inconstitucionalidad del art. 56 de la ley 11.653, en cuanto exige el depósito en la cuenta de autos del capital de condena, con más sus intereses y las costas liquidadas, previo a recurrir. Además, denunció la imposibilidad de hacer frente a la mencionada erogación, a cuyo fin alegó sobre la desproporcionada magnitud entre la condena y los medios económicos para afrontarla, con cita del precedente "Troche Báez, Prostacio c. Salvador Olivadese e Hijos SRL", (sent. de 26-VIII-1997), ofreciendo prueba de su pretensión.
El a quo , a su turno, denegó las mencionadas impugnaciones. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con fundamento en la insuficiencia del monto para recurrir y el de nulidad, atento el incumplimiento de la carga contenida en el citado art. 56 de la ley 11.653 (v. resol. de 29-IV-2024), lo que motivó la presentación de la queja en tratamiento (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico de 9-V-2024).
En la vía de hecho deducida de modo directo ante esta sede, la interesada sostiene que el tribunal de grado, además de omitir expedirse en torno al planteo de invalidez constitucional de la mencionada norma ritual, tampoco sustanció la incidencia sustentada en la alegada imposibilidad de hacer frente a aquella manda legal, a los fines de acreditar la desproporcionada magnitud entre la carga y su posibilidad económica.
III. La queja prospera.
III. 1. De inicio, es dable recordar que, para el supuesto de sentencia condenatoria, el citado art. 56 de la ley 11.653 -aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario-, establece como carga ineludible para la admisibilidad de los remedios extraordinarios el depósito previo de capital, intereses y costas, cuya finalidad es la de asegurar al trabajador la posibilidad de hacer efectivo sin dilaciones su crédito, del que el fallo recurrido importa fuerte presunción favorable (causas L. 115.364, "Aristain", resol. de 26-X-2011; L. 118.053, "Acosta", resol. de 16-VII-2014; L. 120.689, "Pérez", resol. de 5-VII-2017; L. 122.188, "Taboada", resol. de 10-IV-2019; L. 125.810, "Tesei", resol. de 23-X-2020 y L. 124.679, "Argiz", resol. de 15-IV-2021; e.o.).
III.2. Asimismo, esta Corte ha sostenido el criterio de que dicho precepto no conculca derechos o garantías constitucionales, pues constituye, por su finalidad, una razonable medida precautoria prevista en salvaguarda del interés social comprometido y de la celeridad procesal, colocando al trabajador en condiciones de hacer efectivo sin dilaciones su crédito, del que la sentencia en embate constituye fuerte presunción favorable, sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio, toda vez que se impone de igual modo a todos los que se encuentran en las mismas circunstancias (cfr. doctr. causas L. 114.814, "Machuca", resol. del 13-VII-2011; L. 110.617, "Fonseca", resol. del 5-V-2010 y L. 130.470, "Pinilla", resol. de 15-IV-2024; e.o.).
Específicamente, en casos similares al presente, ha señalado que el derecho de defensa en juicio sólo exige que se oiga a las partes en la forma y oportunidad prescriptas por la ley, y su ejercicio puede ser reglamentado por las normas de procedimiento a fin de hacerlo compatible con el análogo de los demás litigantes y con el interés social de obtener una garantía eficaz (cfr. doctr. causas L. 116.373, "Dib", resol. del 27-VI-2012; L. 112.751, "Carballo", resol. del 10-XI-2010; L. 110.368, "Udje", resol. del 19-V-2010 y L. 130.470, cit.; e.o.).
También, cabe recordar que ha dicho que la obligatoriedad de la doble instancia judicial prevista en el art. 8 apartado 2 inc. "h" de la Convención Americana de Derechos Humanos está establecida como tal exclusivamente para el proceso penal, por lo que no puede ser extendida a los litigios laborales (causas L. 114.953, "Ledesma", resol. de 7-IX-2011; L. 106.055, "Pellejero", sent. de 14-XII-2011; L 123.048, "Toledo", resol. de 19-XI-2019 y L. 131.519, "Araujo", resol. de 6-XII-2023; e.o.).
III.3. Despejado ello, sabido es que esta Corte ha dicho, respecto de lo regulado en la norma procesal aludida, que la desproporcionada magnitud del monto con relación a la capacidad económica del impugnante y la falta comprobada e inculpable de los medios para afrontar dichas erogaciones, constituyen supuestos de excepción al mencionado dispositivo normativo (causas CSJN, "Troche Báez, Prostacio c/ Olivadese e Hijos S.R.L., Salvador", agosto, 26-1997; Ac. 101.291, "Nierez Duarte", resol. de 31-X-2007; Ac. 103.263, "Godoy", resol. de 16-IV-2008 y Ac. 103.497, "Porciuncula González", resol. de 3-IX-2008).
Así, el principio general que marca aquella norma ritual puede sufrir excepciones cuando el atacante demuestra cabalmente y sin ninguna hesitación la imposibilidad para efectuar el depósito de marras (causas Ac. 104.299, "Gómez", resol. de 8-X-2008; Ac. 103.497, cit. y L. 125.804, "Cattaneo", resol. de 26-V-2021).
IV.2. Ahora bien, habiendo -en el caso- la recurrente alegado verse impedida de efectivizar la carga procesal impuesta en la citada norma y ofrecido prueba para demostrarlo (v. págs. 2 y 3 del escrito de 12 de abril de 2024), y siendo que el a quo rechazó in limine la petición, soslayando sustanciar la prueba tendiente a acreditar la alegada imposibilidad según establece la doctrina legal de esta Corte, al no abrir a prueba el incidente (causas Ac. 94.115 "Maidana", res. de 9-VIII-2006; L. 105.908 "Bernardello", res. de 30-IX-2009; L. 111.240 "Cadorini Zampini", res. de 22-IX-2010; L. 116.373 "Dib", res. de 27-VI-2012; L. 118.891 "Palomeque", res. de 21-X-2015; entre otras muchas), corresponde -en este aspecto- hacer lugar a la queja traída, dejar sin efecto la denegatoria del recurso extraordinario articulado -a la que se arribó por conducto del yerro en la decisión vinculada al recaudo previsto en la citada norma procesal-, y devolver los autos al órgano de grado para que, nuevamente integrado, sustancie la prueba y decida, en consecuencia, lo que corresponda (causa L. 120.086, "Magallanes", resol. de 13-X-2016).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar a la queja traída y dejar sin efecto, con el alcance aludido, la denegatoria del día 29 de abril de 2024 (arts. 292, CPCC y 89, Ley 15.057; y Ac. 4.068/2022; Resol. 24/20 y Resol. 1.840/24). Las costas se difieren para su oportunidad.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y vuelvan los autos al tribunal de origen para que obre de conformidad con lo decidido.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/10/2024 20:19:52 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 31/10/2024 14:08:19 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/11/2024 11:10:16 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/11/2024 15:23:05 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/11/2024 08:48:44 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/11/2024 13:05:45 hs. bajo el número RR-1391-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia