Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132015
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de nulidad, atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Soria y Torres y la señora Jueza doctora Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Matanza hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Jorge Luis Rey y, en consecuencia, condenó a Atlántida Ruta S.R.L. a pagar la suma que especificó en concepto de indemnización por despido y otros rubros de linaje laboral. Asimismo, sobre el capital de condena dispuso adicionar intereses en el modo que especificó (v. pronunciamiento de fecha 14-VII-2023).
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación de 14-VIII-2023), los que fueron concedidos por el a quo (v. resols. de 19-XII-2023 y 27-VIII-2024), habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen de fecha22-X-2024).
III.1. En el primero de los remedios intentados, la impugnante, con denuncia de violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución local, alega que el sentenciante de grado incurrió en omisión de cuestiones que juzga esenciales para arribar a la correcta resolución del pleito.
En ese carácter, menciona las defensas planteadas por su parte al responder la acción incoada en su contra, referidas a la configuración de una simulación ilícita entre las partes, la transgresión de la doctrina de los actos propios y la vinculada a que los certificados previstos en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo siempre se encontraron a disposición del actor, quien jamás concurrió a retirarlos.
III.2. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
III.2.a. En principio, corresponde recordar que el remedio extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. prov.; causas L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018; L. 125.420, "Avit", resol. de 6-XI-2020; L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021; L. 128.677, "Martín", resol. de 13-VII-2022 y L. 129.832, "Cañueto", resol. de 4-X-2023).
III.2.b. Sin perjuicio de otras consideraciones que pudieran formularse, lo cierto es que, bajo el reproche de la supuesta omisión de cuestiones esenciales, la interesada intenta cuestionar el acierto de la decisión arribada en el pronunciamiento de origen, cuyos fundamentos busca conmover mediante la descalificación de la labor axiológica desplegada por los jueces en torno a la forma en que las cuestiones fueron resueltas, típicos vicios de juzgamiento cuyo tratamiento excede el limitado marco de conocimiento del recurso extraordinario de nulidad (causas L.120.774, "Mansilla", sent. del 4-IX-2019; L. 120.924, "Cipolla", sent. del 6-X-2020; L. 128.000, "Flores", resol. de 19-IX-2022 y L. 129.696, "Perez", resol. de 10-V-2023).
En tal sentido, dable es recordar que la omisión de cuestiones esenciales que genera la nulidad del pronunciamiento es aquélla referida a la ausencia de tratamiento de los asuntos que estructuran la traba de la litis y el esquema jurídico que la sentencia debe necesariamente atender para su validez (causas L. 124.758, "País", resol. de 16-X-2020 y L. 127.837, "Monrroy", resol. de 7-III-2022), no revistiendo tal carácter los argumentos introducidos por las partes en apoyo de sus pretensiones (causas L. 121.897, "Do Santos", resol. de 13-II-2019; L. 122.633, "Caputo", resol. de 29-V-2019; L. 124.856, "Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo y de Mercados Particulares de la República Argentina", resol. de 22-X-2020 y L. 129.182, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 14-III-2023).
III.3. Finalmente, y aun cuando la recurrente no brinda argumentos que respalden tal denuncia, no se observa transgredido el art. 171 de la Constitución provincial, desde que dicho precepto constitucional sólo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica de suerte que aquél aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 118.979, "Marquez", sent. de 21-IX-2016; L. 125.493, "Razquin", resol. de 30-XI-2020; L. 126.646, "Verdugo", resol. de 17-VIII-2021 y L. 129.475, "Toth", resol. de 8-V-2023), hipótesis que no concurre en el pronunciamiento atacado.
IV. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, invoca cuestión federal, alega absurdo, gravedad institucional, denuncia violación del principio de congruencia y de la doctrina legal que cita.
En lo esencial, se agravia de la condena a abonar intereses, toda vez que -a su criterio- dicho concepto no integró la pretensión del actor.
IV.2. Liminarmente, debe señalarse que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -representado por el importe proveniente del cálculo de los intereses que fijó el a quo sobre el capital de condena-, no excede el monto mínimo fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, aplicable al momento de la interposición del remedio procesal (causa L. 123.801, "Montovio", resol. de 20-V-2020; L. 129.471, "Silva", resol. de 29-XI-2022 y L. 129.900, "Peñalva", resol. de 27-VI-2023).
Luego, y a propósito de los argumentos desplegados por la impugnante en su presentación, se impone señalar que no se encuentra involucrada -como denuncia- una cuestión de naturaleza federal que autorice el conocimiento de la impugnación sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la CSJN in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478). Tampoco las genéricas manifestaciones que aluden a la eventual configuración de un supuesto de gravedad institucional o la definición sobre el derecho de fondo aplicable, así efectuadas, lucen hábiles para que el recurso se analice en su más amplio marco de revisión.
En consecuencia, la función revisora de la Suprema Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha fijado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 123.296, "González", resol de 15-II-2023).
IV.3. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que, por un lado, los precedentes que se denuncian transgredidos han sido elaborados sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 121.303, "Vargas", sent. de 12-II-2020; L. 122.771, "Pécora", sent. de 11-V-2021; L. 119.962, "Laurenzo", sent. de 27-VI-2023) y, por otro, sabido es, que respecto a la denuncia de violación de doctrina legal vinculada al principio de congruencia esta Corte tiene dicho que su examen se encuentra marginado de la instancia extraordinaria en el marco de la excepción del art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 enunciada (causas L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020; L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021; L. 128.276, "Casco", resol. de 29-XI-2022 y L. 129.117, "García", resol. de 10-V-2023).
A lo expuesto cabe añadir que tampoco resultan hábiles para justificar la revisión casatoria en el acotado marco de revisión por el que transita el recurso, las citas de doctrina definitorias del vicio de absurdo (L. 125.045, "Almeida", resol. de 14-XII-2020; L. 127.872, "Machado", resol. de 10-II-2022; L. 130.270, "Díaz", resol. de 7-IX-2023 y L. 130.810, "Méndez", resol. de 4-X-2023).
Para más, corresponde recordar que no constituye doctrina legal, en los términos señalados, la que deriva de la opinión de los autores o de los fallos de otros tribunales de justicia (causas L. 121.514, "Pardo", resol. de 26-IX-2018; L. 125.472, "Ávila", resol. de 12-II-2021; L. 126.551, "Arias", resol. de 4-III-2021 y L. 130.081, "Torres", resol. de 27-III-2023).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar que, en lo concerniente a la denunciada violación del principio de congruencia, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005 y L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 125.904, "Almada", resol. de 1-IX-2021; L. 124.100, "Goncalves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/11/2024 14:27:36 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/11/2024 10:23:02 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/11/2024 09:53:22 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/11/2024 15:26:03 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/11/2024 08:50:48 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/11/2024 13:06:48 hs. bajo el número RR-1414-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia