Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132024
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal del Trabajo N° 2 del Departamento Judicial San Isidro, con asiento en dicha ciudad, en lo que interesa destacar, hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por el señor Néstor Ismael Ojeda, condenando a PSE Logística S.R.L. a pagar la suma que especificó en concepto de la multa prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. pronunciamiento de 23-XII-2022).
Para así decidir, tras analizar las constancias de la causa, valoró que el actor intimó fehacientemente a su empleador a que le fueran entregados los certificados e instrumentos a los que alude el mencionado art. 80 de la ley 20.744, no obteniendo respuesta favorable a su reclamo. Señaló, además, que no fue suficiente la simple puesta a disposición de aquella documentación, como así tampoco su entrega tardía.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escrito de 9-II-2023), los que fueron concedidos por el a quo (v. resoluciones de 7-VI-2023 y 14-V-2024).
III.1. En la vía extraordinaria de nulidad (v. apartado VIII del escrito recursivo), con denuncia de violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución local, la interesada alega que la sentencia carece de fundamentación al decidir apartándose de los argumentos defensivos opuestos por su parte en la contestación de demanda.
III.2. El recurso no prospera.
III.2.a. Sabido es, que la vía prevista en el art. 161 apartado 3 inc. "b" de la Constitución provincial, únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. cit.; causas L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020; L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021; L. 129.595, "Palenzona", resol. de 10-IV-2023 y L. 130.716, "Pereyra", resol. de 15-IV-2024).
III.2.b. Desde esa perspectiva, las infracciones invocadas por la compareciente no se compadecen con las causales taxativamente definidas en la Constitución local para habilitar la vía intentada.
Ello así pues el reproche que formula el recurrente se orienta a objetar el modo en que el tribunal resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el análisis a la imputación de eventuales errores de juzgamiento, materia propia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y ajena como tal, a la vía impugnativa intentada (causas L. 120.384, "Rocha", sent. de 19-II-2020; L. 120.924, "Cipolla", sent. de 6-X-2020 y L. 129.167, "Scalise", sent. de 29-V-2024).
Más precisamente, cabe recordar que esta Corte tiene dicho reiteradamente que las alegaciones relativas a la apreciación del material probatorio, las dirigidas a controvertir la interpretación de los escritos constitutivos del proceso y la distribución de la carga de la prueba son ajenas al ámbito del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 120.300, "Antognoli", sent. de 13-X-2020; L. 122.558, "Trápani", sent. de 17-XI-2021; L. 127.067, "Splett", sent. de 4-X-2023 y L. 131.874, "Constanzo", resol. de 27-IX-2024).
III.2.c. Finalmente, es dable destacar que lo que el art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires sanciona con la nulidad la ausencia de base legal de las decisiones judiciales, más no su incorrecta, desacertada o deficiente fundamentación, cuyo estudio resulta ajeno al remedio intentado, siendo inherente al de inaplicabilidad de ley (causas L. 106.708, "Severino", sent. de 12-VI-2013; L. 117.190, "Almada", sent. de 17-IX-2014; L. 118.619, "Praxair", resol. de 29-IV-2015; L. 120.845, "SATA Argentina S.A.", resol. de 18-IV-2018 y L. 125.657, "Durand", resol. de 2-III-2021; L. 129.402, "Gallo", resol. de 6-XII-2023 y L. 131.885, "Cabano", resol. de 20-IX-2024).
En el caso, no se encuentra vulnerada aquella cláusula constitucional denunciada, habida cuenta que la simple lectura del fallo en crisis demuestra que el mismo se encuentra basado en el texto expreso de la ley, no correspondiendo examinar lo atinente a la incorrección, desacierto o deficiencia en su fundamentación, toda vez que ello se encuentra detraído del acotado marco de actuación del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 90.030, "Romano", sent. de 13-II-2008; L. 122.000, "Devincentti", resol. de 26-XII-2018; L. 124.195, "Gómez", resol. de 2-X-2020; L. 129.219, "Barbuto", resol. de 5-XII-2022 y L. 130.202, "Jordan", resol. de 1-XI-2023; e.o).
IV.1. En el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley, la recurrente se agravia de que el tribunal de origen hubiera hecho lugar a la multa prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
En ese sentido, manifiesta que existe una cláusula de compensación en el acuerdo rescisorio al que arribaron las partes donde se dejó expresa constancia de que dicha indemnización se encontraba incorporada a la suma que le fue abonada al trabajador. Asimismo, alega que en dicho instrumento se dejó sentado que nada más tenía por reclamar.
IV.2. Luego, para el hipotético caso de que no prospere el agravio traído, plantea -en subsidio- que la suma de condena resulta errada.
IV.3. Por último, impugna la tasa de interés aplicada por el juzgador de grado, tanto en lo que respecta a los moratorios, como también los establecidos para el supuesto de incumplimiento de la sentencia.
IV.4. El presente recurso tampoco prospera.
IV.4.a. De manera liminar, cabe destacar que el valor del litigio, representado por el capital de condena, no supera el límite establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual el tratamiento del recurso deducido sólo podrá justificarse en el estricto marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario.
De suyo, entonces, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023 y L. 131.809, "Girardi", resol. de 20-IX-2024).
IV.4.b. Bajo las señaladas premisas, y sin perjuicio de otras consideraciones, respecto del reproche dirigido a cuestionar la multa prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, no se verifica la concurrencia de aquel supuesto descripto que justifique su encuadre en la citada norma adjetiva, desde que la doctrina legal que se invoca como transgredida -además de haber sido elaborada sobre presupuestos fácticos disímiles a los del caso en juzgamiento- se halla relacionada a cuestiones fácticas y probatorias, resultando, en consecuencia, inhábil a los fines de abrir la competencia revisora por el estrecho marco cognitivo ut supra referido (causas L. 125.234, Moccio, resol. de 9-XII-2020; L. 126.474, "Díaz", resol. de 28-V-2021; L. 128.577, "Edgardo", resol. del 7-VI-2022 y L. 130.271, "Ramón", resol. de 20-VIII-2024).
Asimismo, cabe señalar que reiteradamente ha declarado esta Corte que las doctrinas referidas al vicio de absurdo no resultan idóneas a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art. 55 de la ley ritual (causas L. 116.942, "Novelli", sent. de 28-X-2015; L. 119.427, "De Santo", sent. de 21-II-2018; L. 120.430, "González", sent. de 2-V-2019; L. 124.463, "Gamero", resol. de 14-VII-2020; L. 125.418, "Marín", resol. de 12-II-2021 y L. 129.265, "Rodríguez", resol. de 3-XI-2022; L. 131.821, "Mendez", resol. de 20-VIII-2024).
IV.4.c. Posteriormente, respecto de la objeción vinculada con el quantum indemnizatorio, no se observa el supuesto de excepción previsto en el art. 55 de la ley 11.653, desde que la quejosa no denuncia doctrina legal vinculada con la crítica que formula, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 125.162, "Navarro", resol. de 12-II-2021; L. 128.489, "Domínguez", resol. de 29-VI-2022 y L. 129.683, "Aguiar", resol. de 10-IV-2023).
Por su parte, corresponde recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020; L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023 y L. 132.121, "Benitez", resol. de 27-IX-2024).
IV.4.d. En cuanto al planteo en torno a la tasa de interés que hubo de aplicar el tribunal de grado al capital de condena, tampoco se verifica configurado el presupuesto de excepción para habilitar la instancia extraordinaria, toda vez que el único sumario de doctrina que la quejosa denuncia transgredido (v. págs. 11 -in fine- y 12 del recurso) fue justamente el que aplicó el sentenciante como fundamento de su decisión para decretar la inconstitucionalidad de la ley 14.399 (v. pág. 15 de la sentencia).
Finalmente, el reproche vinculado a los accesorios fijados para el caso de incumplimiento de la manda judicial también debe ser desestimado. Ello así, dado que la recurrente no cita transgredida doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por conducto de este excepcional carril de impugnación (causas L. 120.087, "Gorosito", resol. de 21-XII-2016; L. 122.906, "Valentini", resol. de 11-III-2020; L. 125.162, "Navarro", resol. de 12-II-2021; L. 127.398, "Rizzo, resol. de 27-II-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/11/2024 14:01:55 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/11/2024 10:20:31 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/11/2024 15:50:05 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/11/2024 15:24:44 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/11/2024 08:54:01 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/11/2024 13:08:47 hs. bajo el número RR-1455-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia