Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130386
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.386, "Villalba, Carlos Alberto c/ Morán, Nazareno y otros s/ Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de fecha 29-XII-2022).
Se interpuso, por la codemandada Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 20-II-2023).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal interviniente -en lo que interesa destacar por ser materia de agravio- declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (texto anterior a la ley 27.348) y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a pagarle a Carlos Alberto Villalba la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de dicha ley, más la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la ley 26.773, como consecuencia de las secuelas incapacitantes derivadas del accidente de trabajo que protagonizó el día 11 de mayo de 2016.
Para así decidir, tuvo por acreditado en el veredicto, a partir de las conclusiones establecidas en el informe pericial médico, que en razón del infortunio referido el actor padece una incapacidad definitiva parcial del 32,24% de la total obrera (v. vered., pág. 3). También estimó comprobado que en la fecha indicada -en la cual localizó la primera manifestación invalidante- devengaba un ingreso base mensual (IBM) de $13.330, mientras que con arreglo a la escala salarial vigente del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 231/94, al mes de diciembre de 2022 el salario mínimo correspondiente a su categoría (medio oficial) ascendía a $109.175 (v. vered., págs. 4 y 5).
Luego, en la sentencia, al momento de cuantificar las prestaciones referidas concluyó que, al mediar una diferencia notable entre los montos señalados, el art. 12 de la ley 24.557 (texto anterior a la ley 27.348) devenía -en el caso- inconstitucional porque ordenaba calcular el resarcimiento con arreglo a un guarismo depreciado. En consecuencia, dispuso computar como base salarial el último importe mencionado, pues representaba "el valor actual del salario devengado por el trabajador accidentado". Citó los arts. 14 bis, 17 y 75 incs. 22 y 23 de la Constitución nacional; 39 inc. 3 de la Constitución provincial y 165 del Código Procesal Civil y Comercial (v. sent., págs. 5/14).
Finalmente, ordenó aplicar intereses moratorios del siguiente modo: i) al capital -por el accidente de trabajo- desde el 11 de mayo 2016 hasta el 13 de marzo 2017 (fecha en que se notificó la demanda a la primera codemandada) una tasa del 6% anual; ii) luego, a la suma de ambos montos capitalizados, desde el 14 de marzo 2018 hasta el 27 de diciembre 2022, la misma tasa; y finalmente, iii) al importe global, nuevamente capitalizado, desde el 28 de diciembre 2022 hasta el efectivo pago, la tasa activa del Banco de la Nación Argentina (arts. 7, 768 y 770, Cód. Civ. y Com. y 12 inc. 3, ley 24.557; v. sent. págs. 21/26 y 28).
II. La codemandada Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 16, 17, 18, 19, 28 y 33 de la Constitución nacional; 770 del Código Civil y Comercial; 12 de la ley 24.557; 8 y 17 de la ley 26.773; 44 inc. "d" de la ley 11.653; 17 del decreto 472/14; y del decreto 659/96; así como la violación de la doctrina legal que identifica (v. presentación electrónica de fecha 20-II-2023).
II.1. Se agravia porque el tribunal de grado declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (texto anterior a la ley 27.348) y calculó el ingreso base mensual considerando la escala salarial vigente a la fecha de la sentencia. Afirma que debió considerarse el monto de $13.330, correspondiente al ingreso base mensual devengado en la fecha de la primera manifestación invalidante, que fue acreditado en la pericia contable y consentido por las partes.
Alega que, al momento de producirse el daño, quedaron definitivamente consolidados y adquiridos derechos que se han vulnerado en la sentencia. Aduce que la declaración de inconstitucionalidad de una norma no puede fundarse en una mera conveniencia económica, ni tampoco en afirmaciones dogmáticas.
Añade que dicho pronunciamiento, al tener en cuenta implícitamente la desvalorización del salario durante el tiempo que demandó la determinación de la incapacidad, se apartó de lo dispuesto por los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, en la medida que el objetivo evidente fue mantener el poder adquisitivo.
Entiende que la estimación del monto definitivo de la condena revela una ostensible carencia de proporcionalidad entre el sistema de reparación general y el especial diseñado por la ley 24.557 para accidentes laborales.
II.2. Cuestiona los intereses y el modo que se dispuso su liquidación. Se opone a la utilización de una tasa pura del 6% anual desde la fecha del accidente hasta la de notificación de la demanda, y que luego sobre el monto capitalizado se aplique nuevamente la misma alícuota.
Asegura que esa forma de cálculo no solo no está prevista en ninguna normativa, sino que, por el contrario, produce el anatocismo prohibido por la ley vigente. También, que la capitalización de intereses afecta su derecho de defensa en juicio ya que no fue planteada en la demanda ni tuvo la posibilidad de discutirla, a más que provoca un incremento desproporcionado del monto de la condena.
II.3. Finalmente, impugna el porcentaje de incapacidad que estableció el a quo en el veredicto, por haber sumado en forma lineal el factor de ponderación "edad" a la "incapacidad física". Expresa que el tribunal incurrió en absurdo puesto que se apartó de la pericia médica y de lo dispuesto por el decreto 659/96.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Por un lado, por su insuficiencia técnica debe ser desestimada la impugnación a la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (texto anterior a la ley 27.348).
III.1.a. Ello así, pues el órgano judicial de grado tuvo por acreditado en el fallo de los hechos que, en la fecha de la primera manifestación invalidante, el señor Villalba devengaba un ingreso base mensual de $13.330, mientras que, en el mes de diciembre de 2022, de acuerdo a la escala salarial vigente del CCT 231/94, el salario mínimo correspondiente a su categoría ascendía a $109.175 (v. vered., págs. 4/5).
Ya en la sentencia, al momento de calcular el importe de las prestaciones dinerarias referidas, a finales del año 2022, el tribunal de origen señaló que no podía desconocer la injusticia que conllevaría determinar su valor con arreglo a las pautas vigentes en el año 2016. Consideró entonces que, por efecto de la sustancial modificación de los contextos económicos en el extenso período de tiempo que transcurrió entre uno y otro hito (6 años y 7 meses), cuantificar las indemnizaciones de aquel modo produciría -como efecto- la pulverización del crédito al que resultaba acreedor el actor, ocasionando una confiscación que implicaría la vulneración del derecho de propiedad del reclamante, además del principio de justicia social (arts. 17 y 75 inc. 23, Const. nac. y 39 inc. 3, Const. prov.).
En ese sentido, destacó que, precisamente durante el período indicado, para evitar que los trabajadores y sus derechohabientes percibieran reparaciones despreciadas, el Estado había reformado en dos oportunidades el sistema de riesgos del trabajo (en 2017 y en 2019), dictando sucesivas normas que -sostuvo- mejoraron el importe de las prestaciones y establecieron mecanismos de ajuste en su forma de cálculo (conf. art. 11, ley 27.348 y dec. 669/19).
Así, con fundamento en los arts. 17, 75 incs. 22 y 23 de la Constitución nacional y 39 inc. 3 de la provincial, declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (texto previo a la ley 27.348), con el fin de asegurar al accionante la percepción de la indemnización sistémica en términos justos.
Seguidamente, expuso otras razones por las cuales consideró que correspondía descalificar su validez constitucional.
Por un lado, dijo que, si entre las fechas señaladas existió una evolución salarial considerable, no resultaba justo ni razonable que en este caso la tarifa se calculase con un salario depreciado, pues en tal supuesto la indemnización dejaría de cumplir adecuadamente con su función de resarcir en términos completos la pérdida de capacidad de ganancia de la víctima, por lo que la norma en cuestión entraría en franca contradicción con la doctrina sentada por la Corte Suprema de la Nación en el caso "Ascua" (sent. de 10-VIII-2010).
Luego, indicó que la obligación de pagar la indemnización por accidente de trabajo resulta conceptualmente una deuda de valor, no de dinero, razón por la cual no es posible observar impedimento jurídico alguno para calcular su importe con arreglo a pautas vigentes al momento en que se fija la indemnización, pues lo adeudado por la demandada no constituyó nunca una suma de dinero, sino una prestación que podía ser cuantificada en dinero a la fecha de su determinación.
En aval de lo expresado, con cita de lo establecido por esta Suprema Corte en la causa L. 119.914, "Aguiar" (sent. de 22-VI-2020), declaró que las indemnizaciones integrales fundadas en los presupuestos de la responsabilidad civil y derivadas de daños provocados por infortunios laborales debían ser cuantificadas a valores actuales, por lo que idéntico proceder podía llevarse a cabo con las pretensiones sistémicas que procuran semejante objeto en resguardo del mismo bien jurídico protegido: la indemnidad psicofísica del trabajador.
En suma, juzgó que correspondía declarar la inconstitucionalidad mencionada y computar como base salarial el importe de $109.175, que representaba el valor del salario que percibiría el señor Villalba a la época del pronunciamiento (conf. arts. 14 bis, 17 y 75 incs. 22 y 23, Const. nac.; 39 inc. 3, Const. prov.; 165, CPCC; v. sent., págs. 5/14).
III.1.b. Pues bien, a la luz de tales fundamentos, la crítica que ensaya la recurrente se muestra insuficiente para conmover la decisión objetada, desde que no rebate todas las razones que condujeron al tribunal de grado a resolver este aspecto de la controversia.
En efecto, la interesada plantea reproches como (i) la desatención del monto correspondiente al ingreso base mensual devengado en la fecha de la primera manifestación invalidante, (ii) la violación de las conclusiones establecidas en la experticia contable, (iii) la infracción a la pretendida consolidación de derechos en aquel momento, y (iv) la falta de alcance y proporcionalidad que entiende debe mediar entre los distintos sistemas indemnizatorios -por responsabilidad civil y por el régimen especial de la ley 24.557 (v. escrito electrónico de fecha 20-II-2023, págs. 11/14)-, pero no se hace cargo de objetar -como era menester- los argumentos expresados por el tribunal de la instancia de grado para dar fundamento a su decisión.
Surge clara entonces la deficiencia técnica del embate, habida cuenta de que, conforme la doctrina legal de este Superior Tribunal, resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que denota un desencuentro con los argumentos del decisorio apelado, evidenciando un ataque parcial a los fundamentos del fallo y soslayando la referencia a otros que, siendo esenciales por sí mismos, otorgan a aquel debido sustento (conf. doctr. art. 279, CPCC y causas L. 119.085, "Olguín", sent. de 30-VIII-2021; L. 124.447, "Taulamet", sent. de 7-IV-2022; L. 127.198, "Nitsch", sent. de 23-XI-2023; e.o.).
III.1.c. Por lo demás, no puede atribuirse entidad de agravio a la aislada manifestación que formula la quejosa sobre el supuesto apartamiento que atribuye al tribunal de grado de lo dispuesto por los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (v. presentación electrónica de fecha 20-II-2023, pág. 12), toda vez que dicha afirmación carece del necesario desarrollo argumental que dé cuenta del modo en que dicha violación se produciría en este caso de cara al contenido del pronunciamiento cuestionado, teniendo en cuenta la calificación que realiza del tipo de obligación cuyo resarcimiento dispone (conf. doctr. art. 279, CPCC y causas L. 116.975, "Kilimik", sent. de 27-VIII-2014; L. 123.291, "Longo", sent. de 30-VIII-2021; L. 127.849, "Tumini", sent. de 27-III-2023; e.o.).
III.2. Por otro lado, tampoco resulta atendible el cuestionamiento dirigido a desvirtuar el porcentaje de incapacidad que se tuvo por acreditado en el veredicto.
Al respecto, tiene dicho esta Suprema Corte que determinar la existencia -o no- de la incapacidad que padece el trabajador, como establecer el grado de la minusvalía que lo afecta, o en concreto, ponderar la pericia médica, constituyen facultades privativas de los jueces de grado y ajenas -por regla- a la casación, salvo que se demuestre la existencia de absurdo (causas L. 111.029, "R., L. P.", sent. de 20-III-2013; L. 121.460, "Guerra", sent. de 31-VIII-2020; L. 127.797, "Llanos", sent. de 14-XII-2023; e.o.).
En esa línea, ha establecido -asimismo- que la tarea de adjudicar a la pericia médica la eficacia probatoria pertinente también constituye una atribución privativa de los jueces de grado, quienes se encuentran autorizados a apartarse de aquella cuando ese apartamiento responde a motivos sustentados en un criterio razonable y científicamente fundado (causas L. 105.288, "Barbuto", sent. de 6-VI-2012; L. 87.470, "C., M", sent. de 26-XII-2007; e.o.).
En el caso, la impugnación no consigue demostrar la configuración del mentado error valorativo, ni tampoco que el fallo objetado resulte contrario al procedimiento que el decreto 659/96 establece para computar el factor de ponderación vinculado con la edad del trabajador.
El apartamiento del porcentaje de minusvalía fijado en la pericia aportada por el galeno interviniente -determinado por la disminución de la capacidad laborativa del trabajador y sus factores de ponderación- se advierte justificado en cuanto el órgano de grado dijo que "añadiéndolos en forma correcta" se arriba a la incapacidad global del 32,24% de la total obrera (a diferencia del 30,74% de la total obrera dictaminado por el perito médico), pues -indica- el porcentual de la edad debe ser computado en forma lineal (lo que no había realizado el experto).
Es lo cierto que, a la hora de incorporar el factor de ponderación "edad" para la determinación de la incapacidad resultante de un infortunio laboral, este debe sumarse a los otros dos, es decir, al tipo de actividad y la recalificación, tal y como lo hizo el tribunal de grado. En efecto, se establece que el grado de incapacidad laboral permanente debe ser el resultado de la aplicación de las tablas de evaluación de incapacidades laborales y de los factores de ponderación que permitan establecer diferencias caso a caso. En dicho marco, la edad del trabajador siniestrado constituye un factor de ponderación perfectamente determinable y no necesita de ninguna variable adicional a los fines de ser incorporado a la ecuación; por lo que una vez determinados los valores de cada uno de los factores de ponderación previstos en el art. 8 inc. 3 in fine de la ley 24.557, estos han de sumarse entre sí, determinando un valor único (porcentaje) en el que se ha de incrementar el valor que surja de la evaluación de incapacidad funcional (conf. art. 8 inc.3, ley cit. y factores de ponderación, decreto 659/96).
En estas condiciones, a la hora de evaluar si la decisión de origen es portadora de un vicio caracterizador de la doctrina legal del absurdo, el razonamiento del juzgador de grado exhibe suficiente sustento, sin que contra este el quejoso haya indicado -más allá de la invocación del yerro indicado- cuál resultaría ser, a su criterio, el método de cómputo de los factores de ponderación correcto y alternativo al actuado por el tribunal, circunstancia que culmina por poner en evidencia la insuficiencia de su embate (art. 279, CPCC).
Es que para acreditar la referida anomalía no basta con invocarla, sino que es menester demostrarla a través de una correcta y concreta fundamentación, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido solo se dirige a disputarle a los magistrados del trabajo el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y valoración de la prueba (causas L. 123.271, "Argüello", sent. de 6-XII-2021; L. 127.198, "Nitsch", sent. de 23-XI-2023; L. 129.635, "Carabetta", sent. de 3-VI-2024; e.o.).
III.3. Igual suerte adversa ha de correr la objeción formulada respecto del cómputo de los intereses y la tasa empleada en la sentencia.
Los planteos traídos no cumplen con las exigencias del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, no solamente porque carecen de la necesaria mención de la ley o de la doctrina que se reputa violada o erróneamente aplicada (solo exhiben una cita genérica de precedentes sin individualizar la doctrina que de cada uno de ellos podría extraerse; v. escrito electrónico de fecha 20-II-2023, pág. 15), sino porque, además, se desentienden del fundamento que expuso el juzgador al momento de determinar la forma de calcular los intereses moratorios, esto es, que no podía ignorar que en el caso se había establecido el importe de los créditos a valores actuales (v. sent., pág. 21).
Precisó entonces que no podía aplicarse una tasa de interés bancaria, sino que debía emplearse el denominado interés puro a fin de evitar distorsiones en el cálculo y determinación del crédito. Adunó que lo contrario implicaría actualizar dos veces el importe: una, por conducto de cuantificar la indemnización a valores actuales; la otra, con la parte de la tasa bancaria orientada a compensar la depreciación del crédito. En este sentido, explicó los presupuestos sobre los que se había forjado la doctrina elaborada en el caso C. 121.134, "Nidera", sentencia de 3-V-2018 (v. sent., pág. 22).
Lo expuesto revela que la crítica bajo examen se aparta del razonamiento seguido en este pasaje del fallo censurado, y -de este modo- no constituye un embate directo y eficaz contra lo resuelto. Por ende, son aplicables las directrices de esta Corte que tachan de estéril al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite rebatir concreta, adecuada y eficazmente las conclusiones medulares del pronunciamiento de grado (causas L. 121.439, "Escobar", sent. de 31-VIII-2021; L. 120.086, "M., A. V.", sent. de 7-III-2022; L. 127.042, "L., M. L.", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
III.4. En definitiva, por las razones expuestas, lo decidido por el órgano judicial de origen no ha de modificarse.
IV. Por lo expuesto, propongo rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Soria y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria intervinien
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