Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132365
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y la señora Jueza doctora Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, decretó la caducidad de la instancia en la causa iniciada por el señor Diego Andrés Díaz contra I.A.D.A. S.A. en procura del cobro de los rubros indemnizatorios que reclamó (v. pronunciamiento de 7-III-2024).
II. Contra dicha decisión, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 15-III-2024), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de 3-IV-2024).
En su presentación, se agravia de la decisión del tribunal de grado que decretó la perención de la instancia. En ese orden, individualiza las normas y la doctrina legal que considera transgredidas en el pronunciamiento impugnado.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone observar que -en el caso- el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, representado por la suma reclamada en la demanda, no excede el monto mínimo para recurrir fijado por el artículo 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141 (causas L. 121.818, "Ponce", resol. de 10-IV-2019 y L. 126.094, "Cjumo", resol. de 16-VII-2021 y L. 130.390, "Gurfinchel", resol. de 1-VIII-2023), razón por la cual la admisibilidad de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla en el artículo 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario.
III.2. En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 117.033, "Sequeida", resol. de 5-IV-2013; L. 117.282, "Brizuela", resol. de 12-VI-2013; L. 118.129, "Arias", resol. de 16-VII-2014; L. 118.113, "Salgado", resol. de 20-XI-2014; L. 117.693, "Medina", sent. de 11-III-2015; L.125.098, "Leguizamón", cit. y L. 129.838, "Saavedra", resol. 17-IV-2023).
III.3.a. En este contexto, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, toda vez que la doctrina legal contenida en el escrito recursivo remite a una cuestión estrictamente procesal, como es la referida al instituto de la caducidad de la instancia, que -como tal- se halla detraída de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el citado precepto adjetivo (causas L. 121.582, "Cano", sent. de 5-IV-2018; L. 123.925, "Muñoz", resol. de 27-5-2020; L. 128.443, "Sosa", resol. de 29-VI-2022 y L. 131.603, "Guzmán", resol. de 29-VII-2024).
III.3.b. Finalmente, es dable recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia (causas L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 128.158, "Robaldo", resol. de 5-V-2022 y L. 130.396, "Espíndola", resol. de 4-XII-2023).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar que -respecto de lo expuesto en el apartado III.3.a.-, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021; L. 125.904, "Almada", resol. de 1-IX-2021 y L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/11/2024 15:28:37 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 29/11/2024 13:14:53 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/12/2024 20:00:26 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/12/2024 09:43:33 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/12/2024 12:59:53 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/12/2024 13:50:18 hs. bajo el número RR-1545-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia