Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132029
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad, de nulidad y de inaplicabilidad de ley deducidos, por encontrarse insuficientemente fundados (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, 298, 299, 300 y 303, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en la ciudad de Tres Arroyos, tras rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 56 de la ley 11.653 y el pedido de eximición del depósito previo dispuesto por el precepto legal de mención, denegó los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley que habían sido articulados por Julián Colonna contra el pronunciamiento de fecha 8 de marzo de 2023, mediante el cual se lo condenó a pagar a la señora Andrea Balbuena la suma que especificó en concepto de indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. resolución de fecha 7-XII-2023).
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado pasivo dedujo recursos extraordinarios de inconstitucionalidad, de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 28-XII-2023), los que fueron concedidos por el a quo (v. resol. 7-II-2024), habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen de fecha 7-X-2024).
III.1. En la vía extraordinaria de inconstitucionalidad, el recurrente afirma que los jueces de origen incurrieron en los vicios de absurdo y arbitrariedad al desestimar el pedido de inconstitucionalidad del artículo 56 de la ley 11.653, toda vez que su aplicación en el caso transgrede las garantías contenidas en los artículos 11, 15, 27 y 31 de la Constitución local.
III.2. De conformidad con lo dictaminado por el representante del Ministerio Público, el recurso no prospera.
III.3. En efecto, en infinidad de supuestos esta Suprema Corte ha dicho que el art. 56 de la ley 11.653 -aplicable a la fecha de la interposición del recurso extraordinario- no conculca derechos o garantías constitucionales, pues constituye por su finalidad una razonable medida precautoria prevista en salvaguardia del interés social comprometido y de la celeridad procesal, colocando al trabajador en condiciones de hacer efectivo sin dilaciones su crédito, del que la sentencia en embate constituye fuerte presunción favorable, sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio, toda vez que se impone de igual modo a todos los que se encuentran en las mismas condiciones (causas L. 110.617, "Fonseca", resol. de 5-V-2010; L. 114.814, "Machuca", resol. de 13-VII-2011; L. 117.975, "Olivera", resol. de 16-VII-2014; L. 120.464, "Olascoaga", resol. de 22-III-2017; L. 128.074, "Lescano", resol. de 17-XI-2021 y L. 131.713, "Guevara", resol. de 20-VIII-2024).
Específicamente, ha señalado que el derecho de defensa en juicio sólo exige que se oiga a las partes en la forma y oportunidad prescriptas por la ley y su ejercicio puede ser reglamentado por las normas de procedimiento a fin de hacerlo compatible con el análogo de los demás litigantes y con el interés social de obtener una garantía eficaz (causas L. 112.751, "Carballo", resol. de 10-XI-2010; L. 116.373, "Dib", resol. de 27-VI-2012; L. 117.966, "Pascual", resol. de 24-IX-2014 y L. 126.083, "Farfan", resol. de 22-VI-2021).
III.4. Los demás cuestionamientos dirigidos a objetar la decisión del tribunal laboral vinculada a la falta de demostración de la alegada imposibilidad económica para hacer frente al depósito de ley, resultan ajenos a la presente vía y propios de la de inaplicabilidad de ley.
IV. En relación a los recursos de nulidad e inaplicabilidad de ley deducidos, se impone señalar que los mismos no pueden ser abordados en atención a su fundamentación promiscua (arts. 279 y 296, CPCC y art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
IV.1. En efecto, esta Corte ha sostenido que son de tal manera distinta las fuentes de los medios de impugnación a que se refieren los artículos 279 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial que el hecho de pretender fundarlos en los mismos argumentos o entrelazándolos -salvo supuestos excepcionales que en el caso no concurren- es totalmente inadmisible (causas L. 121.456, "De los Santos", resol. de 8-VIII-2018; L. 125.694, "Mele", resol. de 22-X-2020 y L. 125.040, "López", resol. de 6-XI-2020; L. 129.135, "Marchionni", resol. de 27-II-2023; L. 130.436, "Moreno", resol. de 22-XII-2023 y L. 131.284, "Vismara", resol. de 27-VI-2024).
Siendo ello así, corresponde el rechazo de los embates cuya promiscuidad argumental genera una confusión en la que no es posible desentrañar dónde comienza o finaliza uno u otro (causas L. 124.372, "Carosella" y L. 124.343, "Piñero", resols. de 29-VI-2020; L. 124.841, "Rodríguez", resol. de 2-X-2020 y L. 128.934, "Cueto", resol. de 5-XII-2022 L. 130.389, "Melilli", resol. de 20-IX-2023), no resultando función de este Tribunal suplir esta clase de deficiencias.
Es que los recursos extraordinarios tienen exigencias técnico-formales propias, de insoslayable cumplimiento, que la Suprema Corte no puede dejar de lado pues, de lo contrario, se infringen las normas de carácter constitucional y legal que lo sustentan (arts. 161, Const. prov.; 279, 296 y 299 CPCC; causas L. 120.011, "Petal", resol. de 7-VIII-2016; L. 121.913, "Prego", resol. de 17-X-2018; L. 128.534, "Vivas", resol. de 19-IX-2022 y L. 130.865, "Ibalo", resol. de 23-XI-2023), motivos por los cuales deben desestimarse las mencionadas impugnaciones (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad, de nulidad y de inaplicabilidad de ley deducidos, por encontrarse insuficientemente fundados (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, 298, 299, 300 y 303, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/11/2024 15:28:24 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 29/11/2024 13:14:40 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/12/2024 20:00:21 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/12/2024 09:43:21 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/12/2024 12:59:47 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/12/2024 13:49:55 hs. bajo el número RR-1535-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia