Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132178
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Matanza hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por la señora Romina Lorena Fernández Romero condenando al Fisco de la Provincia de Buenos Aires al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización por incapacidad física laboral derivada de los accidentes de trabajo y enfermedad profesional en los términos de la ley 24.557, con más intereses fijados en la forma que estableció (v. vered. y sent. de fecha 23-VIII-2023).
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica del 8-IX-2023), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de fecha 6-XI-2023).
En primer lugar, con sustento en la denuncia de absurdo, se agravia del rechazo de la incapacidad psíquica reclamada.
En segundo término, impugna el ingreso mensual base que fijó el juzgador para calcular el importe indemnizatorio. En ese sentido, señala que debió aplicarse las pautas contenidas en decreto 669/2019.
III.1. Liminarmente, resulta prioritario destacar que la impugnante, al mencionar los requisitos de admisibilidad del remedio extraordinario intentado, no estableció cómo estaría representado el valor de lo cuestionado ni cuantificó su importe, incumpliendo de ese modo con la carga procesal de acreditar que el monto del litigio supera el umbral establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto conforme ley 14.141) para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 121.583, "Molina", resol. de 26-IX-2018; L.125.098, "Leguizamón", resol. de 22-II-2021 y L. 129.447, "Beron", resol. de 27-III-2023 y L. 131.085, "Ardanaz", resol. de 3-VI-2024).
III.2. En consecuencia, el tratamiento del carril intentado sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario.
De suyo, entonces, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023 y L. 130.155, "Alcaraz", resol. de 11-VII-2023; e.o.).
III.3. Realizado el examen conforme los lineamientos anteriormente enunciados, respecto al primero de los agravios, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado desde que, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, las principales críticas que porta el recurso remiten a cuestiones de hecho y prueba -tales como la determinación del porcentaje de incapacidad-, cuya definición es privativa del sentenciante de grado, y se encuentran detraídas de revisión en el acotado margen por el que transita el recurso (causas L. 125.485, "Morales", resol. de 4-II-2021; L. 125.912, "Melgar", resol. de 12-II-2021 y L. 128.819, "Farías", resol. de 9-VIII-2022 y L. 131.008, "Jara", resol. de 26-II-2024).
III.4. Luego, tampoco deben ser receptados los reproches y argumentaciones dirigidos a objetar el ingreso mensual base utilizado por el tribunal, desde que los precedentes de este Tribunal que se denuncian infringidos no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión, ni refieren a situaciones similares, atento su distinto contenido fáctico y jurídico (causas L. 122.320, "Beneyto", resol. de 19-XII-2018; L. 122.363, "Del Negro", resol. de 5-VI-2019; L. 125.499, "Cabrera", resol. de 16-VI-2020; L. 126.871, "Salvador", resol. de 17-VIII-2021 y L. 128.387, "Rocha", resol. 26-IV-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/12/2024 09:33:17 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/12/2024 12:30:52 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/12/2024 12:53:57 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/12/2024 08:46:03 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/12/2024 10:45:32 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 16/12/2024 14:21:15 hs. bajo el número RR-1580-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia